Dieciocho organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales de Cantabria han firmado un manifiesto en el que expresan su "apoyo crítico" al proyecto de la Ley de Memoria Histórica presentada por el Gobierno regional e instan a que ésta se apruebe con "urgencia" y con una dotación presupuestaria "suficiente".
Además, exigen que el periodo que cubre la ley tenga en cuenta "las violaciones de derechos humanos contra civiles por razones políticas, sociales, religiosas, sexuales o sindicales" cometidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la publicación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Cantabria (1 de febrero de 1982)".
Así lo han reclamado este viernes en la presentación de su Manifiesto por la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, firmado por organizaciones memorialistas como Memoria de Laredo, Desmemoriados o la Plataforma por la III República; sindicatos como CCOO, CGT, STEC o UGT; colectivos sociales como Asambleas Feministas de Cantabria, Cantabria No Se Vende, Alega Cantabria, Mujoca o La Vorágine; y organizaciones políticas como ACPT, CNT Santander, Partido Comunista, Cantabristas, Juventudes Socialistas o Izquierda Unida.
En un acto celebrado a las puertas del Parlamento, los firmantes han considerado que esta ley "llega tarde" y por ello es "más urgente aún" no sólo su aprobación, sino también una memoria económica que la dote del presupuesto necesario para su "efectiva y real ejecución". "El proyecto de Ley de Memoria de Cantabria aún no es el que querríamos, pero apoyamos su aprobación porque ni el tiempo, ni las víctimas, ni esta sociedad pueden soportar más atrasos", han recalcado sus portavoces.
Las organizaciones firmantes también han señalado la necesidad de "eliminar las tibiezas" de la exposición de motivos del proyecto de ley y "hablar de golpe de Estado, de verdugos y de víctimas, sin equidistancias".
Tras su presentación, el manifiesto ha sido registrado en el Parlamento con la petición de que sea entregado a los grupos parlamentarios.
Las organizaciones han anunciado también que estarán "atentas" al debate en el Pleno de la ley y han denunciado la actitud "negacionista" de los partidos de la oposición, en unos casos, y "lamentablemente ambigua", en otros.
En este sentido, han señalado que "cualquier posicionamiento contra la memoria histórica y democrática es anticonstitucional, atenta contra los principios básicos de los derechos humanos y va en contra de los informes y recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia".
Por último, una de las portavoces, Carmen Alquegui, ha señalado que la experiencia con la ley estatal de memoria vigente "es la del incumplimiento por parte de las propias instituciones", por lo que ha advertido de que "la sociedad cántabra estará vigilante".
