Agentes de la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizar posibles víctimas obligadas a realizar vídeos pornográficos, tras la detención el pasado 25 de abril de Ignacio Allende, Torbe, principal productor español de cine porno. En la investigación posterior, los agentes han localizado varios vídeos pornográficos, protagonizados por una menor, en el servidor central de una de las empresas del arrestado.
La víctima denunció haber sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos, tras aceptar en un principio, cuando se negó fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar escenas pornográficas mediante el uso de sustancias estupefacientes. Además, uno de los vídeos protagonizado por otra menor fue publicado en la web del director pornográfico, siendo necesario pagar una determinada cantidad de dinero para poder visualizarlo en su totalidad, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.
En el momento que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, cruzaron los datos con los de otra investigación llevada a cabo por la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos en la que dos mujeres, una de nacionalidad española y otra extranjera, denunciaron en la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia estar siendo obligadas a prostituirse.
Muchas de ellas no tenían conocimiento de la actividad que iban a realizar ni de la dureza de las prácticas a las que eran sometidas
Ante la posibilidad de encontrar nuevas víctimas, se han puesto dos medios a disposición de los ciudadanos, en los que pueden denunciar, de manera estrictamente confidencial, cualquier hecho relacionado con lo sucedido: el teléfono 900-105090 y el correo electrónico [email protected]. Han sido arrestados, además, otros cuatro miembros de la empresa, así como un ciudadano ucraniano que les proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.
Actividades ilícitas
La relación de todo ello llevó a los policías a dar con un entramado internacional que, supuestamente, proveía de mujeres ucranianas para rodar escenas pornográficas, a menudo en contra su voluntad. Captaban a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban, dejándolas encerradas, en ocasiones, en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones.
Muchas de ellas no tenían conocimiento de la actividad que iban a realizar ni de la dureza de las prácticas a las que eran sometidas. Posteriormente, los vídeos elaborados eran difundidos en Internet a través de las diferentes páginas web de pornografía que gestionaba el empresario, según explica la Policía.
En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron averiguar que existían flujos de dinero a paraísos fiscales, así como ingresos y reintegros de pequeñas cantidades económicas mediante el procedimiento conocido como "pitufeo". El empresario español recibía grandes cantidades de dinero de una persona que, supuestamente, se habían obtenido de actividades ilícitas. En el transcurso de la investigación los policías detectaron el uso de sistemas de alta tecnología en sus actividades, tales como la 'Deep Web' o sistemas de comunicación por voz encriptados, creyendo que, con ellos, podrían eludir la acción policial.
Con el objetivo principal de localizar y liberar a las víctimas se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Madrid, en la vivienda y la empresa del principal investigado y en un lujoso hotel de la capital. Se han intervenido 17 ordenadores, 6.000 euros en efectivo, equipos de videograbación, material gráfico, material para la grabación de videos pornográficos y otros efectos como prueba de los abusos cometidos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo I Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central, el Grupo I de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo 25 Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, el Grupo 2 Fraude Fiscal de la UDEF Central y la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en colaboración con la UPR, Guías Caninos y el GOIT.
