jueves. 28.03.2024

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria mantiene la huelga convocada para el próximo 23 de mayo del personal laboral de la Administración autonómica después de que en la reunión de hoy lunes con los máximos representantes del Ejecutivo autonómico se le haya dicho que "no a todo" lo que reivindicaba. Así lo han anunciado los representantes de los sindicatos que componen el comité (CCOO, UGT, SIEP, CSIF y TU) a la salida de la reunión que han mantenido durante cerca de una hora con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), la vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández (PRC), entre otros.

"Vamos a esperar a que pase el día 26, que hable el pueblo, y después veremos a ver con el siguiente Gobierno"

En declaraciones a los medios de comunicación, el representante de CCOO Javier González ha criticado que "una vez más" el Gobierno de Cantabria "ha engañado" a los representantes de los trabajadores. "Todo ha sido una mentira, una farsa", ha afirmado el sindicalista en relación a los compromisos que, según señala, había adquirido el Ejecutivo autonómico. Por ello, ha avanzado que los sindicatos que componen el comité no van a volver a reunirse con el Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE) hasta después de las autonómicas del próximo 26 de mayo, tres días después de la huelga convocada. "Vamos a esperar a que pase el día 26, que hable el pueblo, y después veremos a ver con el siguiente Gobierno. Desde el minuto cero se acabaron aquí las credibilidades", ha afirmado. González ha explicado que el pasado 23 de enero Revilla se reunió con el comité y se comprometió a que "en quince días" el Gobierno estudiaría las mejoras laborales y económicas planteadas y se le daría al comité una contestación. Y el representante de CCOO se queja de que más de tres meses más tarde, el presidente y otros miembros del Gobierno mantengan ahora un encuentro con los representantes de los trabajadores para decirles "no" a sus reivindicaciones.

El resto de representantes de los sindicatos que integran el comité también han criticado esta respuesta del Ejecutivo. Así, Inmaculada Peña, de SIEP, ha opinado que es una "irresponsabilidad" del Gobierno el "no cumplir los acuerdos firmados" y anunciados "a bombo y platillo" en la prensa. "No vamos a ver nada, ni un duro de lo prometido", se ha quejado la representante de UGT, Rebeca Marqué, que ve "increíble" tener que ir ahora a una huelga ahora porque el Ejecutivo "no ha sido capaz de cumplir absolutamente nada" y durante cuatro años "no ha trabajado para nada para los trabajadores públicos". En ese sentido, ha señalado que todo lo mejorado por los funcionarios ha sido por acuerdos a nivel estatal suscritos en Madrid por parte de UGT y CCOO. "La realidad es que aparte de estos acuerdos no tenemos nada", ha lamentado. En su opinión, ha quedado demostrado que el actual Gobierno es "completamente ineficaz" en la gestión del personal. "Nos veremos el día 23 en la huelga que vamos a convocar y esperamos que con el nuevo Gobierno podamos llegar, no ya a empezar a hablar porque ya está todo más que hablado, sino empezar a cumplir las cosas que este Gobierno ya había firmado y ahora no cumple", ha aseverado. Inés Laso, del CSIF, ha asegurado que en su sindicato se siente "totalmente defraudado" con el Ejecutivo. Además, ha criticado que en la reunión de hoy desde el Gobierno se les haya pedido un "voto de confianza" para poder llegar a algún preacuerdo e incluirlo en los próximos Presupuestos autonómicos. Laso ha señalado que, dadas las circunstancias, espera un seguimiento masivo de la huelga del día 23 entre los trabajadores del Ejecutivo y "cree y espera" que "salgan todos a la calle". Ha afirmado que hay "muchos trabajadores" de la Administración autonómica con un sueldo "bastante bajo" y que tenían unas "expectativas" de una subida "necesaria". Además, desde los sindicatos se ha subrayado que sus reivindicaciones no incluyen únicamente mejoras salariales sino también laborales y aseguran que incluso algunas no suponen ningún coste económico. Por su parte, la representante de TU, Isabel Rodríguez, ha afirmado que "no ha sido ninguna sorpresa la respuesta" del presidente. "Llevamos intuyendo que para los empleados públicos no iba a haber ninguna mejora", ha aseverado.

