El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) llevada a cabo en febrero 2011 por el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE para la planta de cogeneración, con capacidad para 136 megawatios, y la declaración de impacto ambiental para una depuradora de aguas residuales en Torrelavega y Santillana del Mar.
Lo ha hecho en una sentencia, de 15 de julio de 2015, en la que desestima el recurso de casación de Sniace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de octubre de 2013 que avalaba ya la resolución del Ejecutivo regional.
Sniace pedía que se anulase la modificación de oficio de la AAI y alegó ante el TSJC “falta de motivación” al, a su juicio, “no justificarse adecuadamente la necesidad de llevarse a cabo y las causas en las que se fundamentan”, algo con lo que no se mostró ya de acuerdo el TSJC que consideró justificada la decisión del Ejecutivo regional de hacerlo a la vista de los informes técnicos.
El TSJC consideró en su sentencia de 2013 esos argumentos de Sniace “meras disculpas sin sostén probatorio alguno” para contrarrestar los informes técnicos de la Consejería que cuando se modificó la AAI dirigía Francisco Martín.
Ahora el Supremo coincide en que “son dichos informes, no contrarrestados mediante prueba en contrario, los que lleva a la Sala sentenciadora a entender que la decisión administrativa estaba debidamente motivada”.
Tampoco admitió el TSJC otro argumento de Sniace, que consideraba que había una “improcedente aplicación a la Autorización del Reglamento de vertidos desde tierra al litoral”.
“El proceso de reapertura continua”
Antonio Pérez Portilla, presidente del Comité de Empresa de Sniace, ha asegurado que “por los datos que conozco, en principio, esta noticia no afecta al proceso de reapertura de la factoría”.
Respecto al proceso de reapertura Portilla en su momento aseguró a este periódico que “agosto es una mala fecha en el Juzgado de lo Mercantil”. Portilla añadió que “es vital el levantamiento del concurso de acreedores, ya que esto es la cerradura que abre la solución a los problemas que tenemos”.
“El juez se ha tomado mucho tiempo en levantar el concurso, cuando quedó aprobado hace tres o cuatro meses con casi el 100% de los votos a favor de los acreedores”, resumió Portilla.
