Nuevos cálculos efectuados por los profesores David Cantarero y Carla Blazquez del Grupo de I+D+i en Economía Pública de la Universidad de Cantabria, sitúan el valor de la economía sumergida en Cantabria en el 22,4% del PIB, dos puntos menos que en la estimación correspondiente al periodo 2009-2012 en Cantabria en estimaciones anteriores.
Los autores de este informe destacan que una hipotética reducción de unos 4,39 puntos del PIB en economía sumergida (del actual 22,4% del PIB regional "sumergido" al 18%, que es la media habitual de los países europeos), supondría obtener una recaudación tributaria adicional para Cantabria de unos 520,95 millones de euros y podría hacer bajar la presión fiscal media en la región.
El volumen de economía regional en "la sombra" habría alcanzado ese año una magnitud de 2.657 millones de euros
David Cantarero y Carla Blazquez estiman que el descenso en el volumen de economía sumergida en Cantabria fue de casi dos puntos porcentuales del PIB del año 2012 a 2014. Eso supone que el volumen de economía regional en "la sombra" habría alcanzado ese año una magnitud de 2.657 millones de euros (más que el presupuesto regional que fue de unos 2.446 millones de euros) conviviendo en paralelo con tasas de desempleo en torno al 18%.
Estas estimaciones tienen en cuenta tanto a personas que hacen su actividad laboral al margen de la economía oficial como que algunas de ellas trabajasen tanto en la economía sumergida como en la oficial o real.
El Grupo de Investigación en Economía Pública de la UC estima que la cifra final de economía sumergida en Cantabria "se debería a la elevada presión fiscal, al alto desempleo, al aumento del autoempleo y a un elemento residual pero significativo como es la falta de ética fiscal y a la excesiva regulación económica y del mercado laboral".
Asimismo, señala que precisamente si se consiguiesen recaudar ingresos adicionales luchando contra la economía sumergida, esa nueva financiación "serviría para fomentar la actividad económica de la región y permitir la reducción del alto nivel de desempleo; o bien, se utilizarían para garantizar una mayor cobertura pública de la sanidad, educación o dependencia".
Por otro lado, considera que el Estado debería replantearse "compartir más" con las Comunidades Autónomas, prestadoras de servicios como la sanidad o la educación, los ingresos derivados de los tributos cuyo rendimiento éstas aún no tienen en su 100%, como IRPF o IVA.
En cuanto a las conclusiones de política económica, estima que el sector público al mismo tiempo que regula la imposición directa e indirecta, podría llevar a cabo nuevas acciones de política económica destinadas al fortalecimiento del mercado laboral (dado que tanto el autoempleo como el paro son dos indicadores muy importantes de cómo se comporta la economía sumergida) y aumento de competitividad frente a la caída actual en la tasa de exportaciones.
El Grupo de Investigación en Economía Pública de la UC considera que los resultados reflejan la importancia de establecer planes y medidas concretas para la reducción de la economía sumergida regional, aunque "sus efectos no serían en ningún caso inmediatos sino que se percibirían a medio y largo plazo".
