domingo 7/3/21
JUSTICIA

Suspendido el juicio de Sniace por contacto con un positivo Covid del abogado de Blas Mezquita

Blas Mezquita en el juicio
El expresidente de Sniace, Blas Mezquita, en el juicio por presunto delito ambiental

El juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010, que comenzaba este martes, ha quedado suspendido por contacto estrecho con un positivo Covid del abogado del expresidente de la empresa, Blas Mezquita. Así lo ha decidido esta mañana el titular del Juzgado de lo Penal número dos de Santander en el arranque del juicio, que estaba previsto se desarrollara durante siete jornadas, hasta el día 19 de este mes. La vista continúa para decidir una nueva fecha de celebración.

Por los hechos, constitutivos de un posible delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, se acusa a ocho miembros del consejo de administración de Sniace, entre los que destaca Blas Mezquita, que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria les imputara por el presunto delito medioambiental. Según el escrito del fiscal, que pide dieciséis meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la que tenía desde 2002 "por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".

Por otro lado, la compañía -que cerró hace justo ahora un año y se encuentra en fase de liquidación- obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos. Además, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.

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