El Gobierno de Cantabria subraya la "decisiva" afección que tendrá en la resolución de los casos de derribos existentes en la comunidad autónoma las últimas modificaciones legislativas en materia de ejecución de sentencias de demolición y acerca del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe que se introducen en la actualización de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así lo han reconocido tanto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, durante la inauguración del XV Curso de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se celebra este jueves y el viernes en el Paraninfo de La Magdalena de Santander, en el que se abordará esta modificación legislativa.
Y es que en la última actualización publicada de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que entró en vigor el pasado octubre, se introduce un nuevo apartado en el artículo 108 relativo a la ejecución de sentencia.
De la Sierra ha explicado que el "objetivo" por el que nació este precepto es el de "compaginar" varios derechos reconocidos en la Constitución española
Así en el apartado 108.3, que se introduce a raíz de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece, literalmente, que "el juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".
Interpretación
Cuestionado por el efecto que este nuevo apartado puede tener en los casos de derribos en la comunidad autónoma, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha señalado que debe ser la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que debe "resolver sobre la efectiva aplicación de ese precepto".
López del Moral no ha querido pronunciarse sobre la posible interpretación de este precepto pues es algo que corresponde a esta misma Sala y es algo en lo que "no puede influir".
Precepto nacido en Cantabria
Por su parte, el consejero ha resaltado que el "origen" de este precepto está en Cantabria fruto de la existencia de una "realidad social", en alusión a los casos de derribos.
Así, ha explicado que el "objetivo" por el que nació este precepto es el de "compaginar" varios derechos reconocidos en la Constitución española: el relativo a la tutela judicial efectiva; la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecuta lo juzgado; el deber de cumplir las sentencias y colaborar en la ejecución de lo resuelto; el derecho a la vivienda, y el derecho de los propietarios, especialmente los perjudicados de buena fe, a ser indemnizados cuando se les prive de sus bienes.
"Es un tema de una repercusión enorme", ha dicho el presidente regional
Revilla ha asegurado también que lo introducido en la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es algo "crucial" para Cantabria para hacer frente a la "complejidad" que existe en la comunidad ante las "irregularidades urbanísticas" que han llevado a las sentencias de derribo.
"Es un tema de una repercusión enorme", ha dicho el presidente regional, que ha recordado que hay "mucha gente" que lleva "arrastrando" desde hace "muchos años" este problema de los derribos y vive una situación "angustiosa".
Así, Revilla se ha mostrado "seguro" de que las conclusiones del XV Curso de lo Contencioso-Administrativo sobre este asunto va a ser "de gran valía para todos".
Las autoridades que han intervenido en la inauguración del curso -Revilla, De la Sierra y López del Moral- han destacado el interés del curso, al abordar cuestiones de actualidad, y la calidad de los ponentes.
Concretamente, López del Moral ha incidido en la importancia que este tipo de jornadas tiene en la formación de todos los que integran la Administración de Justicia, más -ha dicho- en un momento en que hay reformas legislativas "constantes" y de "calado".
Ha subrayado que la Justicia "no es solo cuestión de jueces", sino de todos los operadores jurídicos. "Los jueces nos enriquecemos con las aportaciones de todos los operadores intervinientes", ha afirmado el presidente del TSJC, que ha resaltado la importancia de las conclusiones que se extraigan en estas jornadas.
El curso
Además de la modificación legislativa sobre la ejecución de sentencias, el otro asunto principal es la modificación legislativa que afecta al recurso de casación, tema que centrará la jornada de este jueves.
Uno de los que hablará de este asunto será el magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del TSJC, César Tolosa.
Además, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamaría, también ofrece en esta jornada una visión crítica del nuevo sistema casacional.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Manuel Campos pondrá en relación el nuevo recurso de casación y la legislación europea, y ya por la tarde el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJC y codirector del curso moderará una mesa redonda en la que se tratará el nuevo recurso de casación desde la perspectiva de sus intervinientes.
Así, en la misma participarán el letrado del Gobierno de Cantabria Vicente Mediavilla; la magistrada de la Sala de lo Contencioso del TSJC Clara Penín; y el magistrado especialista y director del gabinete técnico del Supremo, Dimitry Berberoff.
En la última jornada del curso, la del viernes, se abordarán las modificaciones en materia de ejecución de sentencias, con la participación de la profesora de Derecho Administrativo Ana Sánchez Lamelas y la magistrada especialista de la Sala de lo Contencioso del TSJC, Esther Castanedo.
A este curso asisten más de 300 personas, entre los que hay magistrados, letrados de la Administración de Justicia, letrados del Gobierno de Cantabria y de otras Comunidades Autónomas, de las corporaciones locales, abogados, procuradores, graduados sociales y funcionarios de Justicia.
El curso está dirigido por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Rafael Losada, y de la directora del Servicio Jurídico del gobierno regional, Belén Navarro.
