Abogado de profesión, Alberto Bolado Donis (Santander, 1970) considera que es importante que las personas con discapacidad, en su caso la ceguera, tengan visibilidad en cargos públicos y en puestos importantes de las empresas, y valora muy positivamente la legislación vigente que regula la accesibilidad de este colectivo que representa el 10% de la población, aunque afirma que no existen mecanismos para obligar a su cumplimiento. Asimismo, para una verdadera integración en la sociedad cree que es fundamental lograr una mejora de la accesibilidad y una incorporación al empleo en las empresas.
Como miembro del Parlamento y secretario primero de la Mesa, ¿ha encontrado muchas dificultades de accesibilidad?
No demasiadas. Es más, he encontrado una muy buena predisposición por parte de los funcionarios, que se han implicado mucho desde el principio en hacerme la vida más fácil. Ha sido una acogida estupenda, he notado que las personas se sensibilizan automáticamente cuando tienen delante el problema.
Lo que debe hacerse es que, al igual que se inspeccionan otras cuestiones, la accesibilidad y la legislación que la regula pasen a formar parte de la agenda del control de oficio que la propia Administración realiza.
Lo que ocurre con los temas de accesibilidad universal y con la legislación que regula la discapacidad es que existe un marco normativo que, aunque pueda ser mejorable, en general es bastante avanzado, pero muchas veces se queda en una mera declaración de intenciones que no se cumplen por varios motivos, el más importante la propia sensibilización social. Además, las personas que tienen que tomar las decisiones muchas veces no son conscientes de que existe este problema, que aparentemente puede parecer minoritario pero que en realidad afecta a un 10% de la población. Esta falta de sensibilización no es por mala intención, evidentemente, sino por puro desconocimiento.
¿Cuál es el motivo de que el marco normativo no se aplique como debería?
El problema es que las leyes que regulan la discapacidad no incluyen consecuencias claras por su incumplimiento. Eso implica que puede haber una regulación maravillosa, pero si por el hecho de incumplirla no pasa nada, al final no existe la sensación de que es algo de obligado cumplimiento.
¿Ha propuesto Podemos alguna medida para incorporar esas consecuencias a los textos legislativos?
En los próximos días vamos a concretar una reunión con el Cermi, que representa al conjunto de las personas con discapacidad, para escuchar cuáles son las propuestas que la sociedad civil tiene en esta materia. Creemos que es el primer paso que hay que dar, primero escuchar y luego hacer, no ir nosotros con una solución mágica.
Creo que hay que dar pasos para modificar determinadas leyes, y creo que es muy importante que las consecuencias de los incumplimientos no recaigan necesariamente en las acciones de los afectados. El gran problema que suele haber es que, ante una determinada dificultad de accesibilidad, el discapacitado tiene que acabar denunciando con un sistema muchas veces complejo. Si a esto sumamos en ocasiones la propia idiosincrasia de las personas con discapacidad, el resultado es que estos casos no se denuncian.
Lo que debe hacerse es que, al igual que se inspeccionan otras cuestiones, la accesibilidad y la legislación que la regula pasen a formar parte de la agenda del control de oficio que la propia Administración realiza.
Esto requiere que se implementen auditorías para que se revise periódicamente en qué situación se encuentran. En otros ámbitos que no son la discapacidad la inspección es de oficio, por lo que no creo que tengamos que ser ciudadanos de segunda. Esto es importantísimo, no es algo que se pida porque sí. De ello depende que muchas personas puedan acceder al empleo, a los servicios públicos, al ocio, …
Yo no puedo trabajar si no tengo acceso a muchas páginas web públicas, como por ejemplo el Registro de la Propiedad. Su página web no cumple con los criterios de accesibilidad, por lo que tengo que pedir que alguien acceda por mí. Y como eso hay muchos casos. Tenemos que ser combativos y reivindicativos, pero tenemos que exigirle a la Administración que sea la que lo controle, que haga auditorías, que incluya en todos los concursos públicos un requisito indispensable para cumplir con la legislación en materia de accesibilidad.
¿El Parlamento ha hecho algún cambio a raíz de su incorporación como diputado?
Sí que ha habido modificaciones pensando en concreto en mí, pero eso ha permitido que se beneficien todas las personas. Al final, el Parlamento es la casa de todos, por lo que los cambios permiten que aquí puedan venir todos los ciudadanos, tengan o no tengan discapacidad, y se puedan mover con comodidad.
