Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), portavoz parlamentario de Izquierda Unida y coportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, visitó Cantabria para abordar cuestiones como el sistema universitario y la actualidad política, asuntos en los que pone el foco en esta entrevista.
Su visita a Cantabria se ha centrado en la educación y el sistema universitario. Con lo ocurrido durante la actual pandemia, ¿cree que el sistema educativo español está preparado para afrontar crisis de este tipo?
Se ha puesto de manifiesto que cuando en una sociedad recortas inversiones públicas y haces que los sistemas sociales se vayan debilitando, en situaciones como estas encuentras problemas. Se ha visto que la brecha digital existía y tenía un condicionamiento social muy evidente que tiene que ver con las condiciones del mercado de trabajo, la precarización de la vida, del empleo pero también de los problemas de acceso a la vivienda digna, los problemas del mercado de alquiler, de acceso a suministros y, por supuesto, en la educación se ha notado que ha habido comunidades autónomas que han recortado mucho y en un modelo descentralizado de Estado la administración central no está en condiciones de garantizar derechos fundamentales como la educación. En Madrid tenemos un escándalo ya que el día 22 se despide a 1.200 profesores de refuerzo que se contrataron con dinero de la administración central y que no va a mantenerlos en la pública pero sí se mantiene convenios de financiación extraordinaria en la privada que les permiten mantener los refuerzos. La brecha digital y las dificultades de muchas familias que no tienen ordenadores o wifi se ha puesto de manifiesto y evidentemente ha habido retraso en la garantía educativa para mucha gente.
Mencionaba la politización de esos recursos en el sistema educativo, ¿cree que por ahí va también la polémica que se ha generado en torno a la Ley Celaá?
Ha sido muy peculiar que a la vez que se ha realizado este brutal ataque a la Ley Celaá se hayan publicado los resultados de las últimas evaluaciones de los informes PISA en los que en la mayoría de comunidades de España ha descendido en calidad y formación de los alumnos. Es obvio que la Ley Wert no mejoró el sistema educativo. Seguimos teniendo los mismos problemas estructurales e incluso se han incrementado. Hacía falta una nueva ley de educación. No es verdad lo que se ha dicho de la Ley Celaá, se ha intentado centrar en el debate autonómico como siempre, pero lo cierto es que, como se ha podido comprobar, se ha vuelto a una situación en la enseñanza en Cataluña que existía hasta 2007. Realmente no se está haciendo nada que no se haya hecho en administraciones hasta incluso del PP. Hay una exacerbación de la noticia falsa como elemento de confrontación política.
No se puede hacer política sobre el insulto, la degradación, la amenaza y sobre todo sobre la mentira sistemática
¿Qué valoración hace de la política actual en el Congreso?
Estamos perdiendo la tolerancia que tiene que imperar en cualquier democracia. La voluntad de construir acuerdos si es posible, y si no lo es, de mantener el mínimo respeto al adversario político. No es cuestión de que acabe constantemente en un conflicto de vida o muerte, volvemos a situaciones vividas en otros momentos históricos y que acabaron muy mal. No se puede hacer política sobre el insulto, la degradación, la amenaza y sobre todo sobre la mentira sistemática. El otro día Vox decía en la tribuna de oradores que todos los menores extranjeros de España son violadores. Decir eso a la vez que han tenido que sustituir a un diputado de su grupo parlamentario por una acusación de violación es llamativo. Es una degradación de la convivencia que todo el mundo identifica que es responsabilidad de la derecha que no da legitimidad al gobierno de este país, que no da legitimidad democrática a ningún gobierno que no sea el de ellos, que parecen imbuidos por una designación divina que son los únicos que pueden legítimamente ostentar el gobierno democrático de este país. Es una distorsión de la democracia impropia de alguien que se considere demócrata.
Da la sensación de que la tensión política que se vive en el Congreso se está trasladando a la calle y a colectivos que están despertando viejos fantasmas. ¿Estamos volviendo al pasado?
