Prácticamente todos los implicados en una trama dedicada a la venta y distribución de carne sin ningún control sanitario y, en algunos casos, en mal estado, han reconocido los hechos ante el juez del Juzgado de lo Penal 1 de León, donde este jueves ha comenzado el proceso. De los nueve, ocho han corroborado los delitos para lograr llegar a un acuerdo con la Fiscalía que les ha permitido rebajar considerablemente las penas que se solicitaban para ellos.
De esta forma, los propietarios y gerentes de siete empresas cárnicas y un restaurante de la provincia leonesa han admitido en sede judicial que vendían carne y embutidos que ocasionaban un grave riesgo para el consumo humano y que no contaban con las mínimas garantías sanitarias, como etiquetado, caducidad y registro sanitario, según publica ileon.com.
Para el que la Fiscalía pedía más pena era para el propietario de Cárnicas Cantábrica, empresa que contaba con una carnicería y unas dependencias anexas que se dedicaban al sacrificio de ganado ovino, algo que se hacía sin contar con la pertinente autorización administrativa y sin observar las mininas garantías de salubridad.
Además, para aparentar que la carne sí contaba con todos los requisitos legales y sanitarios necesarios utilizaba un sello que imitaba al oficial del matadero de León, aparentado que el ganado había sido objeto de sacrificio en dicho matadero. También distribuía carne de animales destinada al consumo humano a sabiendas que no contaba con las mínimas garantías sanitarias.
Tras el acuerdo al que se ha llegado este jueves, ha sido condenado a un año y dos meses de cárcel, frente a los siete que pedía la Fiscalía, más una pena de inhabilitación de un año y medio (se pedían seis años) tras aplicársele los atenuantes de dilación indebida del procedimiento y de reconocimiento de los hechos y arrepentimiento.
En el caso del responsable de Cárnicas Babia, que ya ha sido condenado por hechos similares en la provincia de Zamora y se encuentra en prisión, también ha reconocido que se dedicaba a distribuir carne de distinta naturaleza sabiendo que carecía de las mínimas garantías sanitarias. Ha sido condenado a 11 meses de cárcel y a un año y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con la alimentación. Se le han aplicado los mismos atenuantes.
También han sido condenados los responsables de Cecinas Carrera, Servipast, Rodriporc, Cárnicas Pio y Lofrileon, acusados de los mismos hechos y a los que también se les han aplicado los atenuantes de dilación indebida y de reconocimiento de los hechos. Han sido condenados a cinco meses de prisión y a nueve meses de inhabilitación.
Por último, el gerente de la Cueva Miñambres, de Valdevimbre, también ha sido condenado por un delito contra la salud pública a tres meses de prisión y a nueve meses de inhabilitación. No obstante, en este caso, la Fiscalía se ha mostrado favorable a la suspensión de la pena de inhabilitación y a la concesión del indulto por tratarse de "un hecho puntual". Además, la cantidad de carne que almacenaba en mal estado era de apenas 9 kilos.
El resto de los procesados tenían en su poder casi 14 toneladas de carne y embutidos en mal estado.
Uno de los acusados defiende su inocencia
Pese a que la mayoría de los implicados en este procedimiento ha reconocido su culpabilidad, uno de ellos sigue defendiendo su inocencia. Se trata del propietario de un matadero, que está acusado de almacenar más de 4.719 kilos de carne sin ningún control sanitario.
La Fiscalía solicita para él 2 años y 5 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación. El juicio para determinar su responsabilidad en los hechos ha comenzado este jueves.
