Donde menos lo esperábamos, cuando ya el pesimismo volvía a cubrir nuestros pensamientos, aparecieron, los amigos Maura Hillen, la presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), y el abogado portavoz de la misma Gerardo Vázquez, ellos tenían en Andalucía, concretamente en Almería, grandes problemas con las viviendas consideradas ilegales, y que amenazaba con un conflicto internacional, ya que muchos de los compradores eres ingleses, que habían sido engañados o timados por gente sin escrúpulos, y con la ayuda de las administraciones públicas que miraban para otro lado. Posteriormente se nos uniría Jose Manuel Alén y su Asociación Gallega de Defensa Urbanística de los Terceros de Buena Fe (AGADE)
Gerardo se puso en contacto con nosotros y me explicó su intención de ir al Senado a plantear la posibilidad de encontrar apoyos allí, por nuestra parte le ofrecimos toda la ayuda posible, y nos poníamos a trabajar mano a mano…
Después de los contactos correspondientes, de trabajar textos, proyectos e iniciativas, con las ideas mucho más claras, preparamos varias reuniones en el Senado esa cámara. Con las muchas experiencias pasadas, estábamos ya preparados en eso de viajar por las instituciones y no morir en el intento., o eso creíamos.
Tocaba madrugar, y mucho, para estar en Madrid, concretamente en la calle de Bailen, 3(,) a las 10 de mañana, así que no eran las 6 cuando, desde Argoños, salíamos en el utilitario, conducido por Ciriaco, con Koldo y Jose Manuel durante el viaje les comentaba los contactos establecidos, y las reuniones previstas con diferentes grupos del Senado. Era parecido a lo ya vivido en el Congreso, pero más concentrado, aquí todas las reuniones eran en esa institución.
Sobre la hora prevista allí estábamos puntuales y, junto al grupo de Andalucía, capitaneados por Gerardo, también estaba Raquel, de otra asociación de Madrid. Íbamos pasando los controles y rápidamente empezaba la maratón de reuniones, cada uno con sus más allegados, nosotros con los senadores de Cantabria, Gonzalo Piñeiro, y Miguel Ángel González, y los andaluces, con los suyos, mucho más numerosos.
Después reuniones conjuntas con los grupos del Senado, destacando, por los resultados, las que tuvimos con los dos mayoritarios, el PP y PSOE. Les volvíamos a explicar lo que tantas veces habíamos contado, y que nos salía como esa lección aprendida de memoria, aquí lo malo es que dicha lección es una injusticia que no cesa.
Muchos son los detalles, las personas que hemos conocido, y para sorpresa encontramos una mejor acogida que en el Congreso, donde sí, nos daban la razón, pero tenías la sensación de que era aquello, de que te la concedían porque no tenían tiempo para perder contigo.
En el Senado se vivía un ambiente más tranquilo, siempre habíamos oído aquello de que era una cámara muerta, que no valía casi para nada, que era un cementerio de elefantes, donde colocar a los díscolos del partido, o a los que había que agradecer los servicios prestados.
Posiblemente algo o mucho de verdad puede haber en esos comentarios, que ya se sabe que uno cuenta la fiesta como le va. Lo cierto, es que hemos encontrado personas preparadas, con muchos conocimientos, y que no nos miraban por encima del hombro o como que molestábamos, que eso nos ha pasado, no pocas veces, en muchas instituciones.
En estos viajes a Madrid tuvimos ocasión de conocer una realidad diferente a que apreciamos previamente, empezando por el propio edificio del Senado y, sobre todo, su biblioteca, que nos dejó con la boca abierta durante un tiempo, una verdadera joya, quizás menos conocida de lo que se debiera y en la que merece la pena ganar una mañana y tener una visita guiada. También es cierto que los lugares los hacen los que están en ellos, y en nosotros, por el afecto y comprensión encontrados allí, ha dejado huella; sin duda y sin tapujos una impresión mucho más positiva que la que tuvimos en el Congreso de los Diputados.
Muchas fueron las reuniones, algunas incluso nos abrieron los ojos sobre cómo se podían realizar iniciativas, ya que nosotros nos perdíamos por los entresijos de los pasillos queriendo cambiar el mundo y, a veces, solo hay que introducir el texto en el momento oportuno, que la norma sirva para mejorar la situación de los ciudadanos, y que tenga ese interés y carácter general.
El vacío legislativo estaba detectado, e incluso, como ya sabemos, se realizaron normas para intentar proteger al tercero de buena fe, que finalmente decayeron por esa falta de legitimación del legislador. Un primer paso fue buscar esa protección dentro del propio código penal, sobre todo porque la experiencia de muchos años, nos decía que en el sector privado, léanse: constructores, promotores, inmobiliarias… se habían ido de rositas, sin indemnizar por el daño causado al tercero de buena fe.
