miércoles. 08.02.2023

La huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha dado comienzo este martes, ha provocado la suspensión de, al menos, un juicio en Cantabria, en concreto el que estaba previsto en la Audiencia de Cantabria contra hombre acusado de tráfico de drogas.

La huelga está convocada por la Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

Los convocantes han cifrado el seguimiento de la huelga en un 81% en todo el país, pese a "unos abusivos servicios mínimos" y a "todos los intentos del Ministerio de Justicia por minimizar" los efectos del paro.

Además, han criticado que "sigue sin producirse el más mínimo intento" por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de resolver el conflicto, y "no obstante haber rechazado los ofrecimientos de mediación propuestos", el comité de huelga y las asociaciones convocantes han vuelto "a tender la mano para poder alcanzar una solución satisfactoria", han señalado.

Según los convocantes, en manos de la ministra está que la Administración de Justicia "recupere la normalidad lo antes posible", lo que, señalan, pasa por "apartar" al secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, "que, tras los gravísimos ataques de ayer contra un colectivo de servidores públicos, se ha convertido en una parte importante del problema".

En esta primera jornada de huelga, también se ha celebrado una manifestación en Madrid, a las 13:00 horas, hasta el Ministerio de Justicia. El conflicto laboral que mantienen los letrados desde hace meses con el Ministerio de Justicia les ha llevado a protagonizar ya paros puntuales y concentraciones.

Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

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