Este jueves se ha iniciado por parte de CC.OO. y UGT la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que implante una prestación de ingresos mínimos de ámbito estatal de 426 euros mensuales de la que, estiman, se beneficiarían unos 20.000 cántabros sin apenas recursos, y un total de dos millones de personas en toda España.
Los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Carlos Sánchez (CC.OO.) y María Jesús Cedrún (UGT), han presentado este jueves esta campaña, que propondrán secundar a colectivos, asociaciones y organizaciones sociales, así como a alcaldes y al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.
Sánchez y Cedrún han matizado que lo que plantea la ILP es una prestación de ingresos mínimos de ámbito estatal, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y regulada a través de la Seguridad Social, y no como hasta ahora que este tipo de prestaciones han sido competencia de las comunidades autónomas.
Ambos dirigentes sindicales han precisado que el objetivo es completar el número de firmas requerida para la ILP, un total de medio millón, en los dos próximos meses y antes de las elecciones generales porque "lo que queremos es influir en los programas electorales de los partidos políticos con compromisos concretos y reales".
Cedrún ha recordado que UGT y CCOO ya reclamaron una prestación similar en los años 90 pero en un contexto diferente "porque en aquella ocasión era para personas ajenas al mercado de trabajo y ahora se propone también para trabajadores sin empleo que hayan agotado sus prestaciones por desempleo".
"Hoy la realidad es bien distinta y la pobreza se ha extendido incluso a las personas que tienen un empleo cada vez más precario y ni que decir tiene a los que no lo tienen y ya no pueden acceder a una prestación por desempleo", ha agregado la secretaria general de UGT.
En este punto, ha recalcado que en la actualidad "en Cantabria más de la mitad de los desempleados ya no perciben prestación por desempleo, 21.978 el pasado mes de agosto, que implica un incremento de más de un 95% con los que había en el año 2008".
Trabajadores pobres
Por su parte, Sánchez ha explicado que esta renta mínima que proponen CC.OO. y UGT estaría dirigida a personas de entre 16 y 64 años, es decir, en edad de trabajar, que estén en situación de desempleo o que son "trabajadores pobres", la que los sindicatos consideran que es la nueva clase social formada por personas que, aun trabajando, no tienen los suficientes ingresos para subsistir.
Para Cedrún, "la crisis, las políticas de recorte y austeridad y la hegemonía de un empleo cada vez más precario y de escasa cotización para acceder a una prestación contributiva provoca que la tasa de pobreza en Cantabria para los que tienen un empleo sea ya de un 18% y de un 51% para los desempleados".
Por ello, ha aclarado que el planteamiento de UGT y de CCOO es de una prestación de ámbito estatal y con cargo a los presupuestos generales del Estado porque "lo que no puede ser es que este tipo de prestaciones para los más necesitados, como la Renta Social Básica en Cantabria, dependan exclusivamente de la voluntad de los gobiernos autonómicos de turno".
En este sentido, la secretaria general de UGT ha recordado que en el inicio de su mandato el anterior Gobierno de Cantabria presidido por Ignacio Diego "modificó y endureció los requisitos para acceder a la Renta Social Básica para así disminuir el número de sus beneficiarios".
Según los datos facilitados por los secretarios generales de UGT y de CC.OO. en Cantabria, la prestación de ingresos mínimos planteada en la ILP implicaría un coste aproximado de unos 100 millones de euros en la región. A nivel nacional, esta renta mínima requeriría un presupuesto anual de unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB, y que, según propone la iniciativa, serían financiados por el Estado bien con "la redistribución de ingresos" o incluso "subiendo impuestos", ha manifestado Sánchez, que ha insistido en que "es cuestión de justicia social".