Después de darles vueltas al texto, con la inestimable ayuda de Gerardo Vázquez y su equipo, que en este tema de la introducción del artículo 319.3 en nuestra legalidad vigente fueron los que primero abrieron puertas, con el apoyo de todos los demás, se logró un texto que hoy esta pacíficamente en nuestra legislación y pocos, o casi nadie, duda del valor del mismo.
Los senadores Nicanor Sen Vélez, Jorge Ibarrondo, Maria Rosa de Haro Brito fueron colaboradores necesarios. María manifestaba, y así aparece, en el diario de sesiones “En primer lugar, no solo ha dado la bienvenida, sino que además muestra el apoyo del Grupo Popular no solo a la Asociación de Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, con la que nos hemos reunido, además muy gustosamente porque estamos para escuchar a los diferentes sectores, también al resto de asociaciones, como AUAN, SOHA, CALU y FAUN, o a diferentes personas y colectivos ciudadanos en justa defensa de sus intereses ante situaciones que, recordemos, se vienen padeciendo desde hace muchísimos años”.
Ellos, junto a Tontxu Rodriguez, senador por Bizkaia y exalcalde de Barakaldo, fueron la voz en este tema por los partidos mayoritarios junto con los senadores por Cantabria Miguel Ángel González Vega y Gonzalo Piñeiro y el senador vasco, y exalcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz.
Supusieron todos un gran apoyo para dar los pasos necesarios y que la Cámara protegiera a los terceros adquirentes de buena fe, recordando, en todo momento, que esa modificación del artículo 319.3 del Código Penal se llevó a cabo con la aprobación de todos y cada uno de los grupos políticos.
Quedando redactado y aprobado el mismo con el siguiente texto:
En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
Sin duda este artículo tiene claras reminiscencias de legislaciones autonómicas, que no han tenido tanta suerte, nos abrió el camino para otro cambio no menor, y que fue mucho más controvertido, pero que creemos de una justicia total, ya que quien no ha cometido ningún ilícito no puede ser condenado a perder su patrimonio, a tenerlo secuestrado o retenido durante largo tiempo.
Así, y con base en la ley de Cantabria de 2011, conocida popularmente como la de “pagar antes de derribar a quien no tienen culpa ni responsabilidad alguna”, se fue abriendo camino. En las reuniones con los grupos parlamentarios se fue avanzando en la idea y en el texto, las cosas no caen del cielo, normalmente hay un proceso de trabajo, de convencimiento propio de que es posible, y ajeno de que es bueno para todos.
Una vez aprobada la modificación legal del código penal, que tenía una clara influencia de las actuaciones privadas, necesitábamos dar cobertura al vacío legal que producían actuaciones de las administraciones públicas en el ámbito del urbanismo, y siguiendo con los contactos, en posteriores viajes a Senado, se fue trabajando un nuevo texto.
Los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, con algunas reticencias por parte de este último, estaban de acuerdo con el fondo de lo que debía ser esa protección, pero la forma costaría, y mucho. Pulir los borradores, los textos, los cambios sería muy cansino, pero decir que, el día anterior a las votaciones, a altas horas de la madrugada, nuestro teléfono y los correos entre las partes para consensuar el texto definitivo echaban humo. Aquí hubo una persona, que luego, a pesar de no tener una sintonía muy afín, resulto de gran ayuda, por sus contactos con el Gobierno de España, y dentro de su grupo en el Senado, sería en el entonces senador Gonzalo Piñeiro y exalcalde de Santander, que puede que en formas no sea la persona que más ilusión nos haya sacado, pero reconocer su trabajo en este tema es de justicia.
Recuerdo conversaciones con él superadas las dos de mañana, donde ya pensaba que se nos caía todo, porque, desde luego, la diplomacia no parecía lo suyo. Afortunadamente, y con ayuda de todos, siempre también el amigo Gerardo cerca con sus certeros consejos, se llegaría a buen puerto.
Así, a la madrugada de un día de finales de primavera, cuando por las calles la soledad campaba a sus anchas, un grupo de familias rompían el silencio y, allí al fondo, en la plaza de Argoños, aparecían afectados por las sentencias de derribo para iniciar un viaje a Madrid que, para casi todos, era la primera vez iban a visitar el Senado.
Poco a poco el autobús se llenaba y partía rumbo hacia la capital. Una breve parada en Lerma para tomar el café y el tentempié de rigor, y antes del mediodía llegábamos al Senado.
