domingo 7/3/21
DERRIBOS

“La sentencia del Tribunal Constitucional es otro golpe para las familias inocentes”

AMA considera que es necesaria una legislación estatal que evite normas que duran “lo que dura una legislatura” y que queden en papel mojado.

AMA pide que Cantabria acabe con el problema de los derribos de forma urgente
Manifestación de AMA contra los derribos de viviendas

El Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia emitida el pasado jueves, ha declarado “nula e inconstitucional” la figura de las autorizaciones provisionales, creada por el anterior Gobierno del PP para ofrecer a las familias una protección que, según la actual sentencia, es ilegal. Esta decisión vuelve a poner a las familias en una situación de riesgo y miedo, y supone “otro golpe para las familias inocentes”, pero genera también una situación que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha denunciado en un comunicado.

Dicha situación es la producida en muchos municipios con los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que actualmente están en proceso, y que podrían legalizar muchas viviendas que actualmente son consideradas ilegales. La asociación ha recordado que la función de estas autorizaciones “no es la regularización o legalización, sino el dar un tiempo prudencial” para que se desarrollen los instrumentos necesarios.

"Nos puede llevar al absurdo de derribar viviendas que posteriormente pueden ser legales, e incluso en muchos casos derribar viviendas, donde luego en el mismo sitio se pueden volver a construir", ha subrayado la asociación.

“Creemos que son un instrumento positivo para solucionar problemas”, ha destacado AMA, que ha pedido al Gobierno y al Ayuntamiento que, “por vía de urgencia, aprueben los instrumentos que se han comprometido, y que son de justicia, para que las familias no sigan pasando miedo”.

"Mientras que los culpables no sufren pena, ni castigo, ni consecuencia alguna por sus actuaciones ilícitas y delictivas, las víctimas, cientos de familias siguen con su condena perpetua y parece que no revisable", ha denunciado.

Para AMA, el hecho de que las autorizaciones provisionales hayan sido declaradas inconstitucionales, lo que deja patente es que el ámbito competencia no puede ser autonómico, "y que quizás este tipo de problemas urbanísticos necesitan una mejor y mayor regulación en nuestra legislación estatal", así como una redacción "más acorde" con la normativa vigente, y en concreto que respete el artículo 117.3 de la Constitución, al considerarse legislación procesal.

"Hay que dar soluciones, y no puede ser que los problemas de ejecución de sentencias duren en muchos casos más 20 años, sin una solución justa", reivindica.

AMA dice tener la impresión de que "hay normas que duran lo que dura un legislatura, de tal forma que los problemas van pasando de mano en mano, de legislatura en legislatura, como la falsa moneda". Asi sucedió, explica, con la Ley de Cantabria 2/2011 de 4 de abril, con relación a los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística, y ahora con la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales.

En este sentido, AMA reitera su "preocupación porque las leyes de nuestro Parlamento se queden en papel mojado, en intentos frustrados de dar soluciones a los ciudadanos, creando una gran frustración en cientos de familias que han confiado en que las mismas iban ser las soluciones prometidas".

"También produce inquietud por la tendencia que puede suponer una merma de competencias de las comunidades autónomas, y con ello de derechos de todos ciudadanos, con sentencias donde, y con todo respeto al alto tribunal, quizás no se están valorando, suficientemente, leyes y estatutos de las mismas", opina AMA.

Muchas familias afectadas

Por otra parte, la asociación señala que estas situaciones hacen  que aumente la preocupación, porque "son todavía muchas las familias afectadas que no tienen convenios, tal y como se habían comprometido las instituciones de Cantabria, Gobierno y Ayuntamientos afectados".

Y explica que solamente el artículo 108.3 de la LRJCA que se aprobó en el Senado el pasado 24 de junio por unanimidad de todos los grupos, por el cual, hay que indemnizar antes de derribar las viviendas de las familias inocentes, "nos ofrece actualmente alguna garantía global".

AMA ha convocado el domingo 13 de diciembre, a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Argoños, un acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Previamente y ante la inquietud creada por esta sentencia sobre las autorizaciones provisionales, se informará a los afectados de las consecuencias de la misma, así como la situación de los convenios y daños morales pendientes.

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