PRC y PSOE gobiernan juntos en muchos estamentos de Cantabria. Su colaboración ha definido la política de la región durante esta legislatura y la pasada (y previamente, durante los años 2003-2011), y dicho acuerdo ha tenido su reflejo en muchos ayuntamientos. Incluso a nivel nacional, el único diputado regionalista, José María Mazón, ha logrado alcanzar diversos acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, dicha armonía parece estar desapareciendo a tenor de los acontecimientos de los últimos días, que han tenido en el Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes su última representación.
La propuesta del PRC ha salido adelante con los votos a favor de regionalistas, ‘populares’ y Ciudadanos, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE
Lo único que ha cambiado respecto a los meses anteriores es la proximidad de unas elecciones autonómicas y municipales que, salvo adelanto, se celebrarán en mayo del año que vienes, es decir, en poco más de 15 meses. Este es el tiempo que tanto PRC como PSOE (y el resto de partidos) tienen para definir sus posiciones de cara a los comicios, algo que parecen estar haciendo ya desde el Hemiciclo cántabro con dos votaciones que ponen de manifiesto sus diferencias.
Una de ellas ha sido la relativa a las concertinas en el Puerto de Santander, herramienta para garantizar la seguridad que se ha retirado de otros recintos portuarios como Ceuta o Melilla. Este lunes el Parlamento cántabro debatía dos iniciativas diferentes. Por un lado, la socialista, que pedía la retirada “inmediata” de estas cuchillas; por otro, la regionalista, partidaria de mantenerla hasta adoptar medidas alternativas de seguridad.
El hecho de que unos socios de Gobierno presenten dos iniciativas tan dispares sobre un asunto que abarca seguridad, derechos humanos, solidaridad y economía es buena muestra de sus diferencias, pero el resultado de las votaciones refleja la distancia que les separa. Se podría decir que el PRC ha ganado la ‘batalla’ del debate al PSOE, pues la propuesta regionalista ha salido adelante con los votos a favor de regionalistas, ‘populares’ y Ciudadanos, además de la abstención de Vox y el voto en contra de los socialistas.
Por el contrario, la propuesta del PSOE ha evidenciado la soledad en la que se encuentra el partido en este asunto, pues el resto de partidos (incluido su socio de Gobierno) han votado en contra de retirar las concertinas.
Durante el debate, el PRC ha subrayado la importancia del Puerto de Santander como una "instalación estratégica", tanto por la importancia económica que tiene para la región, al representar en torno a un 11% de la actividad económica de la región y un 10% del empleo, como para garantizar tanto el abastecimiento como el envío de mercancías a otros lugares y también por ser "frontera" de la Unión Europea.
Por ello, su portavoz, Pedro Hernando, ha insistido en que se debe garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias y el cumplimiento de la legalidad en materia de control de fronteras. Solo el pasado año, según el PRC, hubo 2.500 "intentos" de saltar la valla del Puerto y 50 la semana pasada. La iniciativa del PRC insta al Gobierno central a asumir sus competencias en materia de seguridad y control de fronteras, incrementando de manera inmediata los medios personales, técnicos y económicos en el Puerto que se requieren para evitar la presencia de intrusos.
Por su parte, el PSOE pedía la retirada "inmediata" de estos elementos "crueles", "lesivos", "inhumanos" y "contrarios" a los Derechos Humanos y que, a su juicio, es además "ineficaz", tal y como ha señalado su portavoz parlamentaria, Noelia Cobo. Además, ha demandado que esta retirada de las concertinas debe llevarse a cabo sin ningún tipo de condiciones porque "el cumplimiento de los Derechos Humanos no espera".
El PSOE pedía la retirada "inmediata" de estos elementos "crueles", "lesivos", "inhumanos" y "contrarios" a los Derechos Humanos
GARZÓN
El otro punto de distanciamiento entre PRC y PSOE ha sido el relativo a la polémica creada a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. El Parlamento autonómico ha aprobado exigir a Sánchez la “rectificación inmediata” de dichas declaraciones y el cese de Garzón por sus “reiterados ataques”.
En este caso, la iniciativa partía del PP, que ha hecho de esto su particular caballo de batalla, pero ha contado con el apoyo de toda la oposición (Cs y Vox) y del PRC, que ha votado a favor de la proposición no de ley de los ‘populares’ a pesar de que se ha rechazado su enmienda de modificación que pretendía excluir la petición del cese de Garzón.
Por el contrario, el PSOE ha sido el único que ha votado en contra porque “se ha demostrado que existe apoyo” al sector en ambos ejecutivos, central y autonómico, y las declaraciones del ministro “se han utilizado de forma oportunista”.
ARREDONDO
Y a todo esto se suman las reiteradas peticiones que está haciendo el PRC al PSOE para que expulse a sus concejales de Arredondo, que a juicio de la secretaria de Organización regionalista y consejera de Presidencia, Paula Fernández, ponen “en peligro la gobernabilidad del municipio, al anteponer sus intereses personales a los de los vecinos”.
Los regionalistas han iniciado esta petición de expulsión después de que los tres concejales socialistas del municipio (que no están afiliados al partido) y el edil no adscrito que fue expulsado del PRC, José Francisco Villegas, registraran una moción de censura contra el alcalde, el regionalista Leoncio Carrascal, en la que denuncian su "mala gestión" o la "dejadez de funciones", entre otras cuestiones.
Más allá de la petición, el PRC ha aprovechado la ocasión para criticar al PSOE, al que ha acusado de haber “admitido que los intereses personales de tres ediles, apoyados en un tránsfuga, sustenten un escrito que no se ajuste a la ley y que lo único que busca es poner en peligro la gestión diaria del municipio”.
El PRC ha recordado que los socialistas son firmantes del Pacto Antitransfuguismo, por lo "no entendemos que el PSOE haya dado curso a este escrito"
En este sentido, ha recordado que los socialistas son firmantes del Pacto Antitransfuguismo, por lo "no entendemos que el PSOE haya dado curso a este escrito". "Esperamos que el PSOE actúe y sea coherente con lo que firma", ha sostenido. De hecho, ha considerado que "estas maniobras solo benefician a aquellos que las impulsan" y ha incidido en que "van en contra de lo que los ciudadanos demandan a sus representantes.
Según Fernández, la secretaria municipal del Ayuntamiento de Arredondo ha certificado que la moción suscrita por los ediles del PSOE y el edil tránsfuga "no reúne los requisitos exigidos", ya que uno de los proponentes "ha formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde".
El Artículo 197.1 a), de la Ley Orgánica 5/1998, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que si uno de los proponentes de la moción de censura presentada "forma o ha formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, se precisa estar suscrita por la mayoría absoluta incrementada en el número de un concejal". Es decir, en el caso de Arredondo, el escrito de censura debería estar firmado por cinco concejales y no por cuatro, según los regionalistas. Una modificación de la ley que se produjo para "limitar" el alcance de las acciones que los políticos tránsfugas podían llevar a cabo.