Allí, primero los saludos y abrazos con los amigos que venían de otras parte de España, la emoción estaba en ambiente, teníamos la sensación de que algo muy importante se podía conseguir, no ya para nosotros, sino para poner ese paraguas para las familias que muchas veces son atropelladas por las propias administraciones públicas. Con estas, centradas en su formulismo y burocracia, sucede que, con aquel que se está ahogando, antes de salvarle la vida, hay que cursar y sellar tres certificados, y para cuando se ha acabado, el ahogamiento ya es un hecho; eso sí, esas administraciones te acaban echando la culpa a ti, por la falta de celeridad, en un amplio informe de más de 100 páginas.
Seguíamos nuestro camino, nos teníamos que quitar las camisetas amarillas de AMA, dejar las pancartas y banderas en el autobús, que en Senado son muy estrictos con la seguridad y, posteriormente, a realizar las acreditaciones. Mientras al grupo se le hacía una visita guiada por esa institución, una comisión seguía trabajando en los textos legales de última hora.
Recuerdo que me llevaron a un lugar donde daba una rueda prensa en circuito cerrado, la verdad que no sé muy bien cuál era el objetivo de la misma, pero sí la base de la argumentación que allí expresé, que era el principio del “quien rompe paga”, con soporte en nuestro ordenamiento jurídico y, más concretamente, en el art. 1902 del Código Civil, el cual establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
A nosotros nos han derribado jurídicamente nuestras viviendas, esto lo han realizado las administraciones públicas, por lo que son estas las que tienen que reparar el daño causado, y no podemos estar décadas esperando a que las mismas cumplan con sus obligaciones.
Desde luego, es totalmente necesario poner límites a actuaciones ilícitas que acabamos pagando, a escote, todos los ciudadanos. A Las administraciones también hay que ponerles límites, tienen un poder exorbitante que necesita los oportunos controles, para que cumplan la función para la que han sido creadas, es decir, facilitar la vida a los ciudadanos, dar los servicios necesarios y, desde luego, no hacer pagar sus ilícitas actuaciones a los terceros de buena fe. En definitiva ellos han roto y ellos tienen que pagar y, ahora mismo, son unos grandes morosos.
Mientras el colectivo de AMA se iba a comer a una cervecería próxima al Senado, la comisión seguía con sus trabajos, que dieron sus frutos, con un acuerdo por consenso de toda la Cámara. Bueno, con tanto esfuerzo, siempre hay alguno que se confunde de botón, pero el resultado no dejó lugar a dudas.
Más tarde estás dudas les soltaron a muchos “seudojuristas” y opinadores, llama la atención como se contaminan al tomar partido públicamente sobre situaciones que más tarde tendrán que juzgar, y dónde la imparcialidad ha recibido un sopapo con las dos manos.
El viaje de vuelta, salvando distancias y ya más precavidos, recordaba al de Bruselas, aquí lo que se había conseguido era más importante, ya que era de obligación para todos, era ley, mientras que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es un órgano consultivo, y sus resoluciones son importantes, sí, pero no dejan de ser recomendaciones. Algo parecido a lo que serían las Proposiciones No de Ley (PNL) en los distintos Parlamentos, eso sí, con la legitimidad que le dan las instituciones internacionales.
En los ojos de los afectados por esta penosa situación brillaba otra vez la luz de la esperanza, pero siempre hay, lamentablemente, quiénes intentan apagarla. El desconcierto parece que empezó a entrar en las salas de lo contencioso administrativo, y las dudas fueron planteadas por las mismas ante el Tribunal Supremo que, en una sentencia cuyo ponente era un viejo conocido, el magistrado D. César Tolosa, del que podemos decir que dio una respuesta salomónica, y diluyó la fuerza de la normativa y lo que era imperativo pasó a ser interpretable, dando una mayor discrecionalidad a los jueces en la aplicación de la norma.
Con todo, el avance es sustancial, y la norma ya está constitucionalmente aceptada en nuestra normativa legal. Sin duda, uno de los mayores legados que deja la lucha y el trabajo de las víctimas de las sentencias de derribo. Mención aparte merecen aquellos que estuvieron más cerca de nosotros, que nos abrieron la puerta de sus conocimientos y nos ayudaron a recorrer este camino.
