Cantabria No Se Vende (CNSV) ha recordado hoy lunes en un comunicado que “el pasado año 2019 la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo consiguió, con tan solo 10 inspectores y 16 subinspectores, aflorar 11,3 millones de euros en fraudes y sanciones, regularizar la situación de 715 trabajadoras y trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, de 556 jornadas parciales que realmente eran completas, de empleados que figuraban como temporales cuando deberían ser indefinidos, de falsos becarios que ejercían a todas luces como trabajadores, y de falsos autónomos que en realidad formaban parte de la plantilla de la empresa a todos los efectos menos el legal”. “Todo esto en el reducido periodo de un año y con un ajustadísimo equipo”, ha añadido CNSV, que considera que “la labor imprescindible que estos profesionales llevan a cabo, de vital importancia para nuestra comunidad, necesita de un apoyo firme por parte del Gobierno y de más y mejores recursos que permitan que el cumplimiento de la legalidad laboral sea norma y no excepción en todas y cada una de las empresas que operan en territorio cántabro”.
“Nuestra comunidad es especialmente vulnerable ante este tipo de infracciones, dada la fuerza del sector turístico”
CNSV considera que “Cantabria necesita de una Inspección de Trabajo sistemática y constante que mejoraría no solo las condiciones de vida de las y los trabajadores, sino que beneficiaría a aquellas empresas que sí cumplen la ley y sufren la competencia desleal de quienes se burlan de la normativa laboral”, pues “acabar con estas irregularidades reduciría el paro y aumentaría los ingresos que sostienen servicios públicos como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales”. “Nuestra comunidad es especialmente vulnerable ante este tipo de infracciones, dada la fuerza del sector turístico, donde más irregularidades se cometen y donde la temporalidad y las condiciones laborales poco dignas son más frecuentes”, ha advertido CNSV, que ha insistido en que por todo ello “las trabajadoras y trabajadores de Cantabria necesitan una Inspección de Trabajo con recursos para llegar a todas las empresas de la comunidad y que ponga freno a la precariedad a la que viven condenados”.
