“No hay discriminación, pero existen profesiones masculinizadas y feminizadas, y eso forma parte de nuestra educación”

Ana Belén Álvarez (Santander, 1963) se convertía en esta legislatura en la consejera de Empleo y Políticas Sociales, una nueva cartera que no le es extraña después de que en la anterior legislatura con el bipartito PRC-PSOE fuera la directora general de Trabajo. Y al igual que el resto del Ejecutivo autonómico, ha tenido que afrontar la gestión de la crisis del Covid-19, en su caso como responsable de las residencias en las que el virus ha generado algunas de las situaciones más difíciles del último año. En una entrevista exclusiva, la titular de la Consejería analiza los retos de Cantabria en materia de empleo, dependencia y vivienda.

Las residencias de Cantabria han vivido los momentos más críticos de la pandemia. ¿Se está notando el efecto de la vacuna?

Dentro de la prudencia, hay un control, pero el virus no ha desaparecido. La incidencia es mínima. Hay 8 personas dependientes y un trabajador que son Covid positivo de cerca de 10.000 en total. La situación no tiene nada que ver con lo que tuvimos. Ha habido un trabajo muy exhaustivo de los profesionales, una gran responsabilidad de las familias y también tenemos el efecto de la vacuna. Hace poco más de un mes teníamos 140 positivos en el ámbito de las residencias. Tenemos que ver esa parte de esperanza, que avanzamos por ese túnel al que ya llegamos a la salida, pero siempre con mucha prudencia.

Se está hablando de que la protección que otorga la vacuna dura un tiempo limitado. ¿Hay en este sentido algún plan coordinado con Sanidad para evitar una situación como la vivida?

Dentro de la prudencia, la situación en las residencias está controlada, pero el virus no ha desaparecido

Ahora estamos coordinando con Sanidad la vacunación de todas las personas en residencias, donde solo quedan situaciones puntuales y concretas, de profesionales y personas dependientes de centros de día y de los grandes dependientes que viven en sus domicilios. Nos centramos en la estrategia de que las personas más vulnerables reciban la vacuna los primeros. El mayor efecto de la vacuna es pasado un mes desde la segunda inoculación, y ese es el escenario en el que nos tenemos que ir moviendo. Ahora bien, si va a formar parte de una campaña de vacunación como la de la gripe, será Sanidad la que planificará y estudiará, y nos lo trasladarán.

Como responsable del área que gestiona la atención a estos grupos de mayor riesgo, ¿qué opinión le merece que algunas personas utilicen las residencias para saltarse la lista de vacunación?

El calificativo hacia esas personas sería muy duro, y prefiero obviarlo. Pero sí puedo decir que son unas personas egoístas e injustas. Se han saltado una estrategia de vacunación frente a quien más necesita esa vacuna, no solo del entorno de una residencia sino que está en su domicilio o en un centro de día.

A principios de año señalaba marzo como el momento de presentar el borrador del anteproyecto de la Ley de Vivienda. ¿Se cumplirá el plazo? ¿Cuál es la prioridad del documento?

Seguimos teniendo ese horizonte de mediados del mes de marzo para tener el documento base que hemos trabajado con más de 30 entidades de distinta tipología. Fundamentalmente contempla ampliar el parque público de vivienda, la rehabilitación y regeneración urbana, es decir, hacer más ciudad, y proteger a los consumidores. A veces planificamos y las fechas, por distintas circunstancias del día a día, cambian, pero nuestro objetivo se mantiene.

¿Ha estado en contacto con la oposición de cara a facilitar su tramitación?

Aquellos que han utilizado las residencias para vacunarse antes de tiempo son personas egoístas e injustas

Nuestra idea es que, en cuanto tengamos el documento, lo trasladaremos a la sociedad y a los grupos parlamentarios. Luego habrá el debate que tenga que haber, que es legítimo y necesario, pero antes queremos explicar a los grupos el porqué de ese documento y no otro.

El Gobierno a nivel nacional también está preparando una Ley de Vivienda, pero las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos parecen estar frenando su desarrollo. ¿Cómo puede afectar esto a Cantabria?

Vamos a seguir el trámite, y cuando haya una ley de marco estatal, si hay alguna cuestión que hable de competencias exclusivas del Estado, se adapta la ley.