Se ha adaptado el ascensor, se están instalando unos materiales con textura táctil que se pueden notar con un bastón cuando se llega a una escalera, se han puesto barandillas en el Hemiciclo para acceder a la Mesa Parlamentaria. Además, se van a poner rótulos en braille en las puertas de los despachos. Son cosas que facilitan mucho la vida.
La actividad parlamentaria genera mucha documentación. ¿Se ha facilitado el acceso también en este sentido?
La verdad es que muchas veces solo existe el papel, y es la parte más importante de mi trabajo. También nos llega información en formatos digitales que no son accesibles para personas con discapacidad, que yo no puedo leer. Las personas ciegas cada vez tenemos más posibilidades de estudiar y adquirir más educación, y eso hace que a lo largo de toda la vida tengas que enfrentarte a documentación que no está en un soporte accesible.
Esto no es algo nuevo para mí. Me dedico a la abogacía, que es otro ámbito en el que la documentación es extensa y fundamental. Todo documento que se pueda digitalizar lo podemos leer con el móvil o con el ordenador, lo podemos imprimir en braille o conectar un periférico que permite leer en este lenguaje, como si fuera una pantalla.
En el Parlamento, la mayor parte de la documentación se digitaliza, y ahora están empezando a digitalizarla toda porque no tengo otra forma de acceder a ella. Lo necesario es que sea en un formato en el que yo lo pueda leer.
¿Estas facilidades también se producen en el trabajo con otras instituciones?
Es más complicado. La documentación que envía el Gobierno, por ejemplo para preparar las sesiones parlamentarias sobre los temas que nos interesan, es siempre en papel, y suele ser muy extensa. Eso sí que es un problema, y es algo que he solicitado en la Mesa. No solo por mí, sino por el hecho de que se siga aportando todo en papel en pleno siglo XXI o que los parlamentarios nos desplacemos a las dependencias del Gobierno para consultar los documentos allí. Me parece que tiene que empezar a cambiar. No va a ser de un día para otro, pero en eso voy a ser todo lo insistente que pueda.
¿Desde Podemos han puesto en marcha alguna iniciativa en este sentido?
Hemos pedido que se acorten los plazos porque nos parecen excesivamente largos, y que además los documentos se faciliten en un formato digital que permita que todas las personas, independientemente de que tengan discapacidad o no, tengamos acceso. También es un ahorro importante de papel y mejora el cuidado del medio ambiente. Yo solo le veo ventajas.
Usted es abogado. ¿Cómo es la accesibilidad en el ámbito jurídico?
En general creo que existen los mismos problemas que con el resto de la Administración. Como parte de ella, incumple muchos aspectos, como las comunicaciones procesales de los juzgados. Al final muchas veces se resuelve con el voluntarismo de las personas que trabajan allí, que empatizan y deciden echar una mano, pero no porque realmente exista una metodología clara.
Para un juicio rápido, por ejemplo, los expedientes son muy grandes y los dan en papel. Ante eso, o se incrementan los gastos contratando a una persona que ayude o nos encontramos en una situación que no es precisamente de igualdad de oportunidades. Lo normal sería que esa documentación la facilitasen en un formato accesible. Incluso en las propias vistas, cuando se presenta un documento sobre la marcha, tengo que recurrir al secretario para que lo lea. Hasta ahora siempre he tenido muy buena acogida, pero algo habría que hacer. Creo que son cosas razonables que no están pensadas, también porque es necesario que las personas con discapacidad se empiecen a visibilizar, y por eso es bueno que haya miembros de este colectivo en política y ocupando puestos visibles en las empresas.
¿Cuál considera que es la principal preocupación del colectivo?
Creo que tiene que ver mucho con el empleo. La accesibilidad es algo fundamental, y es el presupuesto para tener las condiciones básicas y poder integrarse, pero el gran drama de la discapacidad es la dificultad para integrarse profesionalmente. Si una persona no tiene medios para ganarse la vida, e incluso aunque esos medios los proporcionase el Estado, que no es el caso, no se siente realmente integrada. Ahí es donde tenemos que dar la batalla. Estos dos temas, la accesibilidad y el empleo, van a ser los dos caballos de batalla donde pienso ser muy reivindicativo a lo largo de esta legislatura.
