El Partido Popular de Cantabria termina su ‘annus horribilis’ totalmente dividido y fragmentado, más aún después de que este mismo viernes los críticos con la actual dirección del partido, autodenominados Lealtad Popular, se convirtieran en una asociación de carácter político que no descarta convertirse en un nuevo partido político.
La noticia no ha sido bien recibida por el Comité Ejecutivo Regional, que ese mismo día anunció que dará de baja del partido a Joaquín Solanas, fundador de Lealtad Popular, y que hará lo mismo con “todos” los afiliados que se sumen a esta asociación, ya que según afirmó en un comunicado la secretaria general, María José Sáenz Revuelta, unirse "a una asociación política supone la pérdida inmediata de la condición de afiliado".
Pero esta ha sido sólo la última discordancia del PP en Cantabria durante este año, en el que durante meses el sector crítico con la nueva dirección de María José Sáenz de Buruaga ha trasladado a los tribunales el Congreso en el que fue elegida y ha manifestado en reiteradas ocasiones las presuntas irregularidades en el proceso.
EL PRINCIPIO DEL FIN
Todo comenzó el 25 de marzo de 2017, cuando el Partido Popular de Cantabria celebró su duodécimo Congreso regional en el Palacio de Exposiciones de Santander.
En él, los compromisarios daban un vuelco a lo sucedido en las primarias del partido celebradas el 8 de marzo, en las que Ignacio Diego se impuso a Sáenz de Buruaga pero sin la suficiente ventaja para haber dejado ya resuelta la Presidencia, con lo que todo quedaba pendiente de la decisión de los compromisarios de ese día.
Saénz de Buruaga se impuso a Ignacio Diego por tan sólo 4 votos
Finalmente, la hasta el momento secretaria general del PP de Cantabria arrebató el liderazgo del partido al que había sido su presidente durante 13 años, por tan sólo 4 votos.
De esta manera, culminaba un proceso en el que se habían vivido momentos tensos y declaraciones cruzadas, así como algunos enfrentamientos entre afines de uno y otro, muchos de ellos protagonizados a través de las redes sociales. Sin embargo, la disputa entre las distintas facciones de los ‘populares’ no había hecho más que comenzar.
Apenas 48 horas después de que María José Sáenz de Buruaga fuese elegida como nueva presidenta del PP de Cantabria, el proceso fue denunciado ante la Policía Nacional por uno de los 975 compromisarios del partido.
El motivo alegado por este compromisario son unas presuntas irregularidades en la votación que dio la victoria a Buruaga.
El denunciante aseguró que en el momento de ir a votar observó algunas de estas irregularidades, tales como que "han anotado a mano a dos personas que a su vez han votado", y que a su juicio carecían de acreditación como compromisarios.
De hecho, la elección del nuevo presidente de los ‘populares’ cántabros estuvo marcada por presuntas irregularidades antes incluso de que se celebraran las primarias el 8 de marzo, ya que ese mismo día se denunció ante la Guardia Civil una presunta compra de votos por parte de la candidatura de Sáenz de Buruaga para que 491 afiliados pudieran votar, si bien finalmente fue archivada al no ver la Justicia una debida justificación de la perpetración del delito.
A pesar de esta desestimación, la división interna se mantuvo hasta el punto de que unas 1.000 personas remitieron un documento a Génova en el que solicitaban una investigación de las irregularidades y en el que no reconocía la legitimidad de la actual dirección.
Entre ese millar de personas se encontraban “alcaldes y números uno del PP de cerca de 70 municipios de Cantabria”, es decir, más de la mitad de los 102 que tiene la Comunidad. Para la Dirección Nacional del partido, María José Sáenz de Buruaga era la presidenta del PP de Cantabria “a todos los efectos".
Sin embargo, los afines al expresidente del PP cántabro, autodenominados Lealtad Popular, no dieron por perdida la batalla y tras presentar el escrito en el que solicitaban a la dirección nacional que investigase el proceso, decidieron dar un paso más y demandar judicialmente al partido.
El juicio por estas presuntas irregularidades se celebrará el 15 de mayo de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, y en él declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes era discapacitado intelectual- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez.
Así lo decidió el titular del Juzgado en la vista previa celebrada en relación a dos demandas, una la presentada por los afines al exlíder del PP de Cantabria Ignacio Diego y otra interpuesta por tres afiliados del PP de Laredo.
La división interna del partido también ha estado presente en la actividad del Grupo Parlamentario
QUERELLA CRIMINAL
Por su parte, tres afiliados del PP de Cantabria presentaron en julio, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), una querella criminal contra la presidenta del partido; la secretaria autonómica, María José González Revuelta, y la gerente, Jesusa Sánchez, por irregularidades en el proceso congresual.
A la semana siguiente, la Sala desestimó la querella, al entender que los hechos descritos en la misma no son constitutivos de los delitos imputados.
BLOQUEO PARLAMENTARIO
Además de las disputas en los tribunales, la división interna del partido también ha estado presente en la actividad del Grupo Parlamentario.
María José Sáenz de Buruaga transmitía en mayo de este año al Comité Ejecutivo Regional el "bloqueo" al que, a su juicio, está siendo sometida por parte del grupo popular en el Parlamento de Cantabria, en el que la "mayoría" de sus miembros se oponen a que ella sea la portavoz, en sustitución de Eduardo Van den Eynde.
Así, nueve de los trece diputados ‘populares’ en el Parlamento de Cantabria se han mostrado opuestos al cambio de portavoz, manteniendo su ‘no’ a pesar de las advertencias de posibles expedientes disciplinarios.
Estos nueve diputados son el propio Van den Eynde, el expresidente del partido Ignacio Diego; Mercedes Toribio, Cristina Mazas, Ruth Beitia, Luis Carlos Albalá, Francisco Rodríguez Argüeso, Santiago Recio y José Manuel Igual.
COMIDA DE "AMIGOS"
Para rematar el año, las dos facciones enfrentadas se reunieron hace unas semanas para celebrar la Navidad, y lo hicieron por separado.
El bando oficial del partido se reunió el pasado 15 de diciembre en una cena celebrada en el Palacio de La Magdalena a la que acudieron, además de la nueva dirección del partido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y los expresidentes Gonzalo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso.
Ignacio Diego fue una de las ausencias más destacadas en esta cena de Navidad. Sin embargo, el que fuera presidente de Cantabria, sí estuvo presente en la comida de “amigos del PP” que tuvo lugar al día siguiente en el Hotel Santemar.
En ella, aprovechó para arremeter contra la actual directiva del partido y deseó que este “vuelva a regirse por los principios de confianza, respeto y lealtad”.
Uno de los más críticos fue Eduardo Van den Eynde, quien se refirió al "congreso más indigno que se ha podido vivir, que ganó por amplia mayoría Ignacio Diego y en el que se produjo un engaño".
Por si fuera poco, apenas dos días antes de finalizar el año, Lealtad Popular ha dado el primer paso para dividir al PP en Cantabria al convertirse en asociación, sin descartar convertirse en un partido político y poder presentarse a las próximas elecciones.