El Gobierno llama al comité a mantener el diálogo

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha lamentado la postura a su juicio "inmovilista" de los sindicatos del comité de empresa de la Administración autonómica, y les ha pedido que vuelvan "a la senda del diálogo" para hacer posible la negociación y seguir alcanzando nuevos acuerdos que mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos y los servicios prestados a la ciudadanía. Con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo, el Ejecutivo autonómico ha llamado a los sindicatos del comité a dejar la "demagogia" porque "conocen los límites legales y presupuestarios existentes" que "restringen la capacidad de actuación en materia de función pública". Además, el Ejecutivo autonómico se ha enmarcado la convocatoria de huelga que mantiene el comité de huelga en el contexto de las elecciones sindicales para el personal del Gobierno de Cantabria que se celebran los próximos 15 y 16 de mayo. "Si alguien se quiere manifestar por otras razones, como son la defensa de sus intereses sindicales, el Gobierno de Cantabria lo respeta, pero no están cumpliendo con su responsabilidad como representantes de los empleados y con una adecuada atención de los servicios públicos", ha subrayado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Desde el Gobierno se ha subrayado que, hasta el momento, los acuerdos y compromisos pactados con los empleados públicos han supuesto incrementos presupuestarios de cerca de 12 millones de euros en la actual legislatura, solo en el ámbito de la Administración General –sin computar las mejoras en educación, sanidad y justicia–, destinados a recuperar los "derechos perdidos" durante la etapa del PP. Ha detallado que las mejoras han consistido en incrementos salariales, en los complementos económicos de incapacidad temporal, derechos sindicales y el refuerzo del operativo de la lucha contra incendios, entre otros.

Respecto a los asuntos pendientes de negociación, el Gobierno ha subrayado que Revilla, Tezanos y Fernández, junto a otros cargos del Ejecutivo, han planteado una propuesta "razonable", tendente al incremento de la masa salarial para el personal de la Administración, así como a la viabilidad de los preacuerdos en los sectores de educación, servicios sociales, vialidad invernal y planes hidráulicos. De hecho, según el Ejecutivo, hoy mismo se podría haber acordado el reparto del 0,25 de la masa salarial del personal laboral y funcionario, y ha señalado que los sindicatos no han acudido a la reunión convocada a primera hora de la mañana, algo que ha considerado "insensato" y "perjudicial" para los intereses de los empleados públicos. Respecto al reparto de la masa salarial de 0,20% de 2018, el presidente autonómico se ha comprometido a intermediar ante el Ministerio para tratar de desbloquear este asunto, vinculado a las reglas de gasto y a un certificado legal pendiente de la Administración del Estado. A su juicio, esto demuestra el "ánimo constructivo" y la "buena" voluntad del Gobierno autonómico por llegar a acuerdos y ha pedido a los sindicatos que analicen la propuesta presentada hoy. "El Gobierno sigue abierto al diálogo y a cualquier otra alternativa que se proponga con la única condición de que respete la legalidad", ha apostillado.

El Ejecutivo ha recordado los acuerdos alcanzados para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal autonómico, como el que recuperó los derechos sindicales, la devolución de los días por asuntos particulares y de la paga extra, junto a la activación de la oferta de empleo público (más de 1.000 plazas) y de la carrera profesional del personal funcionario y laboral. En esta misma materia, Gobierno y sindicatos han acordado en la presente legislatura la regulación del procedimiento para la provisión de puestos de trabajo mediante comisiones de servicio (1.048 plazas convocadas por este sistema) y el protocolo de prevención y actuación ante agresiones a los empleados públicos. Otras mejoras detalladas por el Gobierno han consistido en la recuperación de la jornada laboral de 35 horas del personal de instituciones sanitarias y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, con la devolución de los 80 euros.

El comité de empresa del Gobierno mantiene la huelga del 23 de mayo tras el “no” a sus...
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