viernes 3/12/21
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El Grupo Municipal Zieza acusa al alcalde del municipio de “usurpación de un bien municipal”

El Grupo Municipal “Zieza” solicitó ante al Pleno la apertura de una investigación ante lo que consideraba una “usurpación de un bien municipal” por familiares del alcalde.

Imagen del terreno
Imagen del terreno | Foto: Grupo Municipal Zeta

El Grupo Municipal Zieza acusa al alcalde del municipio, Agustín Saiz Pérez, y a su familia de “usurpación de un bien municipal”. Según el portavoz del Grupo Municipal “Zieza” (G.M.Z.), la declaración presentada por la mujer del alcalde falta a la verdad al ocultar un lucro continuado desde que su marido fue elegido al cargo público hace más de 25 años; y tampoco el corregidor municipal ha podido presentar la documentación acreditativa que permitía la utilización privada de este terreno de titularidad pública. 

Según ha explicado el grupo, los hechos se remontan a mayo 2016 cuando un vecino informó al Grupo Municipal “Zieza” del posible uso indebido por parte del alcalde de un terreno, supuestamente de titularidad pública para fines privados. Ante esta situación, y después de verificar los datos catastrales y de la propiedad, los concejales del G.M.Z. solicitaron al Pleno Municipal información sobre el uso, utilización y situación legal de dicho terreno, explotado con fines particulares por el alcalde durante, aproximadamente, 25 años; y en los que ha cultivado su huerta, han pastado las vacas de su familia y construido un estercolero, sin ninguna autorización administrativa. En ese mismo año y en contestación a esta solicitud, el alcalde, Agustín Saiz, respondió en Pleno Municipal que “había un arrendamiento” a un vecino y cuando éste retiró las vacas “estuvo con mi hermano y con ella (mujer del alcalde) y llegaron a un acuerdo”. 

Tras esta declaración, el G.M.Z. consultó con su asesor legal quien realizó un informe pormenorizado de la utilización de los bienes de dominio público de las entidades locales, dictaminando que este tipo de terreno en ningún caso puede ser objeto de transmisión entre particulares, por lo que la declaración manifestada por el alcalde en sesión plenaria carece de respaldo legal. Ante esta situación irregular, el portavoz de G.M.Z. recordó verbalmente al alcalde su obligación legal de ejercer las acciones necesarias para la defensa de los bienes patrimoniales y le instó a abandonar la actividad en este terreno municipal con el objetivo de recuperar el bien usurpado a la entidad local durante más de dos décadas. Tras hacer caso omiso, durante cerca de dos años a las advertencias, el Grupo Municipal “Zieza” solicitó la incoación de un “expediente contradictorio” para que el alcalde presentara documentos acreditativos de la posesión, si la hubiese. 

Según expone el grupo existe una clara evidencia de las negligencias detectadas por la propia Secretaría del Ayuntamiento y el Pleno decretó con la rotunda unanimidad de todos los concejales la “recuperación del bien patrimonial” para un uso público, y dar trámite de audiencia a los interesados (mujer del alcalde y hermano) en la causa. Tras la notificación administrativa, la mujer del alcalde declaró por escrito y fuera de plazo exigido, que realizaba, principalmente, “labores de mantenimiento y limpieza de la finca”, y renunciaba a la posesión del terreno. Actualmente, la finca objeto de trámite mantiene en el 50 por ciento del terreno una huerta con árboles frutales y el mencionado estercolero, tras cerca de 25 años de uso continuado para estos fines.

Según los datos recopilados por el Grupo Municipal “Zieza”, no existe documentación alguna que acredite el permiso para la utilización de estos terrenos y su explotación para fines privados, algo que se viene haciendo desde que Agustín Saiz asumió la alcaldía del municipio, hace 25 años. Para dos los concejales del principal grupo de oposición, estas sucesivas y supuestas irregularidades representan, de confirmarse, un claro uso indebido de suelo público por un representante público y omisiones en el ejercicio de su cargo, por lo que el alcalde podría estar sujeto a responsabilidad penal o administrativa. 
 

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