Recordar la amabilidad de Fuensanta Coves Botella, expresidenta de Parlamento de Andalucía, que tenía tanta gracia como amabilidad y conocimientos. También hubo momentos muy tensos como los vividos con el senador Jorge Ibarrondo, a quien, en un principio, le costaba mucho ver esas modificaciones necesarias e incluso, en alguna intervención suya, hizo que se tensará mucho la relación, pero con paciencia y razones se fueron poniendo las piedras necesarias para mejorar nuestra legislación, con la modificación de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se enviaron cartas personalizadas a los 265 senadores con el siguiente texto
Estimado senador/a:
Disculpe que le robe un poco de su tiempo para tratar sobre unas importantes enmiendas que se están tramitando en el Senado presentadas por el Grupo Socialista y Entesa pel Progrés de Catalunya, que, si fuesen aprobadas, serían enormemente beneficiosas para miles de familias, Estas enmiendas abrirían una puerta a la esperanza, al dar soluciones justas a miles de familias afectadas por las sentencias de derribo. Protegerían a todos los ciudadanos que tengan una propiedad, ofreciéndoles una mayor seguridad jurídica.
Estas familias son terceros de buena fe. En estos casos los jueces en sentencias firmes dictaminan que la condena, y la responsabilidad recae en las Administraciones Públicas y, sin embargo, los terceros de buena fe tienen soportar una condena casi perpetua que no les corresponde. Se les condena a estos terceros al miedo a quedarse en la calle sin nada, salvo la tenue esperanza de que, tras muchos años de espera, gastos y sufrimiento, alguien les pague las justas indemnizaciones que les pertenecen.
Por ello, creemos sinceramente, que es necesario legislar para aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos ante ataques ilícitos a su bien más preciado que es su casa, su hogar, la mayor inversión de su vida. Consideramos de todo acertado conseguir una mayor protección jurídica a la propiedad, tal y como nos recomiendan nuestras Comunidades Autónomas, la UE, el TEDH y otros organismos internacionales.
Esta última comunicación tuvo eco importante entre miembros de la Comisión de Justicia del Senado buscando el encuentro, el consenso que haga posible que la propuesta presentada pueda ver la luz. La iniciativa en curso se plasma en las enmiendas números 130 y 279 al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (621/000123) que actualmente se están tramitando en el Senado, y el texto de las enmiendas es una fiel reflejo del que fue aprobado por el Parlamento de Cantabria el 30 de marzo de 2015 por unanimidad. El texto de las enmiendas es este:
Texto propuesto LRJCA artículo108. 3 <<“En cualquier caso, los jueces y tribunales, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordenen motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, garantizarán, como condición previa a la demolición, el pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".>>
Desde las asociaciones y agrupaciones de afectados, AMA, AUAN, SOHA, AUN, CALU y FAUN estamos a la espera de saber la fecha de pleno del Senado en el que se vota la enmienda, para poder acudir al mismo, en compañía de muchas familias afectadas por estas situaciones y una representación del Parlamento de Cantabria. Por otra parte, consideramos que sería positivo que esta enmienda se pudiera votar en solitario para intentar lograr el mayor apoyo posible para la misma.
Estimado senador/a agradecemos su comprensión y el trabajo que su Grupo con la presentación de las citadas enmiendas, y esperamos que con tan sólidos argumentos, tanto desde el punto de vista de la razón, como jurídicos, con ellos y entre todos se pueda conseguir un amplio consenso, tan necesario para acabar con situaciones de una tremenda injusticia. Deseando con su ayuda lograr mejorar nuestra legislación en esta materia, reciba un afectuoso saludo.
En una segunda misiva pedíamos el apoyo a todos grupos del Parlamento de Cantabria
Estimados Señores:
Por medio del presente escrito pedimos su apoyo a las enmiendas 130 y 279 que se votarán en el Senado el próximo jueves 25 de julio, las cuales se corresponde con el texto aprobado por nuestro Parlamento en la sesión del 30.05.2015, y que abren una puerta a la esperanza, al dar soluciones justas a miles de familias afectadas por las sentencias de derribo. Así mismo, protegerían a todos los ciudadanos que tengan una propiedad, ofreciéndoles una mayor seguridad jurídica.
Este miércoles, a las 7 de la mañana, un grupo numeroso de afectados de Cantabria nos vamos a Madrid, para pedir que las Administraciones estén para ayudar, proteger y solucionar los problemas a los ciudadanos, no para complicar sus vidas, como ha sido nuestro caso, y las citadas enmiendas cumplen con el citado fin.
Si es posible, le solicitamos que algún representante de su Grupo Parlamentario, pueda estar con nosotros en las reuniones del Senado para defender el texto de nuestro Parlamento. Así como cualquier comunicado o medio de apoyo a las gestiones que estamos realizando.
