Los sindicatos Trabajadores Unidos (TU) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo (OPE) que va a convocar el Gobierno de Cantabria, con 193 plazas para este 2016, una cifra que cree que muestra que el Ejecutivo "no apuesta por el empleo público" ya que, de hacerlo, tendría que convocar cerca de 600 plazas (hay 660 vacantes).
La secretaria general de TU, Isabel Rodríguez, y la presidenta de CSIF en Cantabria, Inés Laso, han indicado este lunes que la OPE que aprobará el Ejecutivo "no representa las necesidades reales" de la Administración General e incluso "vulnera la legalidad" en algunos puntos, por lo que, si no se modifica, buscarán "resquicios legales" para impugnarla.
Ambos sindicatos han lamentado que el Gobierno PRC-PSOE "se haya olvidado de sus compromisos electorales" con los empleados públicos y sus representantes, una "falta de compromiso" de la que, además, han denunciado que "nos hemos tenido que enterar por los medios", que han dado a conocer una OPE que es "poco seria" y más después de "dos años de sequía" en la convocatoria de empleo público.
Los sindicatos consideran que las 193 plazas no atienden a las "importantes necesidades" que hay en muchos servicios como es el caso de Montes
Sobre las 193 plazas de la OPE para este año (también incluirá 31 correspondientes al ejercicio anterior), han criticado que no atienden a las "importantes necesidades" que hay en muchos servicios como es el caso de Montes, donde se convocan 16 plazas cuando hay 90 vacantes, algo que han calificado de "incomprensible" después de lo sucedido este pasado invierno en el que el fuego arrasó con "una parte importante del patrimonio paisajístico" de la región.
En este sentido, también han advertido las pocas plazas que el Gobierno plantea cubrir en otros servicios esenciales como la atención a la dependencia donde, a pesar de haber 80 vacantes de técnicos y auxiliares de enfermería, sólo se convocan en la OPE 10 plazas.
Pero no sólo en estas áreas sino que las plazas que se van a convocar "son insuficientes en todos los ámbitos", lo que evidencia que el Ejecutivo PRC-PSOE "no apuesta por el empleo público". Y es que, además, las plazas que no se cubren son contratadas "a través de empresas" generando así "un empleo más privatizado y externalizado".
También han criticado que, en la OPE, sólo se convoquen siete plazas del total de 32 trabajadores indefinidos no fijos reconocidos por sentencia judicial. "La legislación obliga que, tras la sentencia firme, se han de crear los puestos de trabajo correspondientes y convocarlos en la primera OPE", ha advertido Rodríguez.
Han solicitado además que, tanto para el personal funcionario como para el laboral, se convoquen todos los cuerpos y categorías en "número suficiente de plazas" en las que las bolsas de sustituciones estén agotadas para conseguir así "que no se contrate personal por currículum sino que emane de una oposición.
Promoción interna
En cuanto al personal laboral, han instado al Gobierno a culminar los procesos de concurso de méritos y promoción interna antes de lanzar la OPE. En este punto, también han exigido la OPE se adapte a las nuevas titulaciones universitarias (Grado y Máster) porque se "está dejando fuera" a los nuevos titulados.
CSIF y TU han instado al Gobierno a culminar los procesos de concurso de méritos y promoción interna antes de lanzar la OPE
"Esto es muy grave y hay que regularizar esta situación modificando el artículo 22 de la Ley de Función Pública de Cantabria", han señalado las dos sindicalistas que, además, han avisado que muchos colegios profesionales también lo están reivindicando y es posible que, si no se hace, "impugnen la OPE".
Por otro lado, han pedido a la administración regional que las plazas de esta OPE se convoquen como concurso-oposición, como se hace en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), Educación o Justicia. "No estamos hablando de consolidación de empleo sino de un mínimo de reconocimiento al personal que, de forma interina, presta sus servicios a esta administración", han dicho.
Asimismo, y de cara a las oposiciones, han exigido que el Gobierno regional edite un temario único para así "acabar con la inseguridad de los trabajadores, que tiene que hacer acopio de varios temarios sin que les quede otro remedio que acudir a academias para preparar los exámenes". Con esta medida, han explicado que también se pretende alcanzar "una total transparencia a la hora de saber qué respuestas de las pruebas son las válidas al final".
A pesar de que la mayoría de estas propuestas ya se han realizado a la Dirección General de Función Pública, Rodríguez (TU) ha lamentado que "han caído en saco roto" y ha criticado que, frente a ello, el Gobierno les plantee un "plan de empleo a largo plazo".
"Nos habla de futuribles que nosotros rechazamos absolutamente porque es una ilusión que llevará a hipotecar varios años de la legislatura y sería peligroso", ha considerado, al tiempo que ha opinado que, con la situación económica que tiene Cantabria, "no se vería en ningún caso materializado".
Carta a Revilla
Las dos representantes sindicales han valorado así la OPE en una rueda de prensa y posteriormente han participado en una concentración contra la misma frente a la sede del Gobierno, en Peñaherbosa. Tras esta movilización, han intentado que les recibiese el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, pero estaba ocupado y no les ha podido atender.
Rodríguez y Laso querían entregar personalmente a Revilla una carta en la que le explican sus críticas a la OPE y le piden que "medie" ante la Dirección General de Función Pública, una misiva que finalmente ha sido recogida por el jefe de gabinete de Revilla, Guillermo Blanco.
Pago de la extra
A preguntas de la prensa, las representantes de TU y CSIF han considerado "desafortunado" que el Gobierno no les haya expuesto las razones para no abonar la parte restante de la paga extra de 2012 y exigen que se pague en este trimestre como se aprobó en el Parlamento en una proposición no de ley (salió adelante con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos mientras que PRC y PSOE votaron en contra).
Los sindicatos, que se enteraron de ello por unas declaraciones a la prensa del consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, han señalado que el Ejecutivo debería "sentarse en una mesa y al menos explicarnos las cuantías que podría llegar repartir entre los empleados públicos o cuál es la situación por la que no se podrá abonar". "No se nos dice absolutamente nada", ha apostillado Rodríguez.
En cualquier caso, los sindicatos van a exigir que se cumpla el acuerdo parlamentario y que la parte que queda por abonar de la extra de 2012 "se pague esa deuda que tienen con nosotros". Creen que este martes, 29 de marzo, habrá una reunión de la Mesa General de Función Pública en la que se expondrá este tema, aunque han dicho no estar "muy seguros" porque "conocimos la celebración de la mesa por la prensa y nos ha llegado convocatoria".
