La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que impulse la modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados para proteger a los usuarios frente a los cierres de clínicas dentales como iDental, que desde mediados de abril ha cerrado varios centros y ha dejado a miles de pacientes con tratamientos sin terminar.
Así, FACUA advierte que las leyes que regulan las clínicas dentales actualmente resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y por ello reclama a Montón y a las autoridades autonómicas una actualización de las mismas. Para la asociación, en primer lugar debe exigirse a las clínicas ,como requisito de apertura, un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de cierre.
Además, ve imprescindible que se regule la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario, incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, “los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema”, aseguran desde FACUA.
Asimismo, consideran que la normativa también debe garantizar que los pacientes puedan acceder y recuperar sus historiales clínicos en caso de cierre de un centro, y recuerdan que actualmente no existe ninguna norma que regule qué ocurre con esta información tras una clausura.
La asociación también reclama el refuerzo de los controles de la Administración a estas clínicas, y pide que se regulen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen y que se revisen las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.
De esta manera, FACUA pone de manifiesto que la falta de regulación en este sentido ha provocado que en los últimos años los usuarios se hayan encontrado totalmente desamparados frente a los cierres, sin poder ejercer de forma efectiva sus derechos. En muchos casos, el hecho de que los tratamientos en estas clínicas se paguen mediante financiación, ya sea del centro o a través de otra entidad, ha implicado que tras el cierre los usuarios se enfrenten al pago del crédito incluso cuando han dejado de recibir dicho tratamiento.
