domingo 25/7/21
TRIBUNALES

Suspendido el juicio por prevaricación contra el exalcalde de Corvera de Toranzo por un error en el reparto de la causa

La Audiencia de Cantabria considera que debería haber recaído en la Sección Primera, no en la Tercera, lo que podría dar lugar a la nulidad de la sentencia.

La sentencia contra el exalcalde de Corvera de Toranzo podría declararse nula
La sentencia contra el exalcalde de Corvera de Toranzo podría declararse nula

La Audiencia de Cantabria ha decidido suspender el juicio previsto este jueves contra el exalcalde de Corvera de Toranzo por supuesta prevaricación urbanística y falsedad documental por un error en el reparto de la causa, que tenía que haber recaído en la Sección Primera de la Audiencia y no en la Tercera, que es la que iba a celebrar la vista hoy.

Y es que dos de los tres magistrados de esta última ya habían tenido contacto directo y previo con el caso, al resolver el recurso de apelación contra el auto de transformación en procedimiento abreviado. Para ello, tuvieron que "entrar a fondo" en el asunto y mantuvieron, por tanto, contacto directo y previo con las diligencias y pruebas, por lo que se estaría ante un supuesto de posible "contaminación procesal".

Esto podría dar lugar a la nulidad de la sentencia, independientemente de si ésta es condenatoria o absolutoria, por parte del Tribunal Supremo, según ha explicado el magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria, Agustín Alonso Roca. Tras plantear esta cuestión y escuchar a las partes -fiscal y abogados de la acusación particular y defensa, que han coincidido todas ellas en que se han vulnerado las normas de reparto- la sala ha acordado suspender el juicio.

Pero según ha indicado el magistrado -uno de los dos que había tenido contacto previo con el caso-, la nulidad acordada no es completa, pues no se remite la causa al Juzgado de Instrucción, sino a la sección de reparto de la Audiencia Provincial para que la envíe a la Sección Primera, que es a la que corresponde enjuiciar el asunto.

Y para ello, la sala ha dictado el oportuno auto, que se notificará a las partes, que serán citadas a un nuevo juicio pero en la Sección Primera.

El caso

Así, el exalcalde de Corvera de Toranzo, Miguel Ángel Ruiz, será juzgado en esa sección por, supuestamente, fingir un convenio urbanístico para que la mujer del anterior regidor municipal, José Luis Quevedo, pudiera construir en una finca rústica.

Ruiz era alcalde de Corvera desde 2003, fecha en la que cesó por inhabilitación penal el anterior regidor, que era José Luis Quevedo

Tanto Ruiz como la mujer de Quevedo están acusados de delitos de prevaricación urbanística y de falsedad en documento oficial, delito este último por el que la Fiscalía solicita penas de cárcel.

Concretamente, por el delito de falsedad documental, el fiscal pide para el exalcalde tres años de cárcel, inhabilitación para ejercer responsabilidades públicas durante tres años y un multa de 3.600 euros. Y por el delito de prevaricación, solicita una multa de 6.750 euros y ocho años de inhabilitación.

Para la otra acusada, esposa del anterior regidor de Corvera de Toranzo, la Fiscalía solicita ocho meses de prisión y una multa de 3.600 euros por el delito de falsedad documental.

Y por el de prevaricación, por ser "cooperadora necesaria", el fiscal pide una multa de 3.600 euros y la inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas municipales durante ocho años.

Además, el fiscal solicita la demolición de la vivienda, cuya construcción se autorizó a partir de la licencia de este procedimiento, ahora en propiedad de terceros.

Versión del fiscal

La vivienda en cuestión fue construida en la parcela adquirida por la acusada en 2005 en la localidad de San Vicente de Toranzo (Corvera de Toranzo) y fue transferida unos meses después a una sociedad de la que ella es administradora única.

Dicho terreno tenía una extensión de 585 metros cuadrados y su clasificación y calificación urbanística en 2006 era de suelo no urbanizable, rústico, y en ella no se podía construir vivienda unifamiliar.

Por su parte, Ruiz era alcalde de Corvera desde 2003, fecha en la que cesó por inhabilitación penal el anterior regidor, que era José Luis Quevedo, el marido de la acusada.

Según el fiscal, Ruiz y el matrimonio mantenían entre ellos una "relación de amistad y de afinidad política" -ambos pertenecían al PP- debido a que el acusado y Quevedo coincidieron en la Corporación municipal. Además, la hija de la acusada formó parte del equipo de Gobierno de Ruiz.

En el escrito del fiscal se señala que, "concertados previamente" los dos acusado y "con la finalidad de satisfacer el interés particular" de la esposa de Quevedo de construir una vivienda unifamiliar en suelo rústico, y en contra de lo que establecía la normativa urbanística vigente, "pergeñaron un plan" para poder ejecutarla.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, este plan consistía en aportar al catastro unos planos en los que se iba a alterar "de forma consciente e intencionada" la realidad física de la fínca, modificando su delimitación registral.

Para ello, "fingieron" celebrar un convenio urbanístico en marzo de 2006 "al margen de todo procedimiento formal" sin publicidad ni acuerdo previo de la Junta de Gobierno y sin informes técnicos ni jurídicos en los que el acusado, en su condición de alcalde, admitía de "forma contraria a la realidad y sin sustento en título de propiedad alguno" que una parte de la finca de la acusada era urbana.

Así, se modifica la clasificación urbanística de la finca y su extensión atribuyéndola más metros y además de naturaleza urbana, para lo que se manipular los planos aportados al catastro.

De esta forma, ese mismo mes, se otorga la licencia de construcción "contraviniendo", según el fiscal, toda norma urbanística.

Presentó la denuncia contra ambos el pedáneo de Villegar y presidente de la Junta Vecina, Alejandro Ríos, que considera a ambos autores de un delito de falsedad en documento público y de otro contra la ordenación del territorio.

Así, para Ruiz pide seis años y medio de cárcel, además de catorce años de inhabilitación y multa económica, y para ella cinco años de cárcel.

Por su parte, las defensas muestran su disconformidad con los hechos descritos por el fiscal y la acusación particular, aseguran que sus representados no son autores del delito que se les imputa ni de ningún otro y piden la libre absolución.

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