El Gobierno de Cantabria y los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF, UGT y la Federación de Servicios de Educación y Sanidad (FSES) han firmado este jueves por unanimidad, en el seno de la Mesa General de Negociación, el acuerdo por el que los empleados públicos autonómicos recuperan una parte de la paga extra y los días libres por antigüedad suprimidos en 2012 por el Gobierno de España.
El acuerdo beneficia a 19.600 empleados públicos del Gobierno regional, entre personal funcionario, estatuario y laboral, que recuperarán el 26,23 por ciento de la paga extra, que será abonada en la primera quincena de noviembre, para lo que se destinarán 9.116.000 euros.
La medida, que va en línea con lo que ha hecho la Administración del Estado, no incluye a los trabajadores de las empresas públicas, que tendrán que llegar a un acuerdo en el seno de sus respectivas mesas de negociación.
Respecto a los días libres por antigüedad de 2015, se amplía el plazo de disfrute hasta el 31 de marzo de 2016, con el objetivo de conciliar la adecuada prestación de los servicios públicos.
En el caso del personal sanitario estatutario, dependiente del Servicio Cántabro de Salud, se disfrutarán en los términos previstos en el acuerdo adoptado el pasado 15 de octubre en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha mostrado su satisfacción por el cumplimiento de un compromiso que planteó en el Parlamento de Cantabria y en su toma de posesión, tendente a "devolver a los empleados públicos la dignidad que corresponde a la función que realizan", unos derechos que, en su opinión, se han suprimido de forma "poco justificada".
Del mismo modo, ha valorado el esfuerzo "extraordinario" del Gobierno regional y en concreto de la Dirección General de Hacienda para contar con la disponibilidad económica necesaria para afrontar el pago de la extra a los empleados públicos.
El titular de Presidencia ha resaltado que la de hoy es una noticia "bien recibida" entre los empleados públicos y que el Gobierno ha podido plantear a los sindicatos cuando ha comprobado la disponibilidad presupuestaria necesaria para llevarla a cabo.
Los empleados públicos "están contentos, es un derecho, pero hay un margen de discrecionalidad que da lugar a abusos, pero en este caso no, hay voluntad de que los derechos se recuperen", ha destacado el consejero.
"Gestos y hechos"
El responsable de la sección sindical de CC.OO. del Gobierno de Cantabria, Javier González, ha afirmado que no nos encontramos ante una negociación, sino "ante una recuperación de derechos que nos quitó el anterior Gobierno".
"No son solo gestos del actual Gobierno de Cantabria, sino hechos que valoramos positivamente", ha remarcado el responsable de CC.OO., quien ha señalado como objetivos comunes abordar un nuevo convenio para el personal laboral y un acuerdo en el ámbito de los funcionarios, además de recuperar la actividad del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), con el fin de que los empleados tengan la formación necesaria para un mejor desempeño de sus tareas.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Juan Carlos Saavedra, ha insistido en la importancia de restituir derechos de los empleados públicos y ha valorado especialmente el modo en el que se ha alcanzado el acuerdo, en el seno de la Mesa general de Negociación.
Igualmente, Saavedra ha mostrado su disposición "a seguir en esta línea de diálogo" y abordar en la Mesa temas "paralizados" en los últimos cuatro años, un periodo "en barbecho o perdido en este ámbito de la negociación colectiva".
Por eso, espera que "poco a poco" este tiempo se recupere y se alcance un pacto de legislatura o anual para "recuperar los derechos recortados", entre los que ha citado el cobro íntegro de la paga extra suprimida en 2012, dado que todavía queda pendiente otro 50%.
Por último, Manuel Garay, presidente del sector de la Administración de Justicia del sindicato CSI-CSIF, ha señalado que se trata de "un gran paso adelante" en el objetivo de recuperar derechos de los empleados públicos, aunque es el "principio" de un camino en el que se deberán retomar otros en las correspondientes mesas de negociación.