Mencionaba la protección al consumidor. ¿Se contempla aquí la regulación del precio de la vivienda y del alquiler?

Tenemos que tener en cuenta las distintas normas. Hay diferentes leyes que hay que conjugar para que no entren en colisión, y a veces no es fácil. La protección al consumidor va mucho más allá del precio. Contempla todo el proceso de adquisición o alquiler de una vivienda.

El Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia estima un importante aumento de plazas en las residencias. ¿Cantabria está preparada para afrontar este incremento?

El estudio es totalmente objetivo, basado en la prevalencia de la dependencia y lo que nos demandan los usuarios. El estudio demográfico del ICANE dice que Cantabria decrece y envejece, y en el horizonte de 2017 la población dependiente representará el 4% del total, cuando ahora es el 3,6%. En esa proyección se estima también un incremento de más de 1.000 personas, superando los 22.000. Esto supone que van a demandar una serie de servicios, que cada vez más están centrados en que la persona dependiente permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio. Y eso implica que tenemos que reforzar los servicios y la atención a esa persona. Al mismo tiempo, vamos a encontrarnos en una situación en la que, por la esperanza de vida, la población va a demandar un servicio residencial. El Mapa de Recursos nos permite tener una proyección en el ámbito de los servicios para poder evaluarlo y poder hacer los cambios. Es una herramienta de trabajo para conocer las áreas, con una serie de indicadores y que no haya distorsiones. Ni es una decisión política ni unipersonal. Lo que buscamos es que las zonas básicas tengan la media de los recursos de su área, que haya un equilibrio territorial y que la persona no tenga que salir de su entorno el mayor tiempo posible. También estamos viendo que en la decisión de solicitar un centro residencial no es solo de la persona dependiente, sino también de su familia. Conjugar todos estos elementos es lo que nos llevó a realizar el Mapa de Recursos.

La protección al consumidor va mucho más allá del precio de la vivienda

El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, afirmaba que a consecuencia de la pandemia la lista de espera de la Dependencia prácticamente había desaparecido. ¿Puede volver a incrementarse cuando la situación se estabilice?

El mayor efecto está claro que ha sido la pandemia, un efecto de shock en todos los aspectos, por lo que decidir que una persona vaya a vivir a una residencia es más complejo. El miedo está y es totalmente comprensible. Pero antes del Estado de Alarma de marzo del año pasado ya habíamos concertado más de 200 plazas de todo tipo de servicios. Eso también supuso rebajar la lista de espera. Entendemos que este 2021 nos llevará poco a poco a ese nuevo horizonte y estamos convencidos de que a finales de este año y principios del que viene cambiará. La toma de decisión de que una persona vaya a una residencia, en un porcentaje altísimo, es cuando los recursos ya no dan para una atención al 100% como una realmente se desea.

Mencionaba que la población de Cantabria decrece y envejece. ¿Cómo se puede atraer el empleo juvenil para que arraigue población?

Tenemos que hablar de modelo económico y transformación productiva. No es solo atraer a los jóvenes, sino saber hacia dónde queremos que vaya el empleo y la recuperación económica. Si hay una transformación productiva, qué modelo energético queremos, la digitalización, que es fundamental, sobre manera en el entorno rural, la reindustrialización… Todo ello conjugado con el reto demográfico y con la economía de los cuidados, ese pilar del Estado de Bienestar del siglo XXI. Ahí es donde tenemos que trabajar y avanzar. Las medidas incentivadoras vía subvención por estar en uno u otro entorno son un impulso, pero no calan para que realmente haya una incorporación importante. Desde el punto de vista de los jóvenes, estamos haciendo una apuesta muy importante por el contrato en prácticas, darles oportunidades de empleo en lo que se han formado con independencia del nivel de formación que tengan, ya que cuando salen al mercado de trabajo les piden experiencia. Y lo vamos a trasladar a los ayuntamientos mediante convocatorias para que contraten a jóvenes en el entorno rural, lo que permitirá que vayan desde áreas urbanas. También lo vamos a hacer en el sector público autonómico.

Muchas personas en Cantabria siguen en ERTE y con problemas para cobrar las cantidades que les corresponden. ¿Cómo se puede solucionar esta problemática?

