El desahucio previsto para este viernes ha sido paralizado gracias a la intervención de más de medio centenar de personas que apoyaron a la familia afectada, de tres miembros -dos menores de 7 y 6 años de edad y su madre, Lidia de 33 años, que se mantienen con una exigua renta social básica-. Ante la ejecución del desahucio de la vivienda de José María de Cossío dictada por el juez del juzgado de instrucción nº 4 de Santander, un dispositivo antidisturbios de tres unidades policiales se personó en el domicilio de la familia dispuesto a ejecutar las órdenes del juez. Mientras los agentes procedían al desahucio, la procuradora de Liberbank se mantenía a corta distancia, a la espera de que se realizara el lanzamiento, sin aparecer nadie de la obligatoria comisión judicial para acometer un desahucio que obligan las leyes, señala la plataforma Stop-Desahucios en un comunicado.
Más de medio centenar de personas se pertrecharon en dos cordones para impedir el paso de los antidisturbios
A la espera de la intervención policial en dicha vivienda de José María de Cossío estaban más de medio centenar de personas, que se pertrecharon en dos cordones para impedir el paso de los antidisturbios. La policía dispersó el primer cordón situado en la entrada a portal, pero no pudieron entrar al portal ya que la resistencia del segundo grupo se lo impidió. Según denuncia Stop-Desahucios, la policía “tuvo que utilizar la fuerza bruta, provocando el desmayo y pérdida de conciencia de una de las activistas, que fue atendida in situ y trasladada en una ambulancia al hospital Valdecilla”. Finalmente, ante la comprobación de que resultaba imposible acceder al inmueble, sobre las 11:30, el dispositivo policial abandonaba el domicilio. Entre gritos de “sí se puede”, los activistas rompieron en aplausos y en gritos de apoyo a la familia.
Actuación policial durante el intento de desahucio
Ahora, la familia solicitará la alternativa habitacional a la que tiene derecho según el decreto recientemente aprobado por el gobierno central y esperan que el juez de un respiro a los afectados y entienda que “desahuciar a una familia con dos menores de edad es una auténtica atrocidad moral y jurídica”, en palabras de miembros de la plataforma Stop-Desahucios.
