La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado en la oficina del Defensor del Pueblo una queja por su “falta de atención” a las víctimas del franquismo a las que, afirma, ha marginado en el desempeño de sus funciones mirando para otro lado cuando fue la primera institución española que recibió quejas sobre el desamparo de las personas desaparecidas por la represión franquista.
El colectivo recuerda que en el año 2000 se exhumó de manera científica la primera fosa común de víctimas del franquismo y en agosto de 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó, ante la oficina del Defensor del Pueblo, las fichas de 64 personas desaparecidas en España que fueron “detenidas ilegalmente, torturadas, asesinadas y cuyos cadáveres les fueron ocultados a sus familias”. Los datos con las más de medio centenar de personas desaparecidas fueron puestas a disposición del Defensor del Pueblo mediante un formulario del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostiene la Asociación, que al mismo tiempo denuncia que un organismo como el Defensor del Pueblo "debería haber articulado un espacio para las víctimas dictadura y haber llevado a cabo numerosas actuaciones al respecto desde esa misma fecha".
“La decisión política que se llevó a cabo y se ha mantenido en el tiempo fue dar la espalda a esa realidad y negarse a defender los derechos de las familias de miles de desaparecidos forzados, víctimas del peor crimen que se puede cometer contra un ser humano”, sostiene la Asociación.
Ese mismo año, en 2002, la ARMH explica que presentó ante el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU los mismos 64 casos e hicieron que por primera vez el caso español apareciera recogido en su informe anual. Pero, continúan denunciando que aquel llamamiento a la oficina del Defensor del Pueblo tampoco supuso ninguna actuación al respecto. “Un organismo que debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos ha seguido mirando hacia otra parte con el paso de los años”, afirman.
Dos años después, en 2014, el proceso abierto ante la ONU por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica años antes se conviertió en la visita del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, informa el colectivo en defensa de la memoria histórica, y seis meses después llegó el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. “Los dos organismos que visitaron España para conocer de primera mano la situación de las víctimas de la dictadura franquista tuvieron entrevistas con la Oficina del Defensor del Pueblo y eso no cambió el silencio negacionista de la institución española con respecto a los crímenes de la dictadura franquista y sus consecuencias”, reivindican.
En este sentido, ARMH sostiene que la institución ha seguido hasta hoy mismo mirando para otro lado. “La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta con unos "Grupos Sociales" a los que presta especial atención, pero entre ellos no está el numeroso grupo de familiares de los 114.226 desaparecidos por la represión franquista”, afirman.
El presidente de la ARMH, Emilio Silva, explica que "uno de los informes de la ONU de 2014 señalaba de manera crítica el modo en el que en España se elige al Defensor del Pueblo, restringido a mayorías parlamentarias y no con el voto de organizaciones sociales y otros colectivos que operan en el ámbito de los Derechos Humanos, algo que lo haría más independiente". Y concluye, "le pedimos al Defensor del Pueblo una explicación acerca de ese terrible silencio de una institución que debe velar por los derechos humanos, que ofrezca una disculpa pública por el abandono en el que ha mantenido a las víctimas del franquismo y que tome actuaciones con carácter de urgencia para terminar con décadas de silencio viendo cómo las familias deambulaban por las cunetas en busca de sus seres queridos, sin ser atendidas por organismos estatales".
