El Tribunal de Cuentas certifica que en el año 2014 se interrumpió la continua reducción del déficit que desde 2012 habían conseguido las comunidades autónomas, y critica que el Ministerio de Hacienda no tomara ninguna de las medidas que le permite la ley ante los desvíos en las ejecuciones presupuestarias de algunas regiones.
Así consta en el 'Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de Pago a Proveedores'. En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que las medidas de ajuste del déficit han ido perdiendo eficacia con el paso de los años.
El Tribunal de Cuentas recalca que la mayor parte de los planes económico-financieros no detallan suficientemente las medidas de control del gasto ni las vinculen con partidas presupuestarias concretas, lo que impide cuantificar de forma precisa el ahorro y dificulta su seguimiento.
Por eso, el organismo fiscalizador sugiere a las comunidades que adopten "medidas de ajuste extraordinarias para conseguir sus objetivos, que eviten desviaciones, que aporten información más precisa y mensurable sobre sus ajustes y que hagan mayores esfuerzos para la consolidación.
Críticas a Hacienda
Además, el Tribunal critica que, pese a que los sucesivos informes de seguimiento de los planes de ajuste de 2012 y 2013 pusieron de manifiesto que varias comunidades se estaban alejando del cumplimiento de sus objetivos de déficit, "no consta que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las medidas coercitivas que le permite la normativa vigente”.
Es más, el organismo fiscalizador cuestiona incluso la decisión del departamento que dirige Cristóbal Montoro de fijar un objetivo de déficit único para todas las comunidades autónomas, algo que, a su juicio, limita la eficiencia del procedimiento de consolidación fiscal y convierte en un mero formalismo el procedimiento de fijación de objetivos individuales.
Por todo ello, el Tribunal recomienda a Hacienda que "extreme el control" y que explique "tanto los criterios de distribución (del déficit) entre subsectores como la distribución horizontal entre comunidades".
Datos del informe
El informe de fiscalización incluye por otra parte un resumen de los datos de déficit, deuda y gasto de las comunidades autónomas en los ejercicios 2012 y 2013. Según el avance de datos de Hacienda que figura en el informe, hasta abril de 2015 el déficit autonómico se eleva al 1,65% del PIB, a pesar de que a final de año tiene que situarse en menos de la mitad.
En cuanto a la deuda pública, a finales de 2014 se situaba en 209.773 millones de euros, equivalentes al 20% del PIB, excediendo el objetivo del 19,1%. De hecho, el Tribunal advierte de que entre 2011 y 2014 la deuda se ha incrementado un 63,17%, lo que podría comprometer la consecución del objetivo del 13% en 2020, salvo que se aplique con rigor la normativa y que la reducción sea de al menos dos puntos al año mientras la economía crezca al menos un 2% anual o genere un 2% de empleo cada año.
Incluso con esas condiciones favorables, “las comunidades deberían adoptar medidas para controlar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad o el Gobierno central tendría que revisar la senda de reducción del endeudamiento”, advierte además el informe.
Por último, todas las comunidades cumplieron la regla de gasto, aunque el Tribunal advierte de que los presupuestos autonómicos "no disponen de la información necesaria para verificar el cumplimiento de esta regla de gasto ni de una metodología y criterios uniformes para aplicarla". Por eso, el organismo recomienda que todas las regiones incluyan este tipo de información en sus cuentas públicas y sugieren que la Comisión de Política Fiscal y Financiera pida a la Intervención General del Estado un manual de criterios homogéneos que sirva de ayuda en este sentido.
