La factura de la luz del usuario medio es en la actualidad casi un 70% más cara que hace diez años, según revela un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción. El recibo se ha inflado en nada menos que 33 euros mensuales de media.
Así, en diciembre de 2006, una familia con un consumo mensual de 366 kWh y una potencia de 4,4 kW pagaba 47,27 euros al mes. Hoy, la factura representa 80,25 euros, partiendo del mismo consumo y potencia contratada y tomando como referencia las tarifas vigentes en los primeros 20 días de diciembre.
Hace justo diez años, el precio del kWh estaba en 10,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos), mientras que en la actualidad se sitúa en 13,16 céntimos, un 23,5% más caro. En cuanto al término fijo de la factura, la subida ha sido tan injustificada como descomunal: el kW de potencia contratada estaba en diciembre de 2006 en 1,88 euros mensuales, mientras que hoy alcanza los 4,46 euros, un 137,2% más.
Hoy, la factura representa 80,25 euros, partiendo del mismo consumo y potencia contratada
Facua reclama al Gobierno que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España. La asociación exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos.
Se trata, advierte la asociación de consumidores, de un sector donde “nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos”.
La única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming
Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
Las compañías eléctricas no podrán cortar el suministro a las familias sin recursos atendidas por servicios sociales
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables.
El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social.
Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Con este Real Decreto Ley se restablece la financiación del bono social que será asumido por las comercializadoras de energía eléctrica.
Prohibición del corte de suministro
La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
Actualmente la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etc.). Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa. Se establece asimismo que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores.
Otras medidas de protección
Además, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.
Y se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.
