viernes. 29.03.2024

Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) pide que los jueces, ante la ejecución del desahucio, reclamen a la administración "una solución previa para que los afectados no se queden en la calle". Considera que las administraciones públicas "no pueden mirar para otro lado porque tienen la responsabilidad de cumplir la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna".

La asociación ha manifestado en un comunicado que es necesario impedir situaciones como la ocurrida en Santoña esta semana donde una familia con tres hijos -que vive de una renta básica de 630 euros- ha estado a punto de ser desahuciada de una vivienda en alquiler social por haberse retrasado en el pago de 1.800 euros. A juicio de UCC, "inexplicablemente ninguna administración --ni Ayuntamiento ni Gobierno de Cantabria-- les han facilitado otra vivienda y, si no llega a ser por un ciudadano anónimo, que ha donado el dinero altruistamente, esta familia podría estar en la calle".

Desde la asociación se reivindica que "ninguna persona puede quedarse sin un lugar donde vivir y que las administraciones públicas son responsables de ello, porque tienen el deber constitucional de garantizar una vivienda digna en la fórmula que se considere oportuna para cada caso". Unión de Consumidores de Cantabria exige que se cumpla el mandato constitucional y que las autoridades, en este caso judiciales, "no miren para otro lado", y de acuerdo con la Constitución exijan a la administración competente (ayuntamientos o comunidad autónoma) una vivienda y condiciones de vida digna a los ciudadanos afectados por los desahucios, y ello antes del desalojo definitivo.

Unión de Consumidores de Cantabria pide que los jueces reclamen a la administración una...
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