OlaCantabria ha denunciado al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, el socialista Juan José Sota, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero pagado de más a cinco ejecutivos de la empresa pública Sogiese.
En su escrito, el partido alega que cinco empleados, entre ellos la hija del consejero, cobraron cantidades por encima de su sueldo, por lo que reclama que el dinero se reintegre en la Tesorería General.
En un comunicado, OlaCantabria argumenta que la "manera de actuar" de Sota "tiene su origen en su vinculación familiar, padre-hija, con una trabajadora de Sogiese", encargada de la gestión económico-administrativa y contratada en su momento por el actual gerente de la empresa pública, con una relación de parentesco de primer grado, lo que puede vulnerar la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público.
La formación subraya que el responsable de Economía, Haciendo y Empleo del Gobierno regional, "en todas sus intervenciones", tanto en el Parlamento de Cantabria y como ante los medios de comunicación, "siempre ha defendido a la empresa y sus sobresueldos y jamás ha mencionado el parentesco padre-hija existente".
Según OlaCantabria, los hechos se remontan al año 2015
OlaCantabria no entiende y considera "lamentable" que el resto de los partidos políticos "no hayan tomado medidas cuando conocían este caso", ya que opina que están obligados a luchar contra situaciones en las que aparecen "indicios de corrupción".
HECHOS
Según OlaCantabria, los hechos se remontan al año 2015, cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria (IGAC), a través de la Subdirección General de Control Financiero, realizó un informe sobre la aportación del Gobierno de Cantabria en el ejercicio 2014 y su justificación.
En la denuncia se recuerda que a raíz de la crisis económica se aprobó en Cantabria la Ley 2/2012, de 30 de mayo de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución de plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que afecta a sus empresas públicas.
Asimismo, OlaCantabria argumenta que el informe de control financiero de la IGAC concluye, entre otras cuestiones, que la mitad de la plantilla de Sogiese sobrepasa en sus sueldos lo permitido por la Ley 2/2012. Las cantidades "indebidamente pagadas" a los trabajadores de esta empresa pública alcanzan un total de 90.000 euros, más los correspondientes intereses. Además, el informe indica que los trabajadores deberán reintegrar ese dinero a la Tesorería Regional.
OlaCantabria sostiene en la denuncia que Sota "ha vulnerado tanto la Ley de Finanzas como la circular de la Intervención, de tal forma que no ha realizado gestión ni actuación alguna, tendente a recuperar estas cantidades, tal y como estaba obligado, sino que se ha limitado a guardar el informe de actuación del Control Financiero de la Intervención en un cajón, con el correspondiente perjuicio para las arcas regionales".
Esto supone, en opinión del partido político, que el consejero de Economía "se ha olvidado de su deber y obligación como es velar por los intereses de los recursos públicos con responsabilidad y lealtad institucional".
RECTIFICACIÓN INMEDIATA
Tras conocerse esta acusación, Sota ha desmentido los hechos y ha exigido a esta formación política una "rectificación inmediata" o, de lo contrario, acudirá a los tribunales de justicia. Así lo advierte en un comunicado en el que ha explicado que Sogiese es una sociedad gestionada por el programa europeo INTERREG por encomienda de la Comisión Europea y que los salarios de sus trabajadores vienen dados por dicho organismo, incluidos los de los cinco empleados que cobran un sueldo superior al establecido en Cantabria por el desempeño de las mismas funciones, "cuestión ésta que ya contemplaba el informe de Control Financiero hecho público en marzo de 2016 por la Intervención General".
Además, ha señalado que la contratación del personal es realizada atendiendo los principios de publicidad, mérito y capacidad, a través de un proceso auditado desde la propia Comisión Europea. El titular de Economía ha defendido que este programa, sus actuaciones y su gestión se encuentran auditados por la Oficina Nacional de Auditoría, adscrita a la Intervención General de la Administración del Estado, y la propia Comisión, que han certificado desde 2016, año en que la Intervención General emitió su informe, que el proyecto es sufragado desde Europa y los salarios no son abonados por el Gobierno de Cantabria.
