El 14 de diciembre de 2006 el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presentaba en sociedad la Ley 39/2006, más conocida como Ley de Dependencia, destinada no solo a reconocer los diferentes grados de dependencia en la sociedad, sino a garantizar el que está considerado el cuarto pilar del Estado de Bienestar tras la educación, las pensiones y la sanidad. Este miércoles la ley cumple 10 años en los que ha superado los recortes que el Gobierno de Rajoy ha realizado en los últimos años.
De hecho, en agosto de 2015 se presentó el XIV Informe del Observatorio Estatal de Dependencia, que ponía en evidencia la reducción en la inversión estatal en esta partida: las comunidades autónomas habían dejado de percibir 1.409 millones de euros. De ellos, 26,1 millones tendrían que haber ido destinados a Cantabria.
A pesar de todo, la Comunidad Autónoma ha logrado mantener un alto nivel de atención en materia de dependencia en los tres grados que contempla la ley, hasta el punto de que el mencionado informe reconocía que Cantabria es “de esas comunidades que ya atiende a más del 90% de personas con derecho a atención”.
Las mujeres siguen siendo las que más utilizan este servicio de dependencia, siendo en noviembre 9.855 las que se acogieron a algún tipo de prestación
En noviembre de 2016, últimos datos facilitados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), se contabilizaron un total de 15.193 personas con prestaciones, lo que representa el 2,6% del total de la población. Si bien este dato es muy similar al que se registró en octubre (15.161 personas), es superior al que hubo en esta misma fecha en 2015, cuando eran atendidas 14.000 personas, el 2,38% de la población de la región.
Las mujeres siguen siendo las que más utilizan este servicio de dependencia, siendo en noviembre 9.855 las que se acogieron a algún tipo de prestación frente a los 5.338 hombres, siendo ambos datos superiores a los registrados hace un año.
Grados de dependencia
La Ley de Dependencia contempla tres grados diferentes: el primero, dependencia moderada, en la que se necesita apoyo intermitente; dependencia severa, que requiere de un cuidador varias veces por semana; y gran dependencia, en la que existe una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
Cantabria registró en noviembre de 2016 un total de 23.309 dictámenes. De ellos, la mayoría pertenecen al grado II de dependencia, aquel que requiere de un cuidador varias veces por semana, siendo 7.694. Asimismo, durante el mes pasado, además, se dictaminaron 6.457 solicitudes de grado III, en el que existe una pérdida total de autonomía, y 5.232 de grado I.
Cantabria es una de las regiones “más castigadas” en materia de financiación con los recortes del PP
Más allá de los datos, el XIV Informe del Observatorio Estatal de Dependencia también señalaba en 2015 una realidad que la sociedad y los profesionales han denunciado en numerosas ocasiones: Cantabria es una de las regiones “más castigadas” en materia de financiación y “carece de buenas prácticas acreditadas” al no tener “sistemas de información en tiempo real ni un seguimiento sistematizado de la situación”.
Todo ello ha provocado que la región, que estuvo a la cabeza en la aplicación de esta ley en 2011, haya bajado a un 4,6 sobre 10 en 2015, después de los últimos cuatro años del Gobierno del PP en España y Cantabria.
Evolución
Los datos de la aplicación de esta ley durante los últimos años no dejan lugar a dudas. Así, mientras que en 2011 se invertían 176 euros, durante el primer año de legislatura ‘popular’ se redujo hasta los 162,56 euros, terminando así con un periodo de varios años de crecimiento en la inversión.
Del mismo modo, el gasto público anual promedio por dependiente era, durante la anterior etapa del bipartito, de 7.028 euros, reduciéndose en 2012 hasta los 6.643 euros.
Si atendemos a los empleos directos asociados a este servicio, entre 2009 y 2011 se incrementó en 1.000 el número de trabajadores, un crecimiento progresivo que, de nuevo, fue interrumpido en 2012 por el Ejecutivo del PP, que compensó este recorte con un crecimiento posterior, hasta 2014, de aproximadamente 800 profesionales empleados.
También se redujo el número de personas con derecho a la asistencia. Cantabria perdió en este sentido 691 personas, lo que supone un descenso del 4,3% en 2014. Mayor fue el descenso en el número de atendidos, superior al 5% (la media nacional es del 3,3%), situando el número total en poco más de 14.000 personas.
