sábado 4/12/21
URBANISMO

El Supremo permite legalizar la urbanización ‘Playa Marzán’ en Cuchía

Su sentencia anula la de la Audiencia Nacional y devuelve la servidumbre de protección al deslinde aprobado en 2009, fijado en 20 metros.

La urbanización 'Playa Marzán' recupera su legalidad
La urbanización 'Playa Marzán' recupera su legalidad

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que hace dos años -en febrero de 2014- fijó en 100 metros la servidumbre de protección en el plan parcial de Cuchía, y ha declarado conforme a derecho el deslinde aprobado en 2009, que fijaba en 20 metros la servidumbre en esa zona de Miengo, lo que permitiría legalizar la urbanización 'Playa Marzán', formada por 20 viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo.

En una sentencia fechada el 2 de marzo el Supremo estima los recursos del Gobierno de Cantabria, la comunidad de propietarios y la junta de compensación del polígono residencial Cuchía contra el fallo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso de la asociación ecologista ARCA y dictaminó que en ese sector la servidumbre de protección debía ser de 100 metros -la contemplada con carácter general en la Ley de Costas-.

Desde la asociación ecologista se valoró entonces la sentencia de la Audiencia Nacional como "un varapalo a los intentos de Costas, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Miengo de no cumplir" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que en 2001 decretó la demolición de la urbanización 'Playa Marzán' al estar construido dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas.

El Supremo añade que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria dictaminó que no procedía la revisión del plan parcial de Cuchía porque ésta daría lugar a indemnización

La sentencia de la Audiencia Nacional concluía que el Plan Parcial de Cuchía, aprobado en junio de 1988, debió revisarse tras la aprobación de la Ley de Costas en julio de ese mismo año, para aplicar la anchura de servidumbre de protección de 100 metros.

La Audiencia Nacional señalaba que el desarrollo del plan parcial de Cuchía se llevó a cabo con posterioridad a la aprobación de la Ley del Costas, por lo que en el momento de la entrada en vigor de la norma todavía no había derechos urbanísticos consolidados.

Sin embargo, la jurisprudencia del Supremo señala que tales derechos surgen de la aprobación del plan parcial, no de su desarrollo mediante la ejecución material de las operaciones de transformación de los terrenos para su urbanización.

El Supremo añade que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria dictaminó que no procedía la revisión del plan parcial de Cuchía porque ésta daría lugar a indemnización, juicio técnico que la sentencia de la Audiencia Nacional no contradice, por lo que reconoce el derecho de los recurrentes a que la servidumbre de protección se reduzca para respetar el aprovechamiento urbanístico atribuido por el plan parcial.

Plan de derribos

El Plan de Derribos diseñado por el Gobierno del PP en la anterior legislatura contemplaba la posible legalización de las viviendas de 'Playa Marzán' apoyándose precisamente en el deslinde marítimo-terrestre de Miengo, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo de 2009.

El plan, presentado en septiembre de 2011, señalaba que "el marco jurídico actualmente vigente en Miengo permite una edificación como la actualmente existente, por cuanto no se encuentra afectada por la servidumbre de protección de costas, pues según indicó la sentencia del Tribunal Supremo, el plan parcial de Cuchía debe considerarse vigente, y ello sin perjuicio de que la licencia que fue anulada por el TSJC sigue estando anulada al ser firme la sentencia, y no tener efectos sobre la misma la sentencia dictada por el Supremo".

"Siendo esto así, y a la vista de los anteriores antecedentes, bastaría con la solicitud y con la obtención de una nueva licencia para la construcción de un edificio idéntico al que ahora existe" y que el Ayuntamiento comunicase esa resolución al Juzgado competente a fin de que declare la inejecución de la sentencia anulatoria", recogía el plan de derribos del anterior Gobierno.

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