Nuestras previsiones para el miércoles 24 de junio son las siguientes:
Salida de Cantabria Argoños a las ....................07.00 horas
Llegada al Senado .............................................13.00
Rueda de prensa ................................................13.15
Reunión con representantes Grupo Socialista ...13.30
Reunión con representantes Grupo Popular ......15.30
Reunión con representantes Grupo CIU ............16.30
Reunión con representantes Grupo PNV ...........17.30
MÁS DE 35 MILLONES DE PERSONAS VERÍAN PROTEGIDO SU PATRIMONIO SI SE APRUEBA ESTA ENMIENDo
Más de 35 millones de personas verían defendido su derecho de propiedad, al proteger el patrimonio de ataques ilícitos. La iniciativa en curso, donde solicitábamos a los senadores que consideren dar su apoyo, se plasma en las enmiendas números 130 y 279 al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (621/000123) que actualmente se están tramitando en el Senado, Las mismas tienen con un amplio consenso que esperamos se refleje en la votación y no sean poses hacia los afectados y los medios de comunicación.
El texto que se somete a votación es un fiel reflejo del que fue aprobado por el Parlamento de Cantabria el 30 de marzo de 2015 por unanimidad.
CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ES LA CULPABLE, QUE NO LO PAGUEN LOS CIUDADANOS INOCENTES
Recientemente, la modificación del artículo 319.3 del Código Penal por parte del Senado ha logrado que los particulares culpables asuman su responsabilidad antes del derribo de una vivienda. Ante ello, parece aún más necesario que, en caso de ser las propias Administraciones Públicas las que comenten este ilícito, sean las mismas las que asuman su responsabilidad antes del derribo de la vivienda. Con la aprobación de esta modificación legislativa cerraríamos un círculo, donde quien comete el ilícito lo paga, tanto en el ámbito público como en el privado, pues consideramos que un estado de derecho que se aprecie no puede permitir que el inocente pague por el culpable.
Han sido varias las modificaciones legislativas, proposiciones no de ley y recomendaciones, con fines similares, en varios parlamentos autonómicos, que tratan de dar respuesta, mediante su limitada legislación en esta materia, a un problema donde la competencia corresponde a los órganos legislativos estatales como ha manifestado el TC en sus sentencias.
RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, TEDH, APOYO DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS, ASOCIACIONES DE TODO EL ESTADO
Desde las asociaciones y agrupaciones de afectados, AMA, AUAN, SOHA, AUAN, CALU y FAUN, y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, la jurisprudencia del TEDH, y dando una interpretación adecuada al artículo 33 de nuestra Constitución, así como siguiendo las propuestas aprobadas por diversos parlamentos autonómicos, creemos muy importante la aprobación de esta iniciativa.
Por otra parte, nuestra Asociación ha pedido a los Grupos Parlamentarios que aprobaron la iniciativa en el Cantabria para que realicen un esfuerzo y que la misma pueda ver la luz en el Senado. También nos hemos dirigido a los Alcaldes de los Ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo para pedirles que, desde sus puestos, y en la medida de lo posible, se apoye esta enmienda. Todos los grupos políticos nos manifiestan la necesidad de estos cambios legislativos.
VALORACIÓN POSITIVA DEL TRABAJO REALIZADO, PERO FALTA LO MÁS IMPORTANTE CONSEGUIR EN EL SENADO EL APOYO AL TEXTO DE NUESTRO PARLAMENTO.
Desde nuestra Asociación se valora muy positivamente la presentación de las enmiendas, la ayuda y apoyo de los senadores por Cantabria encabezados por Miguel González Vega y Gonzalo Piñeiro, así como por miembros de la Comisión de Justicia que nos han trasmitido su preocupación y la necesidad de dar una solución al problema planteado. La realidad es que, a día de hoy, falta lo más importante, el apoyo mayoritario a lo que todos estamos de acuerdo, A la hora de votar pasa como en la sesión de la Comisión de Justicia del pasado 17 de junio donde el grupo mayoritario en el Senado no apoyó tan importante enmienda. Todavía hay tiempo hasta el 24, pero hace falta voluntad política y, sobre todo, sensibilidad para no dejar a miles de familias injustamente en la calle, y sin sus viviendas compradas honradamente.
QUE LA FORMA, O UNA COMA, NO SEA UNA EXCUSA PARA NO CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Desde AMA recordamos que la aportación del texto que se ha llevado al Senado, se realiza en la misma proposición no de ley, donde se pide los apoyos a los convenios entre afectados y Gobierno, ya que creemos que son formas completarías que dan garantías a los ciudadanos, por ello nuestra Asociación pidió expresamente la inclusión del citado texto dentro de ella.
Los convenios son muy importantes y esta modificación legislativa también, además de tener un carácter general para todos los ciudadanos que no tienen los convenios.
