viernes. 19.04.2024

El Parlamento de Cantabria ha sacado este lunes adelante por unanimidad una iniciativa a favor de la intermediación entre ganaderos y empresas transformadoras para evitar la compra de leche por debajo del coste de producción, en la que se reclaman al Gobierno regional medidas que eviten y sancionen prácticas como la venta a pérdidas en los establecimientos comerciales y controlen la calidad de la que llega de otros países de la Unión Europea.

La iniciativa aprobada con el sí de todos los grupos (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) ha sido una enmienda  transaccional acordada por los cinco grupos que introducía algunas modificaciones a la proposición no de ley presentada por la formación naranja.

En el documento aprobado se incluyen ocho puntos, el primero de los cuales para expresar el compromiso a "facilitar" las relaciones entre ganaderos y empresas para evitar que la diferencia entre el coste de producción y el de la compra hagan inviables las exploraciones, así como a proponer la recogida de la totalidad de la producción.

Otro de los puntos de este acuerdo reclama realizar inspecciones de la leche transportada en cisternas

Otro de los puntos de este acuerdo está dirigido a reclamar varias actuaciones por parte del Ejecutivo, entre ellas a realizar inspecciones de la leche transportada en cisternas que llega a las fábricas cántabras de otros países de la UE para comprobar que cumplen con los requisitos de calidad.

También se reclama al Ejecutivo que vigile, se controle, y en su caso, se sancione la "venta a perdidas" en los comercios de la región, promoviendo, si hubiere lugar una investigación antidumping ante la UE, instando a actuar a la Administración europea "con la máxima contundencia posible".

Además, se pide que "vincule" la concesión de ayudas e incentivos de carácter regional para la mejora y comercialización de productos agrarios a que que empresas del sector agroalimentario empleen materias primas de la regional.

Controlar la concesión del distintivo Indicación Geográfica Protegida (IGP) para que se cumpla la obligatoriedad de que no solo el producto sea elaborado en Cantabria, sino que la materia prima -en este caso la leche- tenga su origen en la región es otro de los puntos incluidos.

La iniciativa reclama también campañas de promoción de la leche y de su consumo a nivel regional y nacional; la implantación del doble etiquetado de los productos ganaderos y agrícolas para que se especifique el origen de la orificio de leche, y la promoción de medidas necesarias para que España y Cantabria mejoren su capacidad exportadora de materia prima y de productos con valor añadido a países emergentes, fomentando la internacionalización.

La exigencia del cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la Agencia de información y control alimentarios es otro de los puntos.

Bienestar animal

También en relación con la ganadería, se ha aprobado, con los votos del PP, Ciudadanos y Podemos, una moción de los 'populares' para restituir las condiciones para la percepción de las ayudas destinadas a bienestar animal en 2015 a las contempladas en la orden aprobada el 15 de mayo por el anterior Ejecutivo 'popular', suprimiento así las "limitaciones" impuestas por las modificaciones introducidas con posterioridad por el bipartito PRC-PSOE.

Se ha aprobado, con los votos del PP, Ciudadanos y Podemos, una moción para restituir las condiciones para la percepción de las ayudas destinadas a bienestar animal

La moción, a la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Mixto, obedece al "desorden" y "batiburrillo" creado, en palabras del diputado 'popular' Luis Carlos Albalá, en la asignación de las ayudas a razas amenazadas y bienestar animal.

El parlamentario ha criticado el "sinsentido" que a su juicio ha marcado la adjudicación de estas subvenciones, que ha causado "desconcierto y cabreo" en el sector, ya que si bien éstas no solucionan los problemas de los ganaderos, sí contribuyen a que al menos sean "menos graves".

El diputado de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha advertido de la crisis "sin precedentes" por la que atraviesa el sector ganadero, que "desaparece" si no se actúa ya, porque está "al límite".

Su homólogo de Podemos, José Ramón Blanco, ha defendido el apoyo de su partido a la moción, tras el diálogo mantenido con organizaciones agrarias y ganaderas, un respaldo al que no se han sumado el PSOE y el PRC, aunque ambos partidos sí han expresado su respaldo al sector primario.

El socialista Guillermo del Corral y la regionalista Ana Obregón han destacado, además, el trabajo que viene desarrollando la actual Consejería del ramo, y han criticado también la gestión del anterior Ejecutivo del PP.

Receta veterinaria electrónica

También, en materia animal, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha anunciado la implantación de la receta veterinaria electrónica en la comunidad autónoma a partir del segundo cuatrimestre de este año, una vez concluya el periodo de pruebas que se está desarrollando en la actualidad.

Podemos ha reclamado a la Consejería que "empuje" la implantación de la receta veterinaria electrónica

Oria ha confiado en que la adhesión de los veterinarios, de las explotaciones ganaderas y de los centros de dispensación se vaya materializando a lo largo de 2016.

En respuesta a la interpelación de Podemos sobre este asunto, el consejero ha planteado la posibilidad de cobrar un precio público por este software, algo por lo que ha mostrado su preocupación la formación morada, que ha pedido que siga siendo gratuito y público.

Además, Podemos ha reclamado a la Consejería que "empuje" la implantación de la receta veterinaria electrónica y le ha pedido que aporte entre 20.000 y 22.000 euros al Colegio de Veterinarios, que es el que se está ocupando del diseño del sistema y de su mantenimiento, para sufragar los gastos de mantenimiento del mismo y su actualización a nuevos sistemas y entornos operativos, como Android o iOS.

Rechazo a la mesa del fuego

Además, la Cámara regional ha rechazado, con los votos en contra de PRC y PSOE y la abstención de Ciudadanos, la creación de una Mesa del Fuego como órgano consultivo para "armarse" contra la "lacra" de los incendios y combatir los efectos que estos "desastres" provocan, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

La propuesta planteada por el PP ha contado con el apoyo de Podemos, pero no ha salido adelante por el rechazo de los partidos que apoyan al Ejecutivo y la abstención del Grupo Mixto.

El diputado 'popular' Luis Carlos Albalá ha señalado que los fuegos, como los registrados a finales de 2015 constituyen un "grave problema", y causan "enormes perjuicios", de ahí la necesidad de planificar la organización y coordinación para evitarlos y combatirlos.

Y aunque el diputado de Podemos José Ramón Blanco considera "acelerada" la propuesta del PP, su grupo la ha respaldado, debido a la necesidad de luchar contra los incendios, que también se debatió durante la reciente comparecencia del consejero del ramo en la que anunció la creación de la Mesa del Fuego.

Regionalistas y Socialistas se han mostrado contrarios a la iniciativa del PP, al que el socialista Guillermo del Corral ha reprochado su "oportunismo" y "demagogia" ante el "grave" problema que suponen los incendios forestales.

Y el regionalista Ángel Sainz, alcalde de Villacarriedo, ha considerado "intrascendente" la petición del principal partido de la oposición, que ha achacado a un "intento de protagonismo". Al tiempo, el diputado del PRC ha defendido que la Mesa anunciada se encargará de regular la organización y funcionamiento de medios ante "catástrofes".

Pero según Albalá, esa Mesa no va a solucionar el problema del fuego, y ha negado "oportunismo" en la la iniciativa del PP, "oportunismo" que el portavoz del PP sí ve en la convocatoria de la Mesa del Fuego, que a su juicio va a "servir para bastante poco".

Ciudadanos se ha abstenido porque es partidario de mejorar el plan existente para que sea más "eficaz". "Hay un plan ahora y hay que dotarle", ha resumido Juan Ramón Carrancio.

Unanimidad para controlar el precio mínimo que se paga por la leche
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