Nosotros no reconocemos la prestación de los trabajadores en ERTE, es una función del SEPE. Lo que hace Cantabria es el Expediente de Regulación de Empleo que presenta la empresa. El SEPE de la Comunidad, con todos los retrasos que hubo, fue de los que mejor abordó y resolvió el número de expedientes. Hubo retrasos porque las mismas personas que reconocían lo ordinario tuvieron que reconocer lo extraordinario. Desconozco si quedan casos puntuales porque no nos llegan a nosotros. Los expedientes que están llegando ahora se resuelven rápido porque la situación no es ni parecida a la que tuvimos. En aquel momento tuvimos que resolver más de 7.200 Expedientes de Regulación de Empleo con las mismas personas, y cuando se han introducido los cambios a partir de octubre, no ha habido ningún problema.

En términos objetivos de empleo, no estamos en el agujero de 2013, pero eso no quita que bajemos la guardia

Muchos de estos ERTE pueden terminar convirtiéndose en desempleo. ¿El Gobierno está preparado para afrontarlo?

Esperemos que eso no ocurra, aunque es cierto que hay situaciones que son críticas y difíciles en todos los aspectos: económico, social… Tanto los trabajadores como los empresarios, y fundamentalmente los sectores más contrariados como la Hostelería, el turismo o el comercio. Pero en números, totalmente objetivos, no estamos en los mismos que en 2013. Hay que hablar claro. Nos preocupa mucho ese posible 20% de destrucción de empleo una vez finalice el ERTE, porque detrás de un empleo hay un trabajador, pero también un empresario y un negocio, y todos han puesto de su parte para que eso funcione. Pero en términos objetivos, no estamos en el agujero de 2013. A mes de diciembre, había en Cantabria 215.000 afiliados a la Seguridad Social, y en diciembre del 2013 había 193.000 afiliados. En diciembre de 2020 teníamos más de 42.000 personas en paro, pero en 2013 teníamos cerca de 57.000. Y en ERTE, en diciembre de 2020, teníamos en torno a 8.500 personas, y en diciembre de 2013 estábamos en el entorno de las 4.600. Conjugando todo ello, nuestra posición no es la que hemos vivido en la anterior crisis económica, pero eso no quita que bajemos la guardia. Lo importante ahora es la salida, la recuperación económica y en conjugar esa transformación productiva.

Desde el ámbito del empleo, ¿cómo se puede luchar contra la brecha salarial?

Un convenio colectivo debe tener un control de legalidad, y no puede pasarlo si hay una discriminación. Pero luego están las categorías profesionales. Y esto forma parte de nuestra propia construcción social, es decir, la educación que recibimos. Existen profesiones feminizadas y profesiones masculinizadas, y en un mismo convenio nos podemos encontrar una categoría profesional con un salario y otra con un salario menor, y da la casualidad que la profesión feminizada es la de salario inferior. Tenemos que analizar esa parte que forma parte de ese itinerario que como sociedad tiene que ir calando en la educación, y dar valor en la negociación colectiva a ese plus añadido de estudiar qué mujeres se pueden ver afectadas. Muchas veces se está haciendo el mismo trabajo, pero la categoría profesional es diferente, y eso determina el salario diferente. Dentro de esa lucha, estamos haciendo especial incidencia en salarios, cotizaciones, tipo de contratación,… para ver si hay discriminación hacia las mujeres desde el punto de vista salarial. Pero lo que tenemos que hacer es que en una empresa, con independencia de que sea hombre o mujer, tenga la misma retribución. Lo que hay que estudiar, y de ahí la importancia de los planes de igualdad, es el poso interno que tiene la categoría profesional y si la ocupa mayor parte hombres o mujeres. También deberíamos hacer otro balance muy importante de por qué se hace el contrato a tiempo parcial a las mujeres, que ocupan un porcentaje muy alto. Y por qué una excedencia por guarda legal la piden mayoritariamente las mujeres y no los hombres. Se podría pensar que hay una cuestión económica, pero cuando los dos ganan lo mismo y tienen garantizado su puesto de trabajo, como en la Administración pública, las excedencias las piden las mujeres. Desde el ámbito educativo deberíamos hacer esa profundización, porque el cuidado de un hijo es tanto de su padre como de su madre.