La única solución es que los ciudadanos, los votantes, sean conscientes de que no todo vale. Una cosa es tener ideas de derecha o izquierda y otra dar fortaleza a personas que actúan de manera violenta, que buscan confrontación. Todo el día estamos evitando contestar a provocaciones, el jueves mismo en el Congreso hubo dos provocaciones directas a diputados por parte de otros diputados de extrema derecha. Incluso el otro día un trabajador que llevaba 30 años trabajando en el Congreso me comentaba que no había visto esta situación nunca ni en los momentos más duros de la transición. Los comentarios falsarios sobre la ley de eutanasia -no es una ley para matar como decían ellos, igual que el divorcio no era una ley para obligar a nadie a divorciarse, por ejemplo- son situaciones muy irresponsables que están ubicadas en la ultraderecha y que desgraciadamente la derecha del PP las sigue. Estos vetos ahora de Casado a acuerdos parlamentarios en los que intervengan fuerzas políticas como Unidas Podemos que tiene tres millones de votos no son muy democráticos.
"Ahora no se rescatan bancos, ahora se rescatan personas"
El Congreso, en los últimos meses, está sacando adelante numerosas iniciativas, como el Salario Mínimo, la ley de libertad sexual, la eutanasia. España parece que se equipara en derechos sociales a otros países europeos a pesar de la oposición de algunos grupos.
Lo que ha pasado es que la izquierda ha entrado en el gobierno de España. Por primera vez en 80 años hay una fuerza de izquierdas consecuente que no se deja llevar tanto por las políticas neoliberales que es lo que ha pasado en muchos periodos con el PSOE. Ahora no se rescatan bancos, ahora se rescatan personas. Eso no significa que no se ayude a las empresas, este gobierno ha hecho también una inversión con el mantenimiento de empleo a través de los ERTE, con tantos recursos o incluso más que los destinados a las familias, un esfuerzo en garantizar los derechos y las condiciones de vida básicas a través del escudo social acompañado también de un esfuerzo de recuperar libertades. Las libertades han sido muy cercenadas en España durante los gobiernos del PP. La ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza, las modificaciones que ha ido habiendo en el código penal… todo esto son normas que tenemos que ir dando ahora marcha atrás, el problema es que el estado de alarma nos ha obligado a cambiar el calendario legislativo y dejar aparcadas momentáneamente muchas leyes que están en el acuerdo del Gobierno de coalición porque ha habido que priorizar en el escudo social y el mantenimiento del empleo en nuestro país. Ahora mismo la reforma laboral y la subida del salario mínimo es una prioridad, como están haciendo todos los países del resto de Europa con la finalidad de inyectar más recursos a la economía. La subida del salario mínimo en una empresa redunda en que ese trabajador pueda consumir más y pueda, por lo tanto, ayudar a que el pequeño comercio no se cierre, el dinero se mueve en la sociedad. Tenemos ahora que abordar también la reforma de la ley de seguridad ciudadana para recuperar derechos así como la reforma del código penal. El jueves también se dio un paso muy importante con la aprobación de la Ley de Eutanasia que fue la toma en consideración de la reforma del artículo 315 del código penal -el que criminaliza las actividades sindicales en momentos de huelga-, eso también en una recuperación de espacios de libertad.
Parece que hay formaciones que quieren blanquear nuestra historia más negra. ¿Qué riesgos puede tener esto?
En Portugal el pueblo acabó con la dictadura, en Europa los pueblos de Europa acabaron con el fascismo y nacismo, aquí la dictadura fascista se murió en su cama y hubo una transición en la que hemos heredado las instituciones fascistas y las instituciones no se cambian de un día a otro. Eso es un problema, partimos de un déficit democrático importante. En Europa hay un surgimiento o auge de la ultraderecha y esperemos que eso cambie ahora con la derrota de Trump, que ha sido el gran impulsor de ese movimiento autoritario mundial. Pero también es cierto que en España el franquismo nunca desapareció, estaba en el PP, pero ahora en este contexto sobre todo exacerbado por la crisis económica lo que ocurre siempre es que proponen soluciones muy sencillas para conseguir que grandes sectores de la sociedad apoyen las propuestas franquistas autoritarias. Al final se resume todo en contraponer pobres contra otros más pobres. El problema del empleo de España no son las políticas de regulación del mercado laboral, según Vox es que vienen inmigrantes, como si cuando no venían inmigrantes no había problemas de empleo en España. Ese discurso populista, autoritario, está utilizando esa coyuntura de crisis económica y las políticas de recortes neoliberales para conseguir sus objetivos políticos y eso se combate mejorando las condiciones de vida de la gente, solo con políticas expansivas del gasto público y de defensa de lo público es posible que en este país tenga todo el mundo un bienestar ya que hay suficientes recursos para que la gente viva bien. Eso no se limita porque vengan personas de fuera de nuestro país igual que los españoles fueron a Alemania y no generaron ningún problema allí, todo lo contrario, han ayudado al crecimiento político y social de Alemania, por ejemplo.