Nuestra Asociación no discute la forma, ni la norma de la que debe colgar la modificación legislativa. Ahora bien, pedimos que no se nos tome el pelo, ni se busquen excusas simplemente para no cumplir con los compromisos adquiridos parlamentariamente.
Esta iniciativa es demasiado importante como para dilatarla, esconderla entre las nubes de la desgana, la burocracia o la demagogia. Agradeciendo su apoyo, colaboración y atención...,
Finalmente, se consiguió el objetivo, allí estábamos otra vez
Después de una breve concentración en la Plaza España, donde se han desplegado una pancarta con el lema “No hay derecho”, los afectados se dirigieron al Senado donde fueron llenando la tribuna de invitados.
Una comisión compuesta por Ciriaco García, José Manuel Olaiz, Koldo Talavera y Antonio Vilela por AMA, Maura Hillen y Gerardo Vázquez por AUAN , Phil Smalley, Kath Williams(,) Fernando Montero, y Raquel Paz por FAUN se entrevistó con los grupos parlamentarios del Senado.
A partir de la entrada en vigor de esta iniciativa, no se podrían derribar las viviendas de familias inocentes sin previamente indemnizarles, o ese creíamos. Este texto, con su introducción en el artículo 108.3 de la LJCA es un muy importante logro para hacer justicia con miles de familias. Es justo reconocer el gran trabajo que se ha realizado en el Senado, y que, desde nuestro punto de vista, da mucho sentido a la cámara de segunda lectura.
Grande ha sido el esfuerzo, el trabajo, por durante tantos días ingratos donde la desesperación parecía la única compañía, pero no, allí estaban los amigos de AMA, un equipo al que nos han crecido las arrugas juntos, que hemos llorado nuestras penas unos en los hombros de los otros. Pero que siempre hemos luchado contra la adversidad, contra el olvido y la injusticia.
APROBADA EL TEXTO TRANSACCIONAL QUE INTRODUCE EN LA LJCA EL ARTÍCULO 108.3
Por la cual "hay que indemnizar antes de derribar" ese era el espíritu de la norma, que luego quedaría diluido con garantizar el pago antes de derribar por el Tribunal Supremo.
VOTOS A FAVOR 220
VOTOS EN CONTRA 1 (error al votar)
ABSTENCIONES 1
Hemos recibido la felicitación por nuestro trabajo de los grupos de Senado, del Presidente de Cantabria en funciones, Ignacio Diego, así como de Rafael de la Sierra, Miguel Ángel Palacio y de la diputada en el Congreso Puerto Gallego.
Un día muy especial e importante para miles de familias y un gran logro para nuestra Asociación. Desde otros puntos de España nos han pedido asesoramiento y apoyo.
Nadie puede quedarse en la calle desahuciado, cuando quien tiene el mandato constitucional de protegerles, es quien viola la legalidad vigente. Las administraciones están para facilitar la vida a los ciudadanos no para arruinársela como han hecho con tantas veces. Por todo ello, la ley aprobada es un enorme avance, que sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, las recomendaciones de la Unión Europea y las resoluciones de los Parlamentos Autonómicos.
Logrados los objetivos propuestos, toda parecía que se veía con mejores ojos, y hay que reconocer fue un avance, y el fruto del trabajo de tantas personas, manifestaciones y movilizaciones, que ponían al descubierto lo injusto de algunas normas y la interpretación de las mismas.
Sería ya en 2017 cuando se realizó, el, por ahora, último viaje al Senado, y no descartamos volver, porque, desde luego, hay campo para trabajar en las mejoras legislativas, han quedado situaciones que hemos observado son jurídicamente mejorables; entre ellas, sin duda, que ninguna familia pueda estar décadas sin tener una solución, cuando los ilícitos los hayan cometido las propias instituciones públicas.
Así, con acuerdo de todas las asociaciones de afectados y después de la creación la CAJU (Coordinadora Nacional De Asociaciones Pro Justicia En El Urbanismo) se creó el premió para distinguir a las entidades y personas que destacaran por su labor en favor de un urbanismo más justo.
El 3 de mayo de 2017, allí, en el Senado, nos dimos cita muchos afectados, sobre todo de Cantabria, mostrando la solidaridad y la fuerza de AMA. Cerca de 100 personas, a las 13 horas, llenaban el impresionante salón de los Pasos Perdidos donde se realizó la entrega del citado premio al presidente de esa institución en un acto muy entrañable.
Tuvo como protagonistas a una familia inglesa, los señores Prior, que vieron cómo derribaban su casa injustamente y llevaban muchos años viviendo en un garaje, sin duda, un símbolo del maltrato de las Administraciones Públicas a los ciudadanos, sin discriminar a la hora de hacer daño por nacionalidades.
