MADRID.- Da igual que el comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez haya reconocido ante el juzgado de instrucción número 26 que una de sus empresas fue contratada por el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, para parar a la doctora Pinto cuando había diligencias de Policía abiertas. Escribir eso, como hizo Público el 30 de diciembre basándose en la propia documentación aportada al sumario por el comisario, puede “salir caro”.

La culpa de que se hagan públicos estos datos (que dejarían en evidencia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al director de la Policía, Ignacio Cosidó) es de la prensa. Por eso el número 2 de la Policía, el comisario Eugenio Pino, ha manifestado a diferentes miembros de la Policía Nacional que quiere que se detenga a la periodista de Público para que deje de escribir lo que lleva contando desde principios de año sobre el comisario Villarejo, que actúa autorizado y con connivencia del propio comisario Pino.

Sin embargo, este diario ha seguido informando de que un comisario de Policía, personal de confianza del número 2 de la Policía, fue contratado en 2013 por el consejero delegado de OHL, yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo del rey Felipe VI, para que parara las denuncias que la doctora Elisa Pinto ponía en contra de él.

El artículo titulado El comisario Villarejo vuelve a apelar a una conjura del CNI en el caso de la doctora Pinto está basado en los documentos aportados al sumario del juzgado de instrucción número 26, que instruye una de las denuncias, y cuyo secreto había sido levantado hacía unas semanas. Es más, dos medios de comunicación afines al comisario Villarejo habían publicado antes del 30 de diciembre documentos de dicho sumario.

La reacción del comisario involucrado no se hizo esperar. El mismo día Información Sensible, el medio de comunicación del que son accionistas la mujer del comisario y también su abogado y socio, publicó un editorial cuyo titular era: El último ataque al comisario Villarejo le podría salir caro a Público. En él se vertían una serie de conclusiones precipitadas, como que la imagen con la que se ilustraba el artículo de Público había sido extraída por un funcionario policial para vulnerar la intimidad del agente encubierto y que este medio y la autora del artículo habían cometido revelación de secreto.

Un día después, a las 18.30 horas, el comisario presentó una denuncia por revelación de secreto y otros delitos en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En esa denuncia se insiste, como se hacía en el artículo de Información Sensible, en que algún funcionario ha tenido que cometer un delito para darle esa información a Público. Todo ello, a pesar de que el día 29 Público se puso en contacto con uno de los abogados del comisario y en la conversación quedó claro el extenso conocimiento que la periodista tenía del sumario.

También hace mención el comisario Villarejo a que en el Twitter personal de esta periodista se había difundido dicho artículo un día antes de la denuncia. Sin embargo, omite el comisario que el día 30, también vía Twitter, la periodista había contestado a Información Sensible que el documento que ilustraba la noticia provenía del tomo 7 del sumario. Aun así, el comisario denunció el día 31 por la tarde, incurriendo quizá en lo que podría considerarse un delito de denuncia falsa o de coacciones. Sobre todo, tras saber que el número 2 de la Policía le ha pedido a diferentes funcionarios que busquen la manera de detener a la periodista de Público.