viernes 27/5/22
CANTABRIA

La "ficción" de los presupuestos de Santander, ante la bajada “entre un 400 y un 600%” del 'catastrazo'

La Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte asegura que la anulación del PGOU está provocando una caída en el valor catastral, y se pregunta si el Ayuntamiento “devolverá el impuesto de IBI que nos cobraron” en 2016.

La oposición ha alertado en varias ocasiones de los riesgos de aprobar unas cuentas que se basan en un plan urbanístico invalidado por el Supremo.

El valor catastral de la zona norte de Santander ha bajado casi un 600% con la anulación del PGOU
El valor catastral de la zona norte de Santander ha bajado casi un 600% con la anulación del PGOU

Los vecinos de la zona norte de Santander están recibiendo notificaciones de revisiones catastrales motivadas por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que según ha informado la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, presentan un descenso de "entre un 400 y un 600%".

La asamblea se pregunta si el Ayuntamiento "dejará en un cajón esta nueva valoración o nos devolverán el impuesto de IBI que nos cobraron en el año 2016, o nuevamente los vecinos tendrán que colapsar organismos oficiales con más reclamaciones o recursos".

Estas notificaciones ponen el foco en algo que los principales partidos de la oposición ya han denunciado en varias ocasiones, y es el hecho de que los presupuestos de la capital cántabra están planteados sobre unas previsiones que el PRC no considera reales. En este sentido, el PSOE también alertaba el pasado 30 de diciembre del “riesgo claro” de que el presupuesto “no pueda cumplirse”.

La asamblea considera que el Ayuntamiento debería hacer lo mismo con el IBI tomando como referencia la base imposible catastral ahora rectificada

El descenso en el catastro puede suponer para el Ayuntamiento un desequilibrio importante en los ingresos que reciba del impuesto de IBI en caso de que la anulación del PGOU no se solucione de forma rápida, pues la revisión retrocede el valor de los terrenos al plan de 1997, al ser calificados como suelo rustico de carácter agrícola.

De hecho, la asamblea considera que el Ayuntamiento debería hacer lo mismo con el IBI tomando como referencia la base imposible catastral ahora rectificada, y recuerda los más de 600 recursos de vecinos de Santander que están pendientes de resolución del Tribunal Económico Administrativo.

En concreto, la Gerencia Regional del Catastro está comunicando a los vecinos con propiedades en los pueblos de Cueto, Monte y San Román, un acuerdo de alteración de la descripción catastral que dice, como consecuencia de la anulación del PGOU de 2012, el terreno ha dejado de estar clasificado como suelo urbanizable delimitado, por lo que pasa a valorarse de acuerdo a su cultivo e intensidad".

"En resumen que vuelve a ser prao o suelo rustico, para sembrar patatas, plantar hortalizas, etc.", señala la asamblea en un comunicado de prensa, en el que expone un ejemplo notificado, de un solar valorado en 1.635,99 euros en 2016 y que pasa a valorarse en 257,63 euros en 2017.

Para la asamblea, la diferencia entre las dos valoraciones demuestra que "tenía razón" cuando denunciaba un "catastrazo", frente a la postura de los concejales del Partido Popular que decían que era una "pequeña" subida.

El colectivo agradece la "confianza" de los vecinos que presentaron más de 600 recursos que hoy se encuentran en el Tribunal Económico Administrativo, y considera que el Ayuntamiento de Santander "se vuelve a equivocar intentando minimizar el problema fruto de una sucesión -dice- de gravísimos errores".

En este sentido, señala que si bien la causa de la anulación del PGOU es "externa al mismo", dicha circunstancia "no legitima los graves errores de los que adolecía dicho plan y sus consecuencias".

Comenta al respecto que el PGOU preveía una población de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estimaba que harían falta 35.316 nuevas viviendas, pero "lejos de alcanzar esas previsiones Santander, ha perdido 10.000 habitantes en los últimos años", argumento sobre el que se basaba el desarrollo urbanístico del Plan y que a su juicio hace que quede "deslegitimado".