Si la semana pasada el Gobierno regional derogaba las becas BIP, uno de los compromisos del PSOE en materia de educación, ahora le toca el turno a la Sanidad. La orden SAN/38/2015, de 7 de agosto y publicada hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma sin protección sanitaria pública, teniendo como principal requisito el empadronamiento en Cantabria “durante los tres meses inmediatamente anteriores” a la solicitud.
La normativa, presentada en rueda de prensa por la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, Luisa Real, recoge como principal objetivo dotar de acceso a las prestaciones sanitarias a todas las “personas residentes, nacionales o extranjeras”, independientemente de su situación administrativa y siempre y cuando “no tenga acceso a un sistema de protección sanitaria pública” en los términos que señala la normativa estatal.
El texto publicado en el BOC señala tres requisitos de inclusión. Además del empadronamiento de, al menos, tres meses antes de la solicitud del ingreso, el solicitante no debe tener reconocida la “condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud”, así como no tener “posibilidad de acceso a la cobertura sanitaria pública” a través de cualquier otra vía. Por último, no debe existir “acceso a cobertura sanitaria” al amparo de reglamentos comunitarios y convenios internacionales.
Ni una sola persona sin servicio
Para Díaz Tezanos, esto significa que "ni una sola persona residente en Cantabria quedará a partir de hoy fuera del sistema sanitario público". El carácter público y universal se aplica, según recoge la orden, a las prestaciones de la cartera común básica y suplementaria, en las “mismas condiciones de igualdad efectiva y calidad” que el resto de usuarios.
Aunque la normativa destaca que estas prestaciones deberán ser “indicadas y realizadas por los profesionales sanitarios”, también se indica que esta cobertura sanitaria, en el ámbito de la atención primaria, incluye “métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos”.
Esta medida, además, deroga el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública aprobado por el anterior Gobierno del PP en noviembre de 2013. La vicepresidenta ha destacado que con esta nueva orden se recupera la prestación del servicio sanitario, de manera universal y gratuita, a "todas las personas” que residan en Cantabria, siempre y cuando lleven tres meses empadronadas en la región.
En este sentido, Díaz Tezanos ha querido destacar el tiempo exigido en el empadronamiento frente a los seis meses que se exigían hasta ahora, afirmando que los 90 días es el límite mínimo obligatorio, pues por debajo de ese periodo a los extranjeros se les considera turistas.
También ha remarcado que la asistencia se prestará con independencia de la situación económica de los inmigrantes, mientras que en la orden de noviembre de 2013 de los 'populares' figuraba como requisito que los usuarios no dispusieran de ingresos, ni en España o en su país de origen, superiores en cómputo anual al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Notables diferencias
Díaz Tezanos ha comparado las "notables diferencias" entre la orden aprobada por el bipartito PRC-PSOE y la que recibió luz verde con el Ejecutivo cántabro hace año y medio, y que "suavizaba" un decreto anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.
La vicepresidenta ha señalado que mientras la aprobada por el PP de Ignacio Diego constituía un "programa de beneficencia", la de ahora reconoce un "derecho a los afectados”, y hace también mención expresa a las personas, nacionales o extranjeras, "no registradas y autorizadas a vivir en España". También se reconoce el derecho a los españoles que lo perdieron por estar en paro y sin prestación, o a quienes lleven más de tres meses en el exterior.
Igualmente, ha subrayado la agilización del procedimiento actual, frente a la "lentitud" del anterior, al no ser necesario verificar los requisitos económicos. Así, el plazo máximo para resolver las solicitudes de tarjetas identificativas será de dos meses, uno menos que antes. Y además de otorgarse expresamente carácter positivo al silencio administrativo, se amplía el periodo de validez de las tarjetas, que pasa de un año a dos.
"Este gobierno dice y hace, promete y cumple", ha sentenciado Díaz Tezanos, que ha recordado que hace menos de un mes se comprometió con la plataforma contra la exclusión sanitaria a recuperar esta asistencia para extranjeros irregulares. De este modo se pone fin a una medida "injusta y discriminatoria" que ha dejado al margen del sistema a unos 5.000 inmigrantes irregulares en Cantabria.
Por su parte, la consejera de Sanidad ha explicado que únicamente se desestimarán solicitudes de la tarjeta sanitaria cuando exista un convenio en este área entre España y el país de origen del demandante, como ocurre con Marruecos, o en el caso de los estados miembros de la Unión, al existir la tarjeta sanitaria europea, lo que no significa que no se vaya a prestar atención sanitaria.
Turismo sanitario
La reacción del PP cántabro a la derogación de la orden que impulsaron desde el Gobierno ha llegado de la mano de la diputada regional María José Sáenz de Buruaga, ex consejera de Sanidad, quien ha considerado un "fraude" el anuncio de Díaz Tezanos, y ha alertado además de que la misma "reabre la puerta cerrada al turismo sanitario".
Según ha afirmado Sáenz de Buruaga, la propia orden "pone en evidencia el engaño" de su sucesora en la Vicepresidencia, que "no ha cumplido lo prometido". En este sentido, la dirigente 'popular' ha señalado que el anuncio de devolver el derecho y la tarjeta sanitaria a los irregulares en la región "se ha quedado tan solo en eso, en un anuncio", ya que "el propio articulado de la orden deja bien claro que, en ningún caso, los extranjeros irregulares adquieren la condición de asegurado ni recuperan ningún derecho".
En este sentido, Sáenz de Buruaga ha indicado que, tal y como venía advirtiendo el PP, el Real Decreto Ley 16/2012 es una ley de "obligado cumplimiento" que vincula el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria -que corresponde otorgar al INSS y no al servicio de salud de ninguna comunidad autónoma- a la condición de asegurado; "condición y derecho que no confiere" al colectivo de inmigrantes irregulares y que el Gobierno de Cantabria "no puede reconocer en contra de la Ley".
La orden emanada de la Consejería de Sanidad "se encarga de dejar bien clara la manipulación" del Gobierno, según ha señalado Buruaga, porque "el documento que se proporciona a los irregulares no es la tarjeta sanitaria individual sino que el único documento del que dispondrán es el mismo documento acreditativo, ahora plastificado, que se emitía al amparo del anterior Programa de Protección Social de la Salud Pública, implantado por el Gobierno de Ignacio Diego".
"Para no persistir en el engaño", ha explicado Buruaga, Real debería aclarar al colectivo de extranjeros irregulares que este documento "no es la misma tarjeta sanitaria ni produce los mismos efectos que la que tienen el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) o la propia consejera", puesto que "no contiene los datos básicos y comunes que ha de contener la tarjeta sanitaria individual" y porque, a diferencia de ésta, "carece de validez en el resto del SNS y no permite el acceso a los centros y servicios sanitarios fuera de la comunidad autónoma en los términos previstos en la ley".
Para la extitular de Sanidad, "esta orden no nace para universalizar la atención sanitaria, sino como un mero golpe de efecto, un gesto de cara a la galería, para negar primero y hacer desaparecer después el programa aprobado por el PP y hasta ahora vigente, que garantizaba la asistencia sanitaria a los irregulares sin recursos suficientes".
Ese es, según ha dicho, el "único efecto inmediato" de las "dos novedades relevantes" que se han introducido respecto al programa anterior: la reducción del plazo mínimo de empadronamiento de los seis meses actuales a tres, "hecho que favorece el efecto llamada en detrimento del arraigo o un vínculo estable de permanencia en la región"; y la supresión del requisito relativo a los ingresos económicos, eliminando la exigencia de no disponer de ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en cómputo anual (532 euros al mes).
