El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo social de Santander que declaró improcedente el despido, en septiembre de 2016, de cinco trabajadores de la Autovía del Agua y anuló el de otro empleado más, una resolución judicial tras la que ahora CCOO "exige" el cese del director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Palacio (PSOE), por la "mala gestión" en este asunto. De esta manera, el TSJC ha desestimado, en sentencia de 27 de abril consultada por Europa Press, el recurso de súplica presentado por parte del Gobierno de Cantabria contra la sentencia que dictó el pasado 10 de enero el Juzgado de lo Social Número 6 de Santander estimando parcialmente la demanda de los seis trabajadores. En la sentencia de este juzgado de lo social se absolvía a Oxital y se condenaba a la Consejería de Medio Ambiente a readmitir a los trabajadores en las mismas condiciones o abonarles las indemnizaciones correspondientes.
CCOO: "Con todo ello, los trabajadores van a tener que esperar otro año más para poder cobrar las correspondientes indemnizaciones"
Según ha informado CCOO, tras la validación de dicha sentencia, el Gobierno de Cantabria ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC, algo que ha criticado el sindicato, quien considera que el Ejecutivo "lo único que busca es dilatar en el tiempo el pago de los 120.000 euros" por las indemnizaciones de los despedidos. "Con todo ello, los trabajadores van a tener que esperar otro año más para poder cobrar las correspondientes indemnizaciones", ha criticado CCOO. Además, considera que "jurídicamente no tiene ningún sentido" el recurso presentado por el Gobierno ante el Supremo ya que, según ha apuntado CCOO, en las dos sentencias que ha habido sobre este asunto –la del juzgado de lo social y la del TSJC– se señala que "hechos similares ya han sido juzgados previamente por el Tribunal Supremo". Por ello, insta al Gobierno de Cantabria a que rectifique, pague las indemnizaciones o readmita a los trabajadores como indefinidos no fijos, que es lo que, a su juicio, "tenía que haber hecho desde el principio" cuando decidió asumir la gestión del servicio, para que puedan presentarse a una Oferta de Empleo Público.
La sentencia refleja el "incumplimiento" del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores
El responsable del sector de Aguas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Cantabria, Borja Ruiz, ha opinado que ha habido "mala fe" por parte del Gobierno de Cantabria a lo largo de todo el proceso. Según ha dicho en un comunicado, la sentencia refleja el "incumplimiento" del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores al no subrogar a los despedidos cuando el Gobierno de Cantabria decidió asumir el servicio que venía prestando la empresa Oxital. De esta forma, CCOO ha criticado al Gobierno por "dejar en la calle y sin indemnización" a estos seis trabajadores fijos con más de diez años de antigüedad en la Autovía del Agua, para –dice–, en su lugar, contratar a trabajadores temporales "sin ningún tipo de experiencia en gestión de plantas de tratamiento de agua potable y sin titulación para desempeñar esos puestos de trabajo". Por ello, Ruiz ha exigido el "cese inmediato" de Palacio "por incompetente y por saltarse la Ley contratando a seis nuevos trabajadores sin cualificación y con contratos de acumulación de tareas".
CCOO ha apuntado que tanto el Juzgado de lo Social como la propia Inspección de Trabajo declara dicha práctica como "ilegal". Y ha acusado al director general de Medio Ambiente de "jactarse" de que el Servicio de Planes Hidráulicos está haciendo un esfuerzo para reducir el gasto mientras, por otro lado, se acuda a los tribunales "tres veces" para terminar pagando indemnizaciones millonarias, y, a la vez, contratando nuevo personal para ocupar los mismos puestos. Ha señalado que ya en agosto de 2016 se había advertido a la Consejería de Medio Ambiente, que lidera la vicepresidenta autonómica Eva Díaz Tezanos (PSOE), de que la medida de rescindir el contrato a Oxital tenía todo el apoyo del comité de empresa del Gobierno de Cantabria y que tenía que subrogar a todo el personal para que, en la siguiente Oferta de Empleo Público, dichos puestos estuvieran con las otras 57 sentencias más, y que fueron declarados como indefinidos no fijos.
