miércoles 1/12/21

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), no considera que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), deba cesar a la consejera de Sanidad, la también socialista María Luisa Real, con motivo de las supuestas irregularidades en la contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), pese a las resoluciones de la oposición que así lo reclamaban y que fueron aprobadas por el Parlamento regional en el Debate del Estado de la Región. "Evidentemente no", ha respondido Díaz Tezanos al ser preguntada por el posible cese en rueda de prensa.

Para Díaz Tezanos, en el Debate del Estado de la Región "se ha puesto de manifiesto la minoría en la que está el Gobierno de Cantabria", ya que "muchas o algunas" de las propuestas de resolución aprobadas que han salido adelante por la mayoría en la que está la oposición "no son del gusto" del bipartito y entre ellas las de Real.

Sin embargo, la vicepresidenta ha aplaudido las resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cantabria para no llegar a acuerdos con acusados de corrupción. "No se pueden permitir este tipo de acuerdos", ha dicho Díaz Tezanos, que ha reivindicado que la justicia "debe de ser igual para todos", sobre todo si se quiere que los ciudadanos confíen en el sistema judicial.

Varias de las propuestas de resolución aprobadas en el Debate del Estado de la Región fueron planteadas por los grupos a raíz del supuesto acuerdo al que habrían llegado el Gobierno regional, a través de Cantur, con los letrados de Diego Higuera, que dirigió esta sociedad pública y que está acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos por, presuntamente, gastar en su propio beneficio más de 133.000 euros de dinero público..

Ha aplaudido las resoluciones aprobadas para no llegar a acuerdos con acusados de corrupción

Según publicó un medio de comunicación regional el pasado fin de semana, el Consejo de Administración de Sodercan habría llegado a un acuerdo con Higuera para rebajarle la petición de pena de prisión para que no entrara en la cárcel a cambio de la devolución íntegra de lo supuestamente sustraído, un pacto que provocó críticas en toda la oposición y que desmintió el consejero de Turismo y presidente de Consejo de Administración de Cantur, asegurando que solo había habido "conversaciones" y negando que se hubiera llegado a suscribir este acuerdo.

Sobre este asunto, la vicepresidenta del Gobierno regional ha opinado que se trata de un asunto sobre el que está ya "todo dicho", ya que además de ser negado por el consejero, tanto ella como el propio presidente de Cantabria y todo los grupos del Parlamento se han manifestado en contra de este tipo de pactos.

Sí que ha reconocido que se sintió “indignada” cuando tuvo conocimiento por los medios de comunicación sobre este supuesto pacto. La misma sensación que, a su juicio, debieron sentir la "mayoría" de los cántabros.

"Lo que se ha aprobado ayer en el Parlamento de Cantabria y que obviamente se ha asumido por parte de los grupos parlamentarios es lo que debe ser y no otra cosa. Atendiendo desde luego a la ética y a los representantes públicos se nos exige y creo que se nos debe de exigir siempre", ha dicho.

Por último, y a preguntas de los medios, ha afirmado que ella, que preside el Consejo de Administración de Sodercan, no permitiría que en ese órgano se llegasen a este tipo de pactos. "Es obvio que no", ha aseverado.

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