El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de febrero de 2014, que obligaba a la empresa Fernández Rosillo a desmantelar su planta de hormigón y reponer a su estado original el margen del río Pas a su paso por la localidad de Penilla de Toranzo.
El Supremo, en una sentencia fechada el 30 de diciembre, rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa contra esta sentencia que la ordenaba a demoler y retirar a su costa las obras de planta de trituración y cribado, planta de hormigón, oficinas y báscula y los acopios de materiales diversos y áridos de la zona de policía del río Pas.
Según ha informado Ecologistas en Acción, los trabajos han comenzado con el desmantelamiento de la planta de hormigón y el traslado de parte de los áridos.
José Manuel González Urquijo fue el vecino que interpuso la primera denuncia contra la planta de hormigón de Fernández Rosillo ante la Confederación Hidrográfico, el 29 de noviembre de 2007 pero no recibió respuesta.
Después de varias denuncias más, pasados tres años, en julio de 2010 la CHC inicia el expediente sancionador contra Fernández Rosillo por realizar obras y actividades no autorizadas cerca del río Pas sobre zona de policía.
En la sentencia del Supremo se señala que las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo a las instalaciones, ubicadas en suelo rústico de especial protección y Red Natura, habían sido anuladas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de enero de 2009, confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 2012, desestimando los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Cantabria y por Fernández Rosillo.
Asimismo, la licencia para la planta de hormigón ha sido anulada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cantabria de enero de 2012 y confirmada por el TSJC en diciembre de 2012.
"Después de más de ocho años de denuncias y juicios, el Tribunal Supremo reitera una vez más que varias instalaciones de la empresa son ilegales y deben ser demolidas de inmediato", subraya Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa, en el que critica la "negligencia" de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la "complicidad" de los responsables del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, para "alargar el incumplimiento de la ley beneficiando a la empresa".
