jueves. 28.03.2024

Después de los pasos dados para dotar de seguridad jurídica e indemnizar a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ahora las tornas parece que se han vuelto de nuevo en contra de los centenares de afectados. Este martes representantes de AMA mantenían en la sede del Gobierno autonómico una reunión con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y miembros de su equipo. Y en palabras del presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, los afectados han salido “decepcionados de ver cómo pasa el tiempo, y parece que siempre estamos en el día de la marmota”.

Y es que a pesar de la duración de la reunión, alrededor de dos horas, el resultado no ha sido nada satisfactorio, y donde había acuerdos ahora las cosas no están tan claras. En concreto, Vilela ha señalado el caso de los convenios que el Ejecutivo cántabro iba a enviar a los tribunales “para que tenga todos los datos y pueda obrar en consecuencia”. Junto a esto, los PGOU de los diferentes ayuntamientos afectados. Lo que parecía seguro ahora se convierte en un “sí pero no, no pero quizás, puede que sea otro día, o ya se hayan enviado”, ha criticado el presidente de AMA.

La realidad es que “han pasado más de 20 años, hemos visto representantes de todos los colores y todos tienen algo en común, todos saben descargar la responsabilidad en los demás"

Es por eso que desde la Asociación se duda de la palabra del Gobierno para “cumplir con la Declaración Institucional del Parlamento de Cantabria” de dar “una justa y satisfactoria solución en esta legislatura a las víctimas de 30 sentencias firmes, que condenan a nuestras administraciones públicas”.

Por ello, AMA ha anunciado que “iremos al Parlamento a exigir que se cumplan sus acuerdos y declaraciones institucionales  y en caso de no cumplirse sus acuerdos que se reprueben a los que lo han impedido”, y lo mismo ocurrirá en los ayuntamientos, donde denunciarán a quienes no cumplan.

Asimismo, aseguran que volverán al Parlamento Europeo “a decirles que después de 10 años de sus recomendaciones seguimos, para vergüenza de todos, sin soluciones, que sus palabras fueron hermosas, pero que por estos lugares se las han pasado por el forro...”. 

RESPONSABILIDAD

Vilela ha criticado además que los diferentes dirigentes traten de responsabilizar al resto de administraciones. “Si hablas con los representantes de los Ayuntamientos que no están representados en el Gobierno, los culpables de todos sus males parecen ser ese Gobierno ineficaz, lento y perezoso, esa CROTU que les paraliza, les retrasa y hasta les engaña”, ha señalado el presidente de la Asociación, mientras que “si hablas con el Gobierno es todo lo contrario, la culpa es de quien tiene la responsabilidad sobre planeamiento urbanístico, y son esos ayuntamientos”, ha dicho.

Pero como recuerda el presidente de AMA, la realidad es que “han pasado más de 20 años, hemos visto representantes de todos los colores y todos tienen algo en común, todos saben descargar la responsabilidad en los demás, todos saben que su mandato dura cuatro años y después quién sabe dónde estarán”. Y el mandato del actual bipartito PRC-PSOE termina dentro de unos meses, en mayo de 2019.

Y ha puesto casos concretos. En Argoños “están preocupados porque tardan los informes de Costas, medioambiente, género, medio rural”, todos ellos responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, cuando los afectados logran obtener algún plazo “siempre hay justificaciones para alargarlos y en un proceso que nunca acaba, es una historia interminable”.

Respecto a Escalante, “se puede escribir el guión de una novela de intriga y misterio”, señala Vilela en referencia al PGOU que “estaba finalizado hace más de dos años” y que todavía no está aprobado.

“Por Piélagos tienen a su favor su buena relación con el Gobierno, eso ayuda y mucho, también hay que reconocer que siendo los que lo tenían más difícil han dado pasos importantes, el miedo es que sean para morir a la orilla de las elecciones”, ha apuntado el presidente de AMA.

El ayuntamiento que tiene más avanzado el proceso es Arnuero, donde “solo falta que con los 11 millones de euros presupuestados por parte del Gobierno se vaya haciendo camino y se empiecen a ver esas viviendas de sustitución”, aunque Vilela advierte que “ya sabemos lo que ocurre cuando todo parece ir bien, siempre viene alguien y lo tuerce”.

Los afectados por sentencias de derribo pedirán que se reprueben “a los que han...
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