Los Juzgados de Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo y nº 4 de Santander están tramitando sendos procedimientos por delitos de dopaje deportivo. En la macrocausa de Medio Cudeyo hasta ahora se ha tomado declaración en calidad de investigados a 26 personas y aún quedan 24 por hacerlo, mientras se ha sobreseído la causa para seis, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander se corresponde con la Operación 'Jimbo' y está pendiente de que la Audiencia resuelva los recursos presentados por los acusados contra el auto que ha puesto fin a la instrucción. En ese auto el juez imputa al atleta cántabro Iván Hierro y a tres personas de Valencia que supuestamente le suministraban sustancias anabolizantes, que luego redistribuía a deportistas de distintos puntos de España.
El auto del juez Luis Enrique García Delgado señala que durante los años 2013 y 2014, Iván Hierro ha estado distribuyendo a diversos deportistas, sin la correspondiente prescripción facultativa, sustancias anabolizantes que mejoran el rendimiento de los mismos en las competiciones en las que participan, "poniendo al propio tiempo en riesgo la vida y salud de los mismos".
El atleta cántabro recibía las sustancias anabolizantes por dos vías: a través de farmacias, sobre todo en Andorra; y a través de personas que tienen acceso a esos productos
Según relata el auto, el atleta cántabro recibía las sustancias anabolizantes por dos vías: a través de farmacias, sobre todo en Andorra; y a través de personas que tienen acceso a esos productos, en concreto un hombre de Valencia que a su vez lo obtiene de su hermana que padece una enfermedad que le da acceso a este tipo de sustancias y que es frecuentemente ingresada en el hospital, y un tercer 'suministrador' de Valencia.
El auto señala que el atleta cántabro envió este tipo de sustancias a través de paquetería desde Torrelavega, Santander y Maliaño, a deportistas de Coria del Rio, Sant Andreu de la Barca, Soria, Aranjuez, Valencia y Toledo.
Ello no ha podido suponer imputación para estos atletas porque el Código Penal, en la redacción en vigor al tiempo del hecho, solo sancionaba a los que "prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados o no federados el consumo de sustancias prohibidas".
El juez señala que el resultado del registro domiciliario de Iván Hierro desmiente la doble declaración que prestó como investigado, cuando afirmó que su contacto de Valencia "le remite excesivamente complementos vitaminas y de herboristería, que no ha distribuido EPO y que los productos que tiene en su casa no son productos prohibidos".
Por su parte, el acusado de Valencia señala en su declaración como investigado que tiene cáncer de vejiga y que por eso necesita EPO, pero el juez mantiene su imputación por un paquete que envió a Iván Hierro y las conversaciones que obran en autos, "auténticamente relevantes".
También mantiene como imputada a su hermana porque aunque tenía autorización terapéutica, "parte de estos medicamentos los dedicaba a la distribución a terceros con ánimo de lucro propio, a través de su hermano". Por otro lado, el auto ordena el archivo de la causa contra otras cuatro personas investigadas, al no haberse podido acreditar que suministrasen medicamentos a terceros o realizasen intermediación. A la vez, el juez desestima la solicitud realizada por la Fiscalía de declarar la causa compleja.
Macrocausa en Medio Cudeyo
Por su parte, la macrocausa por delitos de dopaje deportivo que instruye el Juzgado de Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo responde a la 'Operación Escudo', que se inició en Cantabria a principios de 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que desde una farmacia de la región se estaban comercializando sin prescripción médica este tipo de productos.
En aquella operación, que fue dirigida por el propio Juzgado de Instrucción 1 de Medio Cudeyo, se detuvo y se imputaron delitos a 78 personas, se practicaron 79 registros domiciliarios y se intervinieron miles de anabolizantes y sustancias prohibidas (esteroides, hormonas, epo y otras).
El estudio de la documentación incautada dio lugar a la 'Operación Baner', dirigida desde este mismo juzgado en noviembre de 2014 y llevada a cabo en 19 provincias, en la que la Guardia Civil detuvo a 22 personas en la Comunidad Valenciana (ocho), Galicia (cinco), Castilla-La Mancha (tres), Andalucía (dos), Madrid (dos), Aragón (uno) y Extremadura (uno) y dio por desarticulada una red de distribución de sustancias medicamentosas, hormonales y anabolizantes, destinadas a deportistas amateurs y profesionales dedicados en su mayoría al culturismo y al fitness.
Según han informado a esta agencia fuentes judiciales, hasta ahora se ha tomado declaración en calidad de investigados a 26 personas y aún quedan 24 por hacerlo, mientras se ha sobreseído la causa para seis.
Entramado financiero
La Guardia Civil ha informado la pasada semana del desmantelamiento en Cantabria, Valencia, Alicante, Málaga y Granada del entramado financiero utilizado por cinco grupos criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte, reintroduciendo dichos fondos en el canal legal.
Se trata de la Operación Escudo Concordia, resultado de la fase de explotación de la operación Escudo, en la que la Guardia Civil llevó a cabo el volcado y clonado de 133 teléfonos y 165 ordenadores, discos duros externos y dispositivos digitales.
A raíz del estudio de toda esta información, más el análisis de los movimientos bancarios entre los años 2007 y 2012 de 151 cuentas se determinó la existencia de varios grupos organizados que habrían obtenido importantes beneficios económicos a través de la actividad ilícita en el trafico de medicamentos destinados a deportistas.
Para el blanqueo, utilizaban personas interpuestas para la recepción y transmisión de los beneficios obtenidos de la venta de sustancias dopantes. Dichos beneficios eran introducidos en el canal legal utilizando productos financieros titulados por terceras personas. Del mismo modo, transmitían la titularidad de bienes muebles, según información de la Guardia Civil.
