La consejera de Sanidad del Gobierno cántabro PRC/PSOE, Luisa Real (PSOE), ha afirmado este miércoles que un fraccionamiento de contratos, como los que señala el informe de la Inspección Sanitaria en el Servicio Cántabro de Salud “no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción” y ha insistido en que el PP ha montado un “numerito” en este tema en su intento de crear “escándalos” para “distraer la atención respecto a sus propios problemas partidistas”. Por su parte, PP, Podemos y Cs han insistido en pedir su dimisión. En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Parlamento cántabro –donde ha acudido, a petición propia, para dar explicaciones sobre el informe realizado a raíz de las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación del SCS en esta legislatura, que determina que podría haberse incurrido en un fraccionamiento “indebido” de contratos en la ampliación del Hospital Virtual Valdecilla y en la compra de 22 ecógrafos para los centros de salud–, Real ha asegurado que no es ella quien debe “dilucidar” si el fraccionamiento de contratos “fue o no una fórmula de contratación apropiada”. En este sentido, la consejera ha aludido a la “amplia y compleja normativa” de la contratación administrativa y ha señalado que “la raya que delimita la consideración de fraccionamientos indebidos de la validez de varios contratos menores justificados no es tan nítida ni tan concluyente como a veces se quiere dar a entender”. Así, ha reiterado que dicha raya viene “muchas veces dada por la valoración técnica de las razones justificativas de la actuación seguida por el gestor”. Además, Real ha asegurado que “la problemática del fraccionamiento de los contratos no es exclusiva del Servicio Cántabro de Salud”. “Basta con mirar los boletines oficiales y portales de transparencia para darse cuenta de ello en todas las Administraciones y en todo el Servicio Nacional de Salud”, ha dicho.
“La máxima responsabilidad que se puede pedir a un alto cargo es el cese de su cargo”
En su comparecencia, la consejera ha insistido en que a la hora de valorar si el fraccionamiento es una “irregularidad administrativa” o un delito depende de si la decisión es “arbitraria” o si por el contrario es para mejorar la asistencia sanitaria y si hay razones que la justifiquen. “Todo depende de la consideración objetiva que transmita al gestor”, ha afirmado Real, que ha señalado que podrá cuestionarse si los procedimientos para las obras del Hospital Virtual Valdecilla y para la adquisición de los ecógrafos fuera “el más adecuado”, pero cree que las razones dadas por los ya dimitidos exgerente y subdirector de Gestión Económica, Julián Pérez Gil y Javier González, respectivamente, “descartan cualquier tipo de arbitrariedad”. La consejera ha insistido además en que la Consejería de Sanidad “no es competente” en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, que es un “organismo autónomo”. Cuestionada por las responsabilidad que se va a exigir respecto a los dos altos cargos dimitidos tras lo revelado por el informe, ha señalado que “la máxima responsabilidad que se puede pedir” a un alto cargo es “el cese de su cargo”. “Por el fusilamiento no se pasa”, ha ironizado Real, que ha señalado que en el caso de lo ocurrido en el Servicio Cántabro de Salud tanto Pérez Gil como González ya dimitieron antes de las conclusiones del informe.
Tras escuchar a Real, los parlamentarios de la oposición han criticado sus explicaciones y PP, Podemos y Cs han insistido en pedir su dimisión.
La consejera acusa al portavoz de tener “delirios” o ser un “mentiroso compulsivo”
El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha acusado a la consejera de tratar como “nimiedades” los “indicios de irregularidades muy graves” denunciados por su partido y confirmados a su juicio “punto por punto” en el informe, pese a ser “de parte” y hecho por una “mano amiga” de Real, algo que niega la consejera. Fernández también ha criticado el hecho de que Real afirme que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de los entonces gestores. “Ya veremos”, ha dicho el portavoz del PP, que ha insistido en calificar de “deplorable” e “indefendible” la gestión de Real del asunto y cree que “va a llevarla por delante”. Fernández ha insistido en que fue Real la que nombró a los altos cargos que han dimitido tras las denuncias de irregularidades y quien “lo ocultó”, “descabezando” para ello a Intervención de la comunidad autónoma. Por todo ello, considera que Real está “muy contaminada” por este asunto y “no puede continuar” en su cargo. A su vez, la consejera ha acusado a Fernández de tener “delirios” o ser un “mentiroso compulsivo”, algo por lo que ha protestado el PP al entender que su parlamentario estaba siendo insultado por la consejera. Ante estas protestas, Real le ha recordado que él se ha referido a ella como la “jefa de la banda” o la “actriz principal” de este tema. Real ha insistido en tildar de “injusto” y “desproporcionado” el trato del PP a este tema y ha insistido en señalarlo como un “intento claro” de desacreditar al conjunto del Servicio Cántabro de Salud.
Por su parte, el parlamentario de Podemos Alberto Bolado ha afirmado que el informe es “claro” y revela que “existen irregularidades” e incluso contratos que a su juicio son “ilegales”, por lo que entiende que la continuidad de Real al frente de la Consejería y su intento de “aferrarse al cargo” no hace más que “avivar la polémica”.
En la misma línea, el portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha acusado a Real de insistir en dedicar el “80 por ciento del tiempo” de la intervención al “y tú más”, poniendo en cuestión la gestión hecha con anterioridad por otros partidos, y querer “escurrir el bulto” diciendo que son prácticas que se vienen practicando de etapas anteriores. “Antiguamente también se echaba a los cristianos a los leones y no creo que ahora vayamos a defender esta práctica porque es muy antigua y se lleva haciendo toda la vida. Si hay algo que está mal, está mal y punto”, ha aseverado Gómez, que ha vuelto a acusar a Real de haber intentado “pasar de tapadillo” y ocultar esas presuntas irregularidades, lo que a su juicio no deja “otra salida” para Real que su dimisión. Y es que Gómez cree que si el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), no hubiera “obligado” a la consejera a abrir un expediente sobre las denuncias de la funcionaria y del PP, ella no lo habría hecho y ni Intervención ni la Fiscalía podrían investigar el tema.
PSOE y PRC han criticado no sólo al PP sino también a Cs
En cuanto al PRC, éste ha acusado al PP de intentar montar un “escándalo” e intentar “engordarlo” con acusaciones “muy graves” y hablando de delitos de los que no hay “indicios” en el informe, aunque sí “irregularidades” e “incidencias contractuales”. Por su parte, el PSOE ha insistido en defender las explicaciones y la actuación de Real, así como la gestión “eficaz” del Servicio Cántabro de Salud y ha acusado al PP de intentar montar un “Watergate” para “embarrar” y “enfangar”. PSOE y PRC han criticado no sólo al PP sino también a Cs, partido al que han intentado desacreditar aludiendo a su no apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y el PRC ha criticado también a un Podemos al que a su juicio “todo lo que sea ir contra el PSOE, le vale”.
Por su parte, el parlamentario del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, a diferencia del resto de la oposición, no ha pedido la dimisión de la consejera, pero sí ha asegurado que “no le convencen” algunas de las explicaciones de la consejera ni algunas de las justificaciones que señala el informe sobre el fraccionamiento de contratos, y ha puesto en cuestión que no haya habido perjuicio para las arcas públicas. Y es que para Carrancio sí hay “indicios de posibles actos delictivos” que deberán investigar los tribunales.