Después de las palabras de bienvenida del presidente del Senado, D. Pío García-Escudero, el primero en tomar la palabra, desde el estrado, fue José Manuel Alén, presidente de AGADE y representante de los afectados de Galicia. Él nos hizo un recorrido por muchos pueblos de esa comunidad que tenían graves problemas por las sentencias de derribo, para posteriormente contarnos cómo su vivienda se había salvado de la piqueta gracias a las normas que había aprobado el Senado y cómo sentían un profundo agradecimiento, ya que ese trabajo legislativo no eran normas que se quedan en el papel, sino que eran reales y salvaban a muchas familias de la grave injusticia que es quedarse en la calle sin culpa alguna. Por ello, el Senado es totalmente merecedor de primer premio justicia en el Urbanismo.
También nos recordó cómo, al inicio del año, el TEDH emitió una sentencia que afectaba a los propietarios de una vivienda en Galicia y cómo esa sentencia destaca la situación de desamparo que había tenido esta familia, al tener una sentencia y no haber tenido la oportunidad de defender su legítima propiedad. Declarando que había que indemnizarles tanto por el daño moral ocasionado, como por los perjuicios producidos al aplicar la ley sin tenerlos en cuenta.
Posteriormente, tomo la palabra Gerardo Vázquez que realizó un recorrido por la importancia de la norma, y las consecuencias de las mismas, poniendo de manifiesto el trabajo realizado, y la necesidad de que situaciones como la de los señores Prior no pueden ser una norma en nuestro país. Hizo un agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron para que esta norma sea hoy posible, y destacó la labor de sus colaboradores en Andalucía y las demás asociaciones de afectados. Habló de que esto no puede ser un final del recorrido legislativo, sino el principio de un amplio trabajo para tener una legislación que se pueda validar con el derecho de los países de nuestro entorno.
Por último entre los afectados, Antonio Vilela recientemente nombrado presidente de CAJU tomó la palabra para manifestar:
Excmo. presidente del Senado, excmo. embajador británico, miembros del Congreso y Senado, estimadas autoridades, trabajadores del Senado, que tanto nos han ayudado para realizar este acto, amigos que llevan desde antes de las 5 de la mañana levantados para acompañarnos. Aquí se hizo un pequeño silencio, para recordar a los que hoy nos pueden estar con nosotros, pero tanto nos han ayudado para que estemos nosotros, a todos muchas gracias, muchas gracias de corazón.
Las Asociaciones AMA, AUAN, AGADE, CALU, SOHA, FAUN representamos a más de 100.000 familias que tienen problemas con su vivienda, muchas de las cuales se encuentran inmersas en grandes complicaciones por las actuaciones irregulares, e incluso ilícitas, de terceros, y sobre todo de las propias Administraciones Públicas. Los artículos 319.3 del Código Penal y el Artículo 108.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aprobados por el Senado hace dos años han sido oxígeno para muchos ciudadanos que estábamos abandonados y tan desprotegidos por las Instituciones que apenas ya podíamos respirar. Es necesario dar pasos hacia delante, con una mayor seguridad jurídica y protección para todos, por ello son tres los objetivos del presente acto:
PRIMERO.- Ser agradecidos y corresponder, en lo posible, al apoyo recibido en esta institución. No vamos a mentir, dar un premio al Senado, en estos tiempos, no es lo más popular, lo más normal es estar con la pancarta pidiendo justicia a las puertas del mismo; pero no es menos cierto que, cuando nos acercamos a esta institución, no esperábamos encontrar tanta sensibilidad. Las ideas preconcebidas nos pueden hacer no valorar lo que realmente tenemos. Aquí, en el Senado, hemos encontrado personas que nos han escuchado y comprendido, que han visto la necesidad de proteger al tercero de buena fe, ya que los ciudadanos no pueden perder su patrimonio cuando no han cometido ilícito alguno. Como manifestó el presidente de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. “Las Administraciones están para ayudar y facilitar la vida a los ciudadanos, no para complicarla o arruinársela”.
Conseguir el consenso de todos los grupos políticos no es fácil y menos en estos tiempos, fueron muchas horas de trabajo, pero han merecido la pena. Desde nuestro nacimiento, siempre hemos creído que estábamos ante un problema social, que no se debía entrar en el enfrentamiento político, sino en la búsqueda de soluciones con la aportación de todos, donde nadie sobra y toda ayuda es poca y muy agradecida. Por ello, queremos hacer un reconocimiento al Senado, en la persona de su presidente. Ahora que muchos hablan de la inutilidad de algunas instituciones, nosotros creemos que son las personas las que le ponen el alma y las que consiguen, como en nuestro caso, dar pasos para una sociedad más justa.
