Las sustituciones de los tutores de Infantil y Primaria se cubrirán en 24 horas y se agilizarán en el resto de niveles, según ha anunciado la titular de Educación, Marina Lombó, a los grupos parlamentarios que, a dos semanas del inicio del curso escolar, dudan de que el número de docentes sean suficiente, ven "improvisación" y denuncian "enormes lagunas" y falta de protocolos claros en muchos ámbitos.
Este curso escolar 2020-2021 arrancará el próximo 7 de septiembre en Cantabria con 31 unidades menos en Infantil y Primaria y con "más de un 90%" de aulas con menos de 20 alumnos. Además, en estos momentos, son 215 docentes los que se incorporan a la red pública para reforzar las plantillas y reducir las ratios este curso y el número "aumentará más", según ha indicado Educación.
Así, lo ha explicado Lombó tras reunirse este martes con los integrantes de la Comisión de Educación del Parlamento, en la que están representados todos los grupos de la Cámara (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox).
Posteriormente, la consejera se ha reunido con la Junta de Personal Docente y esta tarde lo hará con el Consejo Escolar. Además, ayer, se convocó una reunión telemática con los vocales de las tres permanentes de directores, Infantil y Primaria, Secundaria y Educación Concertada. A todos ellos, se les ha informado de los protocolos y medidas adoptadas de cara al curso 2020-2021 en Cantabria, marcado con la crisis sanitaria del COVID-19. También la consejera les ha informado de las reivindicaciones que planteará la comunidad en la sectorial del jueves, 27 de agosto, entre los ministerios de Educación y Sanidad y las comunidades autónomas para abordar esta 'vuelta al cole'.
Precisamente, una de las medidas adoptadas de cara al próximo curso será el anunciado establecimiento de un mecanismo "ágil" de sustitución de los tutores de Infantil y Primaria (en 24 horas) para hacer frente al aumento previsto de bajas laborales --ante cualquier síntoma el personal y el alumnado no deberá acudir a los centros--, no romper los grupos estables y dar una respuesta adecuada al alumnado. Esto será posible gracias al establecimiento para estos casos de llamamientos diarios en lugar de los habituales llamamientos semanales, una medida que, según Lombó, supondrá un "gran esfuerzo organizativo", pero que desde la Consejería se considera "imprescindible".
En todas las reuniones mantenidas este, Lombó ha explicado que, en materia de personal, es clave tanto el refuerzo como la agilidad en las sustituciones. Ayer se adjudicaron la mayor parte de las vacantes y las que quedan se cubrirán mediante ofrecimientos-.
En cuanto a los materiales de prevención, Educación ha anunciado que ayer comenzaron ya a llegar a los centros. En concreto, todos los centros cántabros, independientemente de su titularidad, recibirán mascarillas higiénicas y mascarillas FFP2, batas impermeables, pantallas protectoras, gafas de protección universal y guantes.
Tal y como se establece en el Protocolo de vuelta a las aulas, el resto de material lo adquirirán directamente los centros y habrá de incluir mascarillas para el alumnado para casos de rotura u olvido, y, especialmente, para los más vulnerables. Lo que no se plantea la Consejería es la instalación de termómetros en los centros ya que, según ha indicado, "hay informes que no apoyan esas decisiones".
PLANES DE CONTINGENCIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
Además, en cuanto a los planes de contingencia que deben presentar los centros, Lombó ha indicado que "la mayoría" ya lo ha hecho, aunque no todos. Sin embargo, ha señalado que se les ha dado "flexibilidad" para entregarlo y considera que lo importante es que "todos" lo tienen. Ahora, esos planes serán revisados por una comisión integrada por inspectores de Educación, personal del Servicio de Prevención de Riesgos y otro personal de la Consejería.
Además, cuestionada por la declaración responsable que deben entregar las familias confirmando que los niños acuden al aula sin síntomas compatibles con el COVID-19, la consejera ha explicado que "lo único" que se pretende es hacer "copartícipes" a las familia de lo que, a su juicio, "es una garantía para ellos mismos y el resto de compañeros del aula" de que ningún alumno acude con síntomas a clase.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Tras la reunión con la consejera, los miembros de la oposición han mostrado su preocupación por la planificación de este inicio de curso escolar marcado por el COVID-19. Y es que el PP, principal grupo de la oposición, considera que "se va tarde" y ve "enormes lagunas" en "muchos temas", según ha dicho su portavoz parlamentario, Íñigo Fernández.
Por su parte, el diputado de Cs Diego Marañón ha asegurado salir de la reunión con la consejera "todavía más preocupado" de lo que ya entró al considerar que faltan protocolos de cara al inicio de curso y a cómo proceder si se detectan positivos en un aula o en el transporte escolar.
Tanto PP como Cs se han preguntado también que ocurrirá con el servicio de 'Madrugadores' este curso, el cual consideran importante para conciliar la vida laboral y familiar. También ambos han defendido que se realicen pruebas PCR a los docentes al inicio del curso y que éstas, según plantea Cs, sean "periódicas". Además, la formación naranja reivindica la necesidad de que los centros cuenten con enfermero escolar.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, ve "improvisación", censura que haya que esperar aún más para conocer algunas medidas (algunas se determinarán en la sectorial del jueves entre el Gobierno y las comunidades autónomas) y cree además que no va a haber ni profesores ni medios suficientes para atender posibles brotes de COVID-19 en los centros.
Y desde los grupos de PRC y PSOE, que sostienen al Ejecutivo en la Cámara regional, han confiado en que el inicio de curso arranque con las mayores garantías de seguridad posibles. En este sentido, el regionalista José Miguel Fernández Viadero ha puesto en valor el trabajo realizado por la Consejería para preparar este inicio de curso y también el desarrollado por los centros. Por su parte, la portavoz socialista, Noelia Cobo, ha deseado que haya el "máximo consenso" y "coordinación" entre el Ministerio y las comunidades para resolver los principales asuntos de cara al inicio del curso escolar.
