El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido desde que comenzó su actividad en enero de 2015, hace 20 meses, un total de 1.874 iniciativas ciudadanas, entre las que destacan 1.082 (57,7%) reclamaciones, 503 (26,8%) informaciones al ciudadano, 196 (10,5%) consultas sobre aplicación de la ley y 55 (2,8%) denuncias por su incumplimiento. Del total, 24 corresponden a Cantabria.
Según ha informado este miércoles el organismo estatal en un comunicado, de las 1.082 reclamaciones presentadas ante el Consejo, un total de 911 (84,2%) corresponden a la Administración General del Estado, mientras que 171 (15,8%), a las comunidades autónomas.
Han suscrito convenio, para que el Consejo de Transparencia estatal atienda sus reclamaciones, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria -incluyendo sus entidades locales-, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por tanto, el Consejo suma a las reclamaciones de la Administración General del Estado las que presentan los ciudadanos de todos estos territorios mencionados relativas a sus administraciones públicas, que afectan a más de 5,2 millones de ciudadanos y 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.
Cantabria fue la comunidad autónoma que más reclamaciones ha presentado en el primer cuatrimestre del año, 18, de las que la mitad fueron resultas y la otra mitad estaban pendientes. Hasta agosto, las reclamaciones fueron 24, el mayor número tras el de Castilla-La Mancha (30).
Incremento en julio y agosto
De las 1.874 iniciativas ciudadanas tramitadas por el Consejo de Transparencia, 1.082 han sido reclamaciones de ciudadanos, con un incremento en los meses de julio y agosto, con respecto a las acumuladas hasta junio, del 16,8%.
Hasta el pasado 31 de agosto, los ciudadanos que no estuvieron conformes con la respuesta recibida de la Administración General del Estado o no han obtenido respuesta, presentaron un total de 911 reclamaciones.
Las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia en los meses de julio y agosto y favorables a los ciudadanos se refieren, entre otros asuntos, a retribuciones de empleados públicos y personal eventual, licitación de trenes AVE, contratos licitados para las líneas AVE del corredor mediterráneo, 'Y vasca', corredor noroeste, Madrid-Barcelona-frontera francesa, eje atlántico, Córdoba-Málaga, Madrid-Extremadura-frontera portuguesa, Madrid-Valladolid-León, Atocha-Chamartín, Venta de Baños-Vitoria, Sevilla-Cádiz y Antequera-Granada.
Asimismo, se han resuelto a favor de los ciudadanos reclamaciones sobre licitación de contratos para concesión de autopistas de peaje, retribuciones fijas y variables del personal, incidentes en centros penitenciarios, fallecimiento de internos que dan derecho a indemnización para sus familiares, efectivos de la Guardia Civil en las prisiones y gastos en vigilantes de seguridad, retribuciones a los directivos de INECO, funcionarios jubilados por incapacidad permanente, puestos de funcionarios creados entre 2010 y 2016 y relación de puestos de funcionarios amortizados en el mismo período o instalaciones del CSIC cedidas a terceras empresas.
A lo largo de sus primeros 20 meses de funcionamiento, el Consejo ha resuelto también a favor de los ciudadanos reclamaciones sobre los gastos de las embajadas en el exterior, la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, el informe sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela, reuniones con empresas del sector tabaquero, fondos recibidos por la Iglesia Católica, abogados del Estado en excedencia o criterios para la adjudicación del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas.
Recursos contencioso-administrativo
Por otro lado, hasta este miércoles se han interpuesto 22 recursos contencioso-administrativos, que representan el 2% de todas las reclamaciones registradas, frente a resoluciones del Consejo de Transparencia y presentados, en su mayoría, por organismos públicos.
De las 171 reclamaciones recibidas hasta junio, se han admitido a trámite 99, que son las procedentes de comunidades autónomas que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia, correspondiendo el mayor número a Castilla-La Mancha (30), Cantabria (24) y Asturias (19).
Entre las resoluciones correspondientes a las administraciones territoriales, destacan las que dan la razón a las presentadas por ciudadanos y relativas a datos sobre tasa de reposición de empleados públicos, contratos y concesión de licencias de vallas publicitarias o licencias municipales para centros de tratamiento de residuos.