SEGUNDO.- Defender la norma aprobada, su clara intencionalidad e interpretación. El legislador aquí, en el Senado, ha sido muy claro en la salvaguardia de los ciudadanos terceros de buena fe, y la norma es diáfana, por ello, su interpretación no debe ser limitativa. Pedimos a los que tienen la misión de juzgar comprensión, sensibilidad y, sobre todo, justicia para tantas familias que soportan los ilícitos cometidos por otros. Con estas leyes se ha buscado, con mucho esfuerzo y horas de trabajo, una buena solución para los ciudadanos terceros de buena fe. Pedimos a todas las instituciones que no debiliten el 108.3 Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que no dejen al margen, tirados, a miles de personas para las cuales estas normas son un flotador en un océano de incomprensiones y problemas, donde el más débil vive en la zozobra, en el miedo y se le quita o deprecia su patrimonio. Los culpables son terceros sin escrúpulos, o las propias Administraciones, las que constitucionalmente tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la propiedad y a una vivienda digna. Ellos tienen que ser los condenados, el que comete el ilícito que pague la pena y a la víctima que se le repare el daño causado. Desgraciadamente, en nuestro país, durante mucho tiempo, en el ámbito urbanístico no ha sido así.
En nuestro largo recorrido por las instituciones: Defensor del Pueblo, Parlamento autonómico, Comisión de Peticiones de la Unión Europea, Congreso del los Diputados,... y, finalmente, ha sido el Senado que ha puesto luz y claridad a esta situación; no demos pasos atrás, sigamos caminando. Por ello, desde este lugar, templo de la soberanía popular, pedimos con todo respeto y humildad que no distorsionen, ni recorten la clara interpretación de las normas aprobadas, tan fundamentales y valiosas para todos los ciudadanos.
TERCERO.- Seguir haciendo camino para mejorar nuestra legislación en el ámbito urbanístico. Nos queda mucho trayecto por recorrer para tener una legislación que proteja la propiedad y a los terceros de buena fe adecuadamente, como en otros estados de la Unión Europea. Tenemos pendientes medidas legislativas que sigan el camino marcado por el 319 y 108, modificaciones de la Ley Hipotecaria, de la Ley del Suelo… para la seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo, sobre todo, en la adquisición del bien más preciado de una familia como es su vivienda.
Queremos manifestar que, aquellos que han incumplido la legalidad vigente nos han hecho mucho daño, por ello, nuestro mayor desprecio a los que utilizan el urbanismo sin escrúpulos, a los que solo ven dinero y no personas en los cimientos de una casa, donde solo importa el beneficio propio. Pedimos el mayor de los respetos por el medioambiente, nos sentimos tan ecologistas como el que más y, sobre todo, trabajamos por tener un país más solidario y más justo, donde el que cometa ilícitos sea condenado y que nadie amargue y destroce la vida a familias inocentes. Que este premio sea también un impulso para conseguir una mejor y más justa legislación en materia urbanística para todos los ciudadanos de España.
Por todo lo expuesto, y como dice el refrán “de bien nacido es ser agradecido”, desde el sentimiento más noble, desde el agradecimiento se concede el premio Justicia en el Urbanismo al SENADO y en su representación al presidente Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, por el gran trabajo realizado desde esta institución y la sensibilidad al problema de miles de familias para intentar solucionar la tan dura e injusta situación que sufren.
Después de la entrega de una pequeña escultura que simboliza la resistencia de los ciudadanos ante las injusticias, obra de la artista Elena Tinickaya, que donó el trabajo de realización de la misma.
Fueron los Sres. Prior quienes, emocionados, entregaban la citada escultura al presidente de Senado, entre los aplausos de todos los presentes.
Una vez terminado el acto y despedidos de tantos amigos, los miembros de la Asociación nos fuimos a comer al restaurante Instalaciones Deportivas “Canal de Isabel II”. Allí, en los postres, se vivieron momentos también muy emotivos con los breves pero emocionados discursos del senador Javier Fernández, que lo dijo con claridad “él era un más de AMA”.
Quico González, director general de Urbanismo de Cantabria, valoró lo logrado y la capacidad que tenía esta Asociación para abrir caminos de esperanza, y por último, Jose Manuel Igual, alcalde de Arnuero y miembro del Parlamento de Cantabria, nos dijo “sois la hostia”, capaces de conmover y mover hasta la legislación.
Habíamos salido a las cinco y media de la mañana y regresábamos a las 11 de la noche, un día intenso e inolvidable…
En el Ateneo estaban la mayoría de los que habían hecho estos viajes y los protagonistas institucionales que nos acompañaron…
