lunes 18/10/21
POLÍTICA

PSOE y Unidas Podemos presentan un programa que recupera derechos laborales, sube impuestos a las rentas más altas y modifica la factura eléctrica

Firma del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Firma del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

PSOE y Unidas Podemos han presentado este lunes su programa de gobierno de coalición en caso de que el líder socialista, Pedro Sánchez, cuente con los apoyos suficientes para ser investido Presidente. Un programa que recupera derechos laborales recortados por la reforma laboral, que sube impuestos a las rentas más altas, deroga la Ley Mordaza y modifica la factura eléctrica, entre otros aspectos.

El documento de 50 páginas ,titulado 'Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España', ha sido presentado por los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones se comprometen a derogar aspectos concretos de la reforma laboral y recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012, para lo que tumbarán la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones

También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura, así como simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial.

PENSIONES

Sobre las pensiones, las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

El acuerdo avanza una regulación del autoconsumo compartido, la simplificación de trámites y una regulación de la retribución a la energía vertida a la red

Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.

En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

FACTURA ELÉCTRICA

El documento también recoge el acuerdo para modificar la factura eléctrica, penalizar el consumo excesivo de energía y reducir el porcentaje que representa la potencia instalada, y medidas para reformar el mercado eléctrico y conseguir el abaratamiento de los precios mediante el uso de renovables, siendo el coste de generación el "criterio fundamental" a la hora de retribuir su producción.

PSOE y Unidas Podemos mencionan la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con "compensaciones y exenciones de pago" para las empresas con "altos" costes energéticos

Ambas formaciones han propuesto la elaboración de un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico para favorecer la descarbonización y "unos precios asequibles para el consumidor y las empresas". Así, avanzan cambios legales para que la reducción progresiva del coste de las energías renovables "se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas". En este sentido, aseguran que modificarán los requisitos, las reglas y las convocatorias de las subastas para asignar un régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía a través de fuentes de energía renovables y que el criterio fundamental sea el coste de generación de cada tecnología. En estas subastas podrán participar entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

BONO SOCIAL “GENERAL”

Por otro lado, también han pactado la realización de cambios normativos en el mercado eléctrico "para acabar con la sobrerretribución que reciben determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión", los conocidos como 'windfall profits' o 'beneficios caídos del cielo' de energías como la hidráulica.

En materia de autoconsumo, el acuerdo avanza una regulación del autoconsumo compartido, la simplificación de trámites y una regulación de la retribución a la energía vertida a la red "como mínimo, igual al valor de mercado mayorista", así como un trabajo para "reparar la situación de pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio".

Otro de los aspectos mencionados es el bono social, para el que han pactado "una reforma profunda" en el caso del eléctrico, que deberá ser asumido por las empresas comercializadoras de electricidad, y la creación de un "bono general" que incluya el bono gasista.

PAGOS POR CAPACIDAD

En el apartado dedicado a factura eléctrica, PSOE y Unidas Podemos mencionan la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con "compensaciones y exenciones de pago" para las empresas con "altos" costes energéticos "a cambio de que estas mejoren su eficiencia energética", y así "potenciar la competitividad y la eficiencia" de las mismas.

También han pactado una revisión de los pagos por capacidad para limitarlos a "medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales".

FIN DEL CARBÓN

De cara al cierre de las centrales de carbón y "centrales nucleares con calendario poco conocido", el pacto recoge el desarrollo de "planes de acción urgente" con el fin de definir "escenarios estables, predecibles y competitivos" y fomentar el desarrollo e inversión en innovación y tecnologías verdes.

En el apartado de la industria, el acuerdo recoge un compromiso para actuar contra las deslocalizaciones y "facilitar" con recursos públicos "la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas", así como la recuperación de zonas desindustrializadas.

También se alude a un Plan de Desarrollo Industrial con horizonte en 2030 "para la transición ecológica y la descarbonización" y con el objeto de mejorar la competitividad de la industria, la creación de empleo de calidad y el aumento de este sector en el PIB.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otro lado, en la parte dedicada a industria, anuncian la presentación de "una ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial", la promoción de tecnologías habilitadoras, como el 'big data', 'blockchain', el 'Internet de las cosas' o la supercomputación.

Asimismo, mencionan un plan para desplegar infraestructuras digitales para el despliegue de la tecnología móvil 5G, el desarrollo de aplicaciones en proyectos piloto y pre-comerciales y su utilización en sectores como la salud, la automoción, el agroalimentario o el turismo.

El acuerdo también incluye una Ley de Derechos Digitales, un Plan de Ciberseguridad, un Plan de Digitalización de la Administración, la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a los trámites y sus expedientes en un único espacio web y programas de inversión en empresas públicas para su digitalización.

Comentarios