jueves. 28.03.2024

El pasado 28 de noviembre los concejales socialistas del Ayuntamiento de Santoña, María Antonio Alonso y Jesús María Valle Rosete presentaban su renuncia a sus respectivas actas tras recibir la notificación de la apertura de juicio oral contra ellos por un presunto delito de prevaricación relacionado con el fraccionamiento de contratos entre los años 2003 y 2009, cuando era alcaldesa Puerto Gallego, quien también está acusada. En palabras del propio Rosete, la dimisión no se produce por una imposición del partido, sino porque “firmé un código ético y considero que debe ser así”.

“Es una convicción personal”, ha asegurado Rosete, y “lo ético va unido a lo personal”

“Es una convicción personal”, ha asegurado, destacando además que el hecho de cumplir con el código ético del PSOE se produce porque “lo ético va unido a lo personal”, algo que también señaló el actual alcalde de Santoña, Sergio Abascal. En declaraciones a eldiariocantabria, Rosete ha reconocido que “no gusta marcharse así”, pero ha afirmado que “se va tranquilo, con el trabajo hecho y la sensación de haber cumplido”.

El ya exconcejal ha explicado que la situación vivida durante este tiempo no ha sido fácil por las críticas recibidas y los comentarios escuchados tanto desde dentro como desde fuera de la política. En este sentido, ha recordado que “llevamos 10 años” con este caso y “la gente desconoce cómo funciona la Administración”. Así, ha asegurado que lo que ahora se va a hacer en los juzgados es “dirimir quién tiene razón” en algo que realmente “son procesos administrativos”.

En todo caso, ha señalado que es una situación que “no gusta”, pues “tenemos familia y han sido muchos años”. Por eso su deseo ahora es “que se acabe y asumiré lo que se decida”. Y ha aprovechado para advertir a “quien entre en política ahora” de que “vivir estas cosas ahora es más normal, esto pasa”.

Acerca de la posibilidad de regresar a la política una vez se resuelva su caso de forma favorable a su persona, Rosete ha dejado claro que en ningún caso volvería. De hecho, ha asegurado que esa decisión la tenía tomada desde principio de legislatura, por lo que mayo de 2019 habría sido su último mes en el Ayuntamiento de Santoña. “La vida política tiene un fin, y yo ya había tomado esa decisión. Esto solo adelanta la fecha”, ha asegurado, aunque ha reconocido que le hubiera gustado dejar el acta de otro modo.

A pesar de la situación, se ha mostrado “orgulloso de todas las personas con las que he trabajado”, que le han permitido “realizar los proyectos que creía que eran mejores para Santoña”. Por eso, además de tener esa sensación por haber logrado el trabajo que se había propuesto, Rosete ha deseado lo mejor a Puerto Gallego, con quien trabajar “fue genial, como compañera y como amiga la tengo mucho aprecio”, y ha destacado la "labor y el trabajo que realizó junto al resto del equipo de gobierno" en esas legislaturas, a los que igualmente ha deseado lo mejor. También ha tenido palabras para el actual alcalde, al que ha puesto en valor no solo por su labor, sino “por ser amigo”.

Junto a Puerto Gallego y Alonso y Valle, están también acusados seis concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil y Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda. El Ministerio Fiscal ha solicitado para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, la misma que pide el PP, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada por el que fuera concejal de Falange Leoncio Calle Pila, que fue la que inició el proceso.

DIEZ AÑOS

Las palabras de Rosete se producen días después de que Sergio Abascal anunciara esta renuncia y criticara que la instrucción de una causa "así de sencilla" se haya demorado durante "diez años", durante los cuales han tenido que "soportar todo tipo de comentarios, acusaciones y publicaciones que vulneran el principio de presunción de inocencia".

Abascal destacó que cree "firmemente en su inocencia" y se mostró convencido de que la sentencia será "absolutoria", máxime cuando en su opinión, los hechos que se imputan "confunden una situación de irregularidad administrativa que se va solventando con el paso del tiempo, con un delito". Por ello, el regidor discrepa "absolutamente" respecto a la acusación de fraccionamiento de contratos y recalca que "en algunos casos, no había ni contratos".

"Renuncio por convicción personal, el código ético va unido a lo personal"
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