Para la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, no cabe duda acerca de cuál deben ser los pasos a seguir en el caso Ecomasa-Nestor Martin. Como ha declarado recientemente, el interés del Ejecutivo es “llegar al fondo del asunto”. Y todo apunta a que será un fondo muy profundo.
La auditoría forense auspiciada por el Gobierno y la empresa pública Sodercan no deja lugar a dudas. Los gestores de la empresa fabricante de estufas de Maliaño, Andrés de León y Jesús Lavín, desviaron el capital hacia otras entidades de su propiedad. Lo preocupante es que dicho capital era, al menos en parte, público. En concreto, 18 millones de euros que todos los cántabros invirtieron en dicha empresa y que, ahora, han desaparecido en un complejo entramado.
Para Díaz Tezanos es evidente que “quien la hace la paga”. Pero la responsabilidad que se desprende de dicha afirmación no es únicamente empresarial, sino política. El expresidente del Gobierno regional, el ‘popular’ Ignacio Diego, fue el impulsor del proyecto. Fue él el que apoyó a Ecomasa (empresa gestora de Nestor Martin) y el que decidió invertir los 18 millones de euros. Y fue su gobierno el que sugirió a los trabajadores despedidos de Teka y recolocados en Nestor Martin que invirtiera la indemnización recibida, algo más de 3,2 millones de euros, en dicha empresa.
Esos millones, tras el largo proceso que ha derivado en el cierre de Nestor Martin, también han desaparecido. El propio Ignacio Diego es consciente de su responsabilidad, tal y como ha declarado a los medios recientemente.
Precisamente ha sido esta declaración la que ha llevado a la vicepresidenta regional a recordar que la responsabilidad conlleva un precio. Y por eso Díaz Tezanos considera que ese ‘mea culpa’ es “una fachada” que evidencia una realidad diferente: Diego está “precupado por los indicios de delito” que, “claramente, muestra la auditoría forense”.
Responsables políticos
Díaz Tezanos también ha hecho hincapié en la responsabilidad política que se desprende del caso Nestor Martin. “Los responsables políticos” del proyecto “fueron los integrantes del Gobierno de Cantabria, con Diego a la cabeza”, ya que fue una apuesta personal suya.
Pero Ignacio Diego, a pesar de asumir las responsabilidades que puedan desprenderse, sigue justificándose y tratando de quitar hierro a la difícil situación en la que se encuentra. Escudándose en la crisis, ha llegado a asegurar que el nacimiento de Nestor Martin se produjo en una situación económica complicada. La pregunta que se genera, por tanto, es qué llevó al Gobierno a invertir 18 millones de euros en una compañía que surgía en dicho contexto.
Es por ello que la vicepresidenta considera que “el único responsable de las consecuencias” de cómo están este proyecto y los trabajadores es el expresidente, y ha reiterado que “quien la haya hecho, la tendrá que pagar”. Unas palabras a las que se ha sumado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, quien ha insistido en que “si alguien ha cometido algún tipo de delito, que lo pague”, tanto en el ámbito de la empresa como a nivel político.
La siguiente cita de este proceso es el próximo miércoles, 14 de octubre, cuando están citados a declarar de nuevo los gestores de Ecomasa-Nestor Martin y la ex directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña, en donde “tendrán que dar explicaciones”, como ha señalado el presidente del comité de empresa, Luis Gómez, de su gestión.
