Las plataformas de afectados por los montes de utilidad pública (MUP) y por las concesiones de costas han reivindicado que se agilice la tramitación que permitiría solucionar ambos casos y han anunciado movilizaciones conjuntas en "dos o tres meses" si no se atiende esta petición. Serán "concentraciones puntuales en zonas afectadas" frente a lo que consideran "un ataque frontal al campo de Cantabria". Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta la Plataforma de Colectivos Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria y la Plataforma de Afectados por Costas de Cantabria, cuyos representantes han dicho que ambas están "igual de afectadas bajo la ineludible presión del dominio público".
Ante los "pocos avances" que se han producido para solucionar unas situaciones que "han arruinado" a algunos implicados, las plataformas han decidido unificar sus actos y protestas para que "la lucha sea más fuerte", ante la "parálisis" de las administraciones –autonómica en el caso del MUP y estatal en el de costas– y para la que la situación "se desbloquee". Una "unidad de acción ante problemáticas muy similares en espacios diferentes" y que las respectivas administraciones se "comprometieron a resolver" en ambos casos. Sin embargo, ahora los afectados por la Ley de Montes se sienten "perdidos" y los de costas temen por la "paralización" del proceso cuando las concesiones caducan en 2018.
El representante de estos últimos, José Luis Thomas, ha recordado que el Gobierno del PP prometió una solución al problema del dominio público y se alcanzó un acuerdo hace dos años para concesiones a 75 años a cambio de la anterior a perpetuidad, "pero se ha producido una parálisis total" en su puesta en práctica. Thomas ha dicho que quienes aceptaron este acuerdo –no todos los afectados en la comunidad– están esperando a que el Gobierno "nos dé estos derechos". Los expedientes se tramitaron en la Delegación de Costas de Cantabria y ahora "nos han dicho que están en Madrid, retenidos". Ha señalado que en primavera se reunieron con el entonces alcalde de Santander, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien les dijo que realizaría "gestiones en Madrid" y al parecer volvió con la respuesta de que "como el Gobierno estaba en funciones no iba a mover nada; que lo harían cuando volvieran al Gobierno", según la versión de Thomas, que ha lamentado que llevan "dos años esperando y no han movido ficha".
Las concesiones caducan en 2018 y si para entonces el problema no se ha solucionado "estamos abocados a abandonar nuestras empresas, nuestras ganaderías y nuestras casas", ha advertido, apuntado que están afectadas unas "400 ó 500" explotaciones ganaderas. "Nos vamos a ver en la calle", ha vaticinado. Ha recordado que en Andalucía se solucionó el problema de los chiringuitos de las playas, "que ahora son empresas boyantes, con futuro", mientras que "a los tontos del campo se nos deja abandonados". "Como somos los tontos del pueblo, no nos dan ninguna solución", ha insistido, en lo que para Thomas supone "un ataque frontal al campo de Cantabria". Pero ha advertido de que "no nos pueden dejar de lado" puesto que "los pobres ganaderos" también forman parte del tejido productivo autonómico.
Por su parte, el representante del colectivo de Montes, Javier Rugama, ha recordado que en Cantabria hay unos 7.000 afectados –el 70% de los montes son de utilidad pública– que están "igual que en 2011", cuando el también entonces presidente de un Gobierno PRC/PSOE, Miguel Ángel Revilla, "se comprometió a resolverlo pero han pasado cinco años y el tema sigue intacto". "La Administración nos niega los títulos después del proceso de desafectación de montes", ha comentado Rugama, que ha recordado que los afectados iniciaron el pasado mes de julio un contencioso con el Gobierno de Cantabria por este motivo.
