El Ayuntamiento de Laredo ha remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) de Cantabria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1987, después de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo haya determinado que dicha modificación "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente".
Con este paso, el Consistorio pejina pretende recabar todos los informes sectoriales preceptivos para poder someter al Pleno el documento y conseguir la aprobación inicial del PGOU, informa la administración local en un comunicado.
El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Pedro Diego, ha explicado que las principales modificaciones introducidas en el documento de 1987, -que volvió a entrar en vigor después de la anulación del PGOU aprobado en 2015-, afectan a varias ordenanzas de zona y artículos "para adaptarlos a la normativa y a la realidad jurídica actual" y a la adecuación del campo de fútbol, entre otros.
De hecho, ha destacado que, si la modificación es aprobada, el Ayuntamiento podría cubrir los parques infantiles del municipio, "con lo que daríamos respuesta a una demanda vecinal", ha dicho.
Igualmente, ha hecho hincapié en que la modificación que se somete a criterio de la CROTU contempla "excluir de los usos prohibidos" la ocupación de vía pública por terrazas y estructuras auxiliares. "Con esta medida, adecuamos la realidad a la norma", ha declarado.
En cuanto a la adecuación del Campo de Fútbol y el Polideportivo Municipal, ha explicado que la modificación que se plantea es la supresión de la ampliación del viario que separa ambos, para no invadir la zona de juego y que se permita acondicionar el campo.
SUELO PÚBLICO
Por otra parte, Diego ha explicado que, en los equipamientos de titularidad pública, se han establecido nuevos parámetros que permiten un mayor aprovechamiento del suelo público.
En cuanto a las modificaciones de ordenanzas de zona, ha subrayado que hacen referencia a subsanación de errores, a la adecuación a la legalidad vigente o a nuevos usos demandados.
Por último, ha apuntado que, a instancias del ente competente, se ha introducido un nuevo artículo para aplicar en el municipio la Ley de Costas vigente, que entró en vigor con posterioridad al documento urbanístico aprobado en 1987.
