jueves 2/12/21
EDUCACIÓN

Las comunidades gobernadas por el PSOE exigen más medidas para acabar con las ‘reválidas’

El Gobierno de Rajoy ha decidido reformar por decreto ley estas pruebas, dejando la de ESO como "muestral" y la de Bachillerato muy similar a la actual Selectividad, algo que el consejero de Cantabria, como portavoz de todas las CCAA socialistas, ha valorado positivamente, pero considera que “hay carencias” que deben ser resueltas.

El Estado modifica su pretensión inicial sobre las 'reválidas' de ESO y Bachillerato
El Estado modifica su pretensión inicial sobre las 'reválidas' de ESO y Bachillerato

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a reformar por decreto ley la LOMCE, en concreto los aspectos relacionados con la evaluación final de Bachillerato y la de 4º de la ESO, conocidas como ‘reválidas’. Según el borrador del proyecto, la prueba de Bachillerato será muy similar a la que actualmente se realiza en Selectividad, con exámenes solo de las asignaturas troncales de 2º. Por su parte, la de la ESO será “muestral, no censal”, por lo que se realizará solo en algunos centros y serán los propios profesores los encargados de llevarla a cabo.

La decisión ha sido bien acogida por las comunidades gobernadas por el PSOE, unas de las más activas en contra del ministro Íñigo Méndez de Vigo, aunque han exigido más demandas que acaben definitivamente con estas pruebas. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz de dichas comunidades, el consejero del ramo en Cantabria, Ramón Ruiz, quien ha opinado que “es un paso adelante pero insuficiente en el camino que queríamos”.

Según ha explicado, esta decisión del Ministerio representa un “cambio de postura y actitud por la presión ejercida desde la comunidad educativa y desde las comunidades autónomas del PSOE”.

Esta decisión del Ministerio representa un “cambio de postura y actitud por la presión ejercida desde la comunidad educativa y desde las comunidades autónomas del PSOE”

Sin embargo, y aunque ha reconocido “aspectos positivos”, también ha señalado “carencias” como la “moratoria de la prueba” y el hecho de que se contempla retomarla en el futuro. “Queremos que eso desaparezca”, ha exigido.

Asimismo, tampoco “dice nada de la organización de la prueba”, que en su opinión “debe volver a manos de la Universidad”.

Es por ello que espera poder lograr más avances antes de la Conferencia Sectorial convocada por Méndez de Vigo para el 28 de noviembre. “Lo que hemos hecho es dar un paso que quería la comunidad educativa, pero seguiremos negociando y añadiendo más demandas”, ha adelantado.

Las declaraciones de Ruiz mantienen la línea de las manifestaciones realizadas por diferentes colectivos de la comunidad educativa. Según publica El Boletín, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha afirmado que a pesar del paso dado por el Ministerio la huelga del próximo jueves día 24 sigue en marcha porque el alumnado “no se fía” de la “desaparición total” de estas pruebas hasta que no lo vean “aprobado y por escrito”.

Asimismo, el presidente de la confederación de estudiantes Canae, Carles López, considera que aún queda “trabajar puntos concretos”, por lo que, desde su asociación, esperan “que el ministro hable con la comunidad educativa”. Aunque posiblemente la opinión más discordante sea la del presidente de estudiantes Faest, Alejandro Delgado, que ha declarado estar “contento” con los cambios.

Desde los sindicatos, el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha criticado el carácter transitorio de la medida, así como que no se especifique en la reforma que el valor académico de las 'reválidas' para obtener un título desaparece del todo.

Cambios en el Real Decreto

En concreto, tanto la LOMCE como los últimos borradores indicaban que los alumnos que quieran acceder a la Universidad el curso que viene deberían examinarse no sólo de las asignaturas troncales de segundo de Bachillerato, sino también de algunas materias de primero, algo que estaba generando mucho desconcierto en la comunidad educativa, que pedía de forma unánime el restablecimiento de la antigua Selectividad.

Respecto a la de 4º de la ESO, el Ministerio también cedería a las peticiones de la mayoría de las comunidades autónomas y de las organizaciones de la comunidad educativa, pues va más allá del compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de suspender los efectos académicos de estas pruebas hasta lograr el pacto educativo.

Fuentes ministeriales han indicado a Europa Press que el borrador de este proyecto de decreto ley lo envió Educación a los "negociadores" del PSOE este jueves 17 de noviembre. En el texto indica que las nuevas condiciones se mantendrán "durante un tiempo prudencial y suficiente" hasta alcanzar el pacto educativo y las mismas fuentes han explicado que este plazo lo acordará Méndez de Vigo con las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial del 28 de noviembre.

Desestimada la suspensión cautelar

La decisión del Ministerio se ha conocido el mismo día en que la Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar del Real Decreto que regula las 'reválidas'. En dos autos, la Sala rechaza la pretensión de suspensión cautelar del Real Decreto formulada por las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón.

Aunque el Alto Tribunal ha dado a conocer los autos correspondientes a los recursos de estas dos comunidades, otras como Cantabria también han recurrido las pruebas de la LOMCE.

Según informa el Alto Tribunal, ambas comunidades tienen planteado recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 310/2016, al que acompañaron la petición de medida cautelar de suspensión del mismo mientras se resuelven sus recursos, ya que argumentaban que su aplicación les supondrá importantes perjuicios (entre ellos de desembolso económico) que serían de imposible reparación si finalmente el Supremo les da la razón y estima sus recursos.

Entre otros argumentos, la Sala no comparte que exista riesgo de perjuicio irreparable para esas comunidades ya que el Real Decreto prevé realizar las evaluaciones al final del curso escolar 2016/2017, por lo que hay tiempo para que, con la suficiente antelación, el alto tribunal resuelva los dos recursos.

En cuanto a las alegaciones relacionadas con el coste que supondrá la realización de las evaluaciones y los eventuales perjuicios que comportarían para el profesorado, los alumnos y sus familias, el tribunal señala que carecen de acreditación efectiva.

Para el Supremo, no procede adoptar en este momento la medida cautelar que solicitan las dos comunidades porque "ni han puesto de manifiesto la concurrencia de una apariencia de buen derecho susceptible de justificar la suspensión que pretende ni tampoco ha justificado que la vigencia del Real Decreto origine perjuicios de imposible o difícil reparación".

Respecto de la apariencia de buen derecho, los autos recuerdan que se ha considerado procedente fundamentar en ella una medida cautelar en la fase inicial del proceso como la que se ha pedido, "solo cuando el recurso se dirija contra actos de mera aplicación de disposiciones declaradas nulas, en los casos en que la actuación cuestionada sea sustancialmente idéntica a otra que ya fue jurisdiccionalmente anulada o en los que la nulidad de la actuación impugnada sea apreciable 'ictu oculi'".

"Como resulta evidente -dice el Supremo-, nada de esto sucede en la presente ocasión. Desde luego, la pendencia de recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos legales en virtud de los cuales se ha dictado el Real Decreto no es equiparable a ninguna de las circunstancias indicadas. Su impugnación ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas no aporta por sí sola una singular apariencia de buen derecho. Vale tanto a estos efectos como la falta de impugnación por otras comunidades autónomas. Es decir, sirve para constatar la existencia de una controversia pero no para cualificar la posición de quien pretende la adopción de la medida cautelar".

Finalmente, la Sala señala que la jurisprudencia sigue un criterio muy estricto a la hora de suspender cautelarmente disposiciones generales.

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