El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha asegurado este martes que "no son muchos" los ayuntamientos a los que la Delegación ha enviado un requerimiento para anular los contratos o las bases con las que estos se hicieron en el marco de la Orden de Corporaciones Locales, aprobada por el Gobierno del PP.
Ruiz ha explicado que, en base a la denuncia presentada en Delegación por CC.OO., pidió a los ayuntamientos cántabros que remitiesen las bases y el procedimiento con el cual habían efectuado las contrataciones con cargo a las ayudas convocadas por el Gobierno regional a través de la Orden.
Con esa documentación, la Abogacía General del Estado ha elaborado unos informes en los que, según ha detallado el delegado del Gobierno, "algunos ayuntamientos parece que han incumplido las bases y los principios que establece el ordenamiento jurídico español" y por ello "se les ha requerido para la anulación de las bases, en el caso de algunos, y en otros para la anulación de los contratos".
Ruiz no ha querido dar los nombres de los ayuntamientos a los que se ha requerido, primero porque ha considerado que él no es quien debe dar esa información y, segundo, porque los requerimientos remitidos por la Delegación "no dejan de ser un acto administrativo más" de los que hace esta administración.
No obstante, sí ha apuntado que "no son muchos ayuntamientos" a los que se les ha remitido ese requerimiento, cuyo cumplimiento y "las consecuencias que pueda tener" ya no son "responsabilidad" de la Delegación del Gobierno.
Ruiz así lo ha indicado a preguntas de la prensa tras participar en la constitución formal de la Mesa Especial del Besaya, donde ha coincidido con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, quien ayer anunció en el pleno del Parlamento que varios ayuntamientos habían recibido este requerimiento de la Delegación del Gobierno.
Además, en declaraciones a los medios, Sota ha enfatizado que los partidos que forman el Gobierno (PRC y PSOE) ya avisaron, cuando estaban en la oposición, de que la Orden de Corporaciones Locales "se había hecho de manera precipitada", así como "sin tener en cuenta los condicionantes de mérito, capacidad y transparencia".
Aunque ha dicho desconocer cuántos y cuáles son los consistorios que han recibidos los citados requerimientos, ha considerado que esta situación "puede tener problemas" para esas administraciones locales.
Ha recordado que no sólo la oposición sino que la Unión Europea también "planteó dudas" sobre esta Orden de Corporaciones Locales aprobada por el Ejecutivo del PP, unas dudas que "ahora se confirman" con el envío de los requerimientos a ciertos a ayuntamientos por parte de la Delegación.
Unos requerimientos que se hacen por "haber incumplido algunos artículos de la Constitución que tienen que ver con la transparencia, el mérito y la capacidad" a la hora de hacer las contrataciones a través de la Orden de Corporaciones Locales.