Es una anomalía que España lleve 80 años sin votar un jefe de Estado, no es muy propio de un sistema democrático
Algunos partidos parecen querer cerrar la puerta a abordar las posibles irregularidades del Rey Emérito, ¿a qué cree que se debe?
Es una anomalía que España lleve 80 años sin votar un jefe de Estado, no es muy propio de un sistema democrático, y tiene que ver con que se quedaron las instituciones del franquismo y eso ha ido que irlo cambiado poco a poco. Tiene que llegar el momento en el que también se cambie la institución de la jefatura del estado para algo tan sencillo como que los españoles podamos elegirla, yo espero que no lleguemos a los 100 años sin elegir una jefatura de estado. Sería tremendo en el contexto europeo en el que nos movemos. A eso se añade que además son multitud los indicios de actividades ilícitas de índole económico que se le atribuyen al exjefe del estado, algo que no lo sabemos porque lo esté investigando la justicia, sino porque los medios de comunicación lo publican con todo lujo de detalles y porque además la justicia de otro país sí los está investigando, la justicia suiza. La española no está investigando porque las actividades de investigación de la fiscalía no judicializan nada si no se presenta a los tribunales como una denuncia. Como no se ha presentado denuncia, en el ejercicio de la acusación popular, IU junto al Partido Comunista y el foro de abogados y abogadas de Izquierda presentamos en el 2018 una querella criminal en el Tribunal Supremo. El Supremo no la admitió a trámite con el argumento de que ya se investigaba en la Audiencia Nacional, sin embargo, esta ha declarado que no investigan al Rey Emérito sino a Corinna Larsen y a Villarejo y que además archivaron la investigación donde aparecían cuentas corrientes o impago de los supuestos 65 millones por el Rey a Corinna. De esta manera se ha ratificado que ninguna instancia judicial lo está investigando y por eso ahora hemos pedido la reapertura de esa querella, que se admita a trámite, y que se investiguen no solo los hechos que pusimos sobre la mesa en el 2018 sino los nuevos. ¿En un estado de derecho alguien puede mantener que el jefe del estado tiene impunidad? No. En los sistemas democráticos es lógico que la jefatura del estado este investida de una protección pero nunca equivaldría a la impunidad.
¿Qué valoración hace de la situación del partido en Cantabria? ¿Y en España?
Estamos trabajando todo lo que podemos, somos una fuerza política modesta. Siempre históricamente hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y aportar lo mejor para defender los derechos del pueblo, lo hicimos defendiendo la legalidad constitucional republicana en el frente popular, lo hicimos oponiéndonos al franquismo durante muchos años en solitario, después ya afortunadamente al final de la dictadura con más fuerzas y colectivos políticos hemos impulsado amplios procesos de organización de la izquierda con IU y ahora en el marco de Unidas Podemos. Desde IU el partido sigue trabajando en esa línea. Para nosotros lo importante son los intereses de los trabajadores y del pueblo. Dentro de nuestra humildad y modestia estamos muy contentos de que podemos aportar ahora un ministro y ministra en el Gobierno de España que creemos que lo están haciendo muy bien al igual que el resto de Unidas Podemos. Estamos orgullosos de contribuir en un momento como este a garantizar los derechos fundamentales y más básicos de la población de